Denuncia, que también incluye al actual parlamentario Edgar Alarcón, es por reunión con exalcalde de Chiclayo, David Cornejo
La fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra los excongresistas Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marvin Palma Mendoza (Fuerza Popular), así como contra el parlamentario Edgar Alarcón.
La denuncia contra los exlegisladores es por el delito de tráfico de influencias agravado, ya que para el Ministerio Público estos habrían intercedido a favor del ex alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para promover una reunión justamente con el excontralor Edgar Alarcón.
En cuanto al actual congresista de Unión Por el Perú (UPP), la fiscal Ávalos lo denuncia por el delito de cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido 30 mil soles de Cornejo Chinguel a cambio de levantar la suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que había sido dispuesta por malos manejos de sus funcionarios.
Según la hipotésis de la Fiscalía, el exalcalde de Chiclayo, quien sería el cabecilla de la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, buscaba que la Contraloría General de la República descongele las cuentas bancarias de la Municipalidad, y para ese fin le habría entregado los 30 mil soles a Alarcón.
Esta es la tercera denuncia constitucional que la fiscal de la Nación presenta contra el excontralor ante el Congreso. La dos primeras fueron por los presuntos delitos de peculado doloso y de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el Ministerio Público, la reunión entre el exalcalde de Chiclayo y el congresista Alarcón se habría concretado el 9 de agosto de 2016.
Las indagaciones también sindican que Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma habrían “hecho prometer para sí, diversos beneficios económicos (obras) a David Cornejo Chinguel, exalcalde la Municipalidad de Chiclayo para promover la reunión para tratar el levantamiento de la medida de suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la municipalidad”. Las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación deberán ser evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, encargo de dar trámite al antejuicio. De acoger la acusación, su decisión tendrá que ser ratificada por el Pleno del Congreso.
