Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 36 meses contra Héctor Becerril

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Poder Judicial dicta impedimento de salida del país

Excongresista es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país en contra del excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal, en agravio del Estado.

En su resolución, el juez Hugo Núñez Julca, señala que esta medida de restricción resulta idónea ya que permitirá asegurar que se cumpla con los fines del proceso, evitando que puedan existir dilaciones ante una posible ausencia del exparlamentario a la realización de actos de investigación y futuro juicio oral.

“Esta medida restrictiva resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. En consecuencia, se advierte la existencia de fundados motivos para la medida de impedimento de salida del país requerida”, reza el documento.

Otra de las razones del magistrado Núñez Julca para disponer esta medida contra Becerril se debe a que los delitos que se le imputan pueden ser sancionados con penas privativas de la libertad mayor a tres años, “por lo que se cumple con el requisito exigido para su imposición”.

Sobre el exvocero alterno de Fuerza Popular pesan dos acusaciones constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos el pasado 10 de julio ante el Congreso de la República.

La primera es por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias. Para la Fiscalía, Becerril aprovechó su cargo como congresista para favorecer la gestión de presupuesto de la municipalidad distrital de Aucallama (Huaral), a cambio que esta pague una deuda pendiente a una empresa vinculada a uno de sus hermanos.

La segunda acusación es por organización criminal. Según la tesis del Ministerio Público, el excongresista habría gestionado – a cambio de beneficios patrimoniales como la compra de porcelanato para su vivienda- la asignación presupuestal de la Municipalidad de Chiclayo, la que era captada por “Los Temerarios del Crimen”, presuntamente liderada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

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