Si algo ha demostrado la pandemia del COVID-19 es que la libre competencia no existe cuando se trata de productos que se vuelven indispensables, aunque de ellos dependan vidas
La periodista Evelyn Vílchez Hurtado acusó a la clínica privada San Pablo de cobrarle casi medio millón de soles por haber tratado a su hermano, afectado por COVID-19, por 64 días. Vílchez Hurtado indicó que hasta la fecha su familia le ha pagado a la clínica 139,400 soles, pero aún adeudan 325,777 soles, monto que se les hace imposible de cancelar pues ya se han gastado todos sus ahorros, préstamos hechos por el banco y hasta donaciones que recibieron de amigos y conocidos.
Pero, no es el único caso. Otra familia denunció que la Clínica Internacional le cobra 10,000 soles diarios por atender a su esposo que tiene coronavirus, y de no realizar el pago sería desconectado del ventilador mecánico que lo mantiene con vida.
“Mi esposo tenía un seguro particular gracias a su trabajo. Ese trabajo emitió una carta de garantía a la Clínica Internacional por 100.000 soles. A usted, a cualquiera de nosotros, el monto de 100.000 soles nos hubiera parecido un buen respaldo económico. Sin embargo, a los pocos días, la Clínica Internacional se comunica conmigo para decirme prácticamente que de este monto no queda absolutamente nada”, declaró a un medio local, Patricia, esposa del paciente.
¿Cuál es la justificación para que una emergencia médica como esta alcance un precio tan alto? Pues el libre mercado. En nuestro país no existe algún tipo de regulación que impida a un empresario ofrecer un producto o servicio al precio que él considere el más apropiado.
Con mi mercado no te metas
Cuando hace unas semanas atrás, el Ministerio Público presentó un proyecto de ley para reincorporar al Código Penal el delito de acaparamiento (actualmente derogado), así como modificar el delito de especulación que en su actual redacción resulta inoperativa, voces indignadas salieron a oponerse porque ‘atentaba contra el libre mercado’.
Los alarmistas dijeron que este era el primer paso para imponer un control de precios y espantar la inversión privada. También enfatizaron que el mercado se ‘autorregulaba’ y que el Estado no debía meter sus narices en una transacción entre privados.
Lo cierto es que el mercado no suele autorregularse, ni pone límites a los precios que da a sus productos o servicios. Un claro ejemplo es el de Martin Shkreli, ex CEO de Turing Pharmaceuticals, quien luego de adquirir los derechos del Daraprim en 2015, que se usa para tratar la toxoplasmosis, aumentó inmediatamente el precio de 17,50 dólares por blíster a 750 dólares mientras tomaba medidas para garantizar que no exista una versión genérica del medicamento.
En medio del avance del nuevo coronavirus en el país, hemos visto practicas similares en el sector farmaceútico peruano. Miles de personas se quejaban del aumento de medicamentos para tratar los síntomas del COVID-19, así como el desabastecimiento de sus génericos en las grandes cadenas de farmacias.
Peor aún, los balones de oxígeno, tan escenciales para pacientes graves que no pueden respirar por sí solos a causa del virus, se han vuelto un lujo al que solo un pequeño grupo puede acceder. Su precio hanaumentado en 100 veces su valor en medio de esta pandemia. Así, los balones se venden en 6,000 soles y el metro cúbico a 100 soles. La justificación de quienes comercializan a estos precios dichos productos es simplemente: ‘la oferta y la demanda’.
Si bien la mayor demanda de un producto justifica su escacez y un aumento del mismo, lo que algunos ‘empresarios’ están haciendo es aumentar los costos de los productos y servicios de forma exorbitante aunque no exista aún una real carencia de los mismos. Esto, deja a los pacientes en manos de lo que decidan estas compañías sin tener un mínimo de protección, todo en salvaguarda de un ‘libre mercado’ que, aunque depende de sus consumidores, no parece importarle que queden en bancarrota o hasta dejar que pierdan la vida.
