Sin embargo, amplía protección para legisladores quienes ahora no tendrán ninguna responsabilidad por todas sus funciones congresales
Luego de numerosas críticas por no lograr los 87 votos necesarios para modificar el artículo 93 de la Constitución que establece la inmunidad parlamentaria, el Congreso volvió a sesionar este domingo, a pocas horas de iniciar la nueva legislatura para reconsiderar la votación realizada el sábado 4 de julio.
Sin embargo, en una actitud que sonó a revancha, varios parlamentarios acordaron no solo eliminar la inmunidad para los legisladores, sino que esta incluyera al presidente de la República, ministros de Estado y otros altos funcionarios. Esto implicaba cambiar ya no un solo artículo de la Carta Magna, sino cuatro más que no habían sido analizadas ni discutidas en la Comisión de Constitución.
Finalmente, el Pleno aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria, del Jefe de Estado, ministros, el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional con 110 votos a favor y 13 en contra. Así, cambiaron también los artículos 99, 117, 161 y 201 de la Constitución.
Con esto, el presidente de la República “podrá ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato presidencial o con anterioridad”. Mientras que los “ministros de Estado no cuentan con antejuicio político, ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo”.
Con la reforma aprobada, el Jefe de Estado goza de un antejuicio por delitos de corrupción cometidos durante su mandato, pero no para aquellos cometidos con anterioridad a la asunción del cargo.
“El texto aprobado no elimina el antejuicio para el Presidente. Lo que hace es permitir que se le procese durante su mandato por delitos contra la administración pública. Si estos se comenten en ejercicio de sus funciones, se debe realizar antejuicio antes
del proceso penal”, aclaró el constitucionalista Omar Cairo.
En el caso del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional (TC) se eliminó el último párrafo de los artículos 161 y 201 que les brindaba la inmunidad y las mismas prerrogativas que los congresistas.
Sin embargo, si bien el parlamento eliminó la inmunidad para los legisladores, amplió la protección de los mismos ya que ahora “no son responsables ante autoridad, ni órgano jurisdiccional alguna por las opiniones y votos que emiten, ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones”.
Esto, según diversos especialistas, solo blinda más a los parlamentarios, quienes ahora no tendrán ninguna responsabilidad por todas sus funciones congresales.
“La aprobación de eliminación de inmunidad por delitos comunes vino con un contrapeso desequilibrante, los parlamentarios no son responsables por sus actos funcionales, lo cual impacta directamente en los delitos cometidos ejerciendo su función”, sostuvo el constitucionalista Luciano López Flores.
Para López Flores esto implica la protección total sobre los actos parlamentarios, lo cual afecta gravemente la acusación por comisión de delitos funcionales. Además, señala que el texto aprobado “presenta problemas de constitucionalidad formal”.
Mientras que Martin Tanaka, exintegrante de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, indicó que lo aprobado en el Pleno del domingo si bien quita la protección ante delitos comunes para los congresistas, la mantiene por la comisión de delitos contra la administración pública.
“En suma, una lógica de venganza que debilita nuestro sistema de gobierno. (Esto) No afectará solo al gobierno de Vizcarra, que ya está de salida, si no a todos los próximos gobiernos. Aumentará la precariedad y el conflicto entre poderes del Estado”, aseguró.
Para Cairo, la reforma constitucional establece la irresponsabilidad de congresistas por acciones inherentes a su labor parlamentaria, pero estos siguen respondiendo por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. “Delito no es acción inherente a la labor parlamentaria”, agregó.
Por su parte, el Partido Morado calificó de “farsa” la votación realizada en el Pleno de este domingo y describió el texto aprobado de “mamarracho” al contener cinco modificaciones que “nadie ha debatido” y que “no tiene ni pies ni cabeza” ya que mezcla varios temas como inmunidad y antejuicio.
“Ahora tenemos una norma, que podría ser declarada inconstitucional, con la que los congresistas son más protegidos y poderosos en comparación a todas las instituciones públicas”, declararon. Como se trata de una reforma constitucional se necesita de una segunda votación superior a las 87 adhesiones en una nueva legislatura, la que, por cierto, inicia hoy. De ser aprobada, el presidente de la República no puede observarla solo publicarla. Lo que sí podría ocurrir es que una vez promulgada sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
