Pica News entrevistó a varios especialistas que debatieron sobre la pertinencia de devolver a pensionistas aportes de un fondo que no es individual
El pleno de Congreso de la República debatirá mañana el dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor que permite retirar hasta el 100% de los ingresos de los aportantes de la Oficina Nacional Provisional (ONP). El proyecto de ley indica que los pensionistas activos e inactivos, en los últimos 12 meses, podrán acceder a los beneficios de esta propuesta.
La iniciativa plantea que los aportantes activos podrán retirar hasta S/. 4,300 de sus fondos de pensión. El 50% del monto total deberá otorgarse en un plazo máximo de 15 días calendario, después de aprobada la solicitud, mientras que el otro 50%, a los 30 días de recibido el primer desembolso.
Por su parte, los aportantes no activos recibirán primero el 34% de su fondo total en un plazo máximo de 30 días luego de aprobada su solicitud ante la ONP; se desembolsará otro 33%, en un plazo de 60 días tras de recibir el primer desembolso. Finalmente, el último 33% será entregado en un plazo de 90 días calendario después de recibir la segunda entrega.
Con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia por el Covid-19, el proyecto legislativo sostiene que los pensionistas de la Ley 19990 podrán recibir un bono extraordinario de S/. 2,000.
Controversia
El titular del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que de aprobarse este dictamen, el Gobierno presentaría una “demanda inconstitucional” para evitar un “desequilibro financiero”. “No tendremos la menor duda que ganaríamos en este aspecto, pero tenemos que sentarnos a encontrar puntos de encuentro”, afirmó en una entrevista para Canal N.
Para el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, el proyecto que planteó el Legislativo no se ajusta al marco constitucional. “Los congresistas no tienen iniciativa de gasto y esa ley implica un gasto del Estado porque no existe un fondo de pensiones, lo que van a hacer es sacarle dinero al Estado y generar inflación”, señaló en una entrevista para Picanews.
En la misma línea, el constitucionalista Samuel Abad sostuvo que este proyecto desnaturaliza el sistema de pensiones al equiparar dos “supuestos distintos”. “El privado es un régimen de capitalización individual, esto no ocurre en el régimen público. (El proyecto) está tratando igual supuestos desiguales, lo que implica violar el principio de igualdad que está en la Constitución”, afirma.
Señala, además, que en el 2004 se creó una garantía constitucional para las reformas de pensiones. “Se estableció una cláusula para evitar este tipo de problemas estableciendo que toda reforma debe garantizar una sostenibilidad financiera que no respeta este proyecto de ley”, indicó.
A la luz de ambos especialistas, de aprobarse este proyecto, el Ejecutivo tendría que observarla para remitirla nuevamente al Congreso, donde el díctamen tendría una segunda revisión. “(El Ejecutivo) podría presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), y este demoraría tres o cuatro meses, porque es inadmisible ya que no existe ese fondo”, advirtió Quiroga.
“Estamos en un contexto peculiar. En breve hay una Comisión para evaluar una propuesta sobre la personas que llegarán al Tribunal Constitucional, y este Congreso elegirá a los 6 magistrados del TC, por eso debe elegir bien, para que sean magistrados independientes y que no se subordinen ante los dictados de un congreso cuando aprueban leyes inconstitucionales”, acotó Abad.
Ambos constitucionalistas afirmaron que la medida adoptada por el Congreso no se sustenta en una evaluación técnica. “El Congreso debería hacer una evaluación técnica, razonada y madura de lo que ocurre. Nadie discute que hay reformar el sistema de pensiones público y privado, pero eso incluye una reforma con etapas, y este tipo de propuestas no van de la mano con esa gran reforma”, sostuvo Abad.
Por su parte Quiroga indicó que la creación de esta medida es producto del “populismo y la ignorancia”. “Existe (entre los parlamentarios) la necesidad de congraciarse con la mayoría del pueblo vendiéndoles humo”, concluyó.
Hacia una reforma integral
Para el economista Carlos Anderson, circunscribir el retiro de fondo de la ONP a un tema técnico y constitucional es “no entender la situación”. “La demanda popular por acceder a los fondos responde a dos situaciones: a una percepción de injusticia permanente (quien contribuyó y siente que hay dinero suyo guardado) y, ante la situación de desesperación por el Covid-19, no siempre los aportantes entienden las diferencias entre aportar en una ONP o AFP”, apunta.
Anderson hace hincapié en que este es un tema que “desborda lo técnico-constitucional”, está más enfocado en el “campo de lo psicológico y social”. “El Estado no puede decir que ese dinero no existe, en uno hay cuentas individuales (AFP) y en el otro, aportes para poder solventar pensiones (ONP)”, agrega.
Asimismo, Anderson indicó que no existe un “debate nacional honesto” entre los actores involucrados. “Cada parte encuentra técnicos que responden a sus intereses. Nadie intenta conocer las consecuencias de las reformas que se buscan. El tema exige un debate nacional. Hay que ponerle imaginación y cerebro para que haya una verdadera reforma que esté alejada de los abusos y de un sistema oligopólico”, concluyó.
