Fiscalía allana 35 inmuebles de policías por presuntas compras irregulares durante pandemia

45 fiscales, 19 peritos y más de 180 policías de la Dirección Contra la Corrupción y de la Dirección General de Inteligencia participan en el operativo

Un megaoperativo simultaneo de allanamiento, registro domiciliario e incautación se lleva a cabo en 35 inmuebles vinculados a policías por presuntas compras irregulares en la adquisición de alimentos y material de protección para la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la pandemia por el Covid-19.

El fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios Reynaldo Abia dirigió este operativo que incluyó las viviendas del general PNP Héctor Petit Amésquita (quien se desempeñó como director de la Administración de la PNP) y del coronel PNP Freddy Aristo del Carpio.

En la diligencia participan 45 fiscales, 19 peritos y más de 180 policías de la Dirección Contra la Corrupción y de la Dirección General de Inteligencia. Además, entre los inmuebles intervenidos también figura la Dirección de Administración de la PNP.

“Es un trabajo realizado de manera conjunta tanto de la Dirección contra la Corrupción y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. La diligencia está en plena ejecución. Tenemos 35 objetivos. El 99.9% es en Lima. Ahora se busca evidencia en todos los inmuebles”, informó el fiscal Abia.

Petit Amésquita, y Aristo del Carpio son investigados, junto a otros 26 policías y civiles, por los presuntos delitos de colusión y alternativamente negociación incompatible, luego que el Ministerio Público iniciara una pesquisa por compras irregulares durante la pandemia.

A finales de abril, la Fiscalía inició una investigación preliminar por la adquisición de productos de bioseguridad y limpieza, valorizados en 1’455,000 soles hechos por la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIREICAJ) de la PNP.

El despacho fiscal se basó en información encontrada en redes sociales para iniciar dicha pesquisa. En ellas, se cuestionaba la contratación de tres empresas y tres personas naturales para adquirir un total de 34,990 artículos sanitarios como mascarillas, alcohol en gel, guantes quirúrgicos, lejía, mamelucos, jabón líquido y papel toalla.

La fiscal Mónica Silva Escudero, del sexto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, es la encargada del caso.