Uruguay se ha convertido en el “ejemplo” latinoamericano para contener el avance del COVID-19 sin que su economía y ciudadanos sufran por ello. ¿Cómo lo consiguió?
Sin cuarentenas obligatorias, cierre de negocios, ni colapso de hospitales. Uruguay se ha convertido, hoy por hoy, en el “ejemplo” latinoamericano para enfrentar el avance del nuevo coronavirus sin que su economía o población se vean afectados.
Los números hablan por sí solos. Si bien el pasado 13 de marzo (tres días antes que el Perú) Uruguay implementó medidas similares a las del gobierno peruano -como el cierre de fronteras, suspensión de vuelos, clases, servicios religiosos, conciertos, torneos de fútbol, entre otros-, nunca decretó el aislamiento social obligatorio, ni la inmovilización social obligatoria, tal como lo hizo el Ejecutivo en nuestro país.
Los resultados tres meses después muestran que en Uruguay 23 personas han muerto a causa del COVID-19, mientras el total de casos es de 847 y la tasa de muertes por 100,000 habitantes es de 0,7, esto de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.).
Si bien este es un país con poco menos de 3,5 millones de habitantes y el Perú (según el último censo) cuenta con poco más de 32 millones de habitantes, la tasa de muertes por 100,000 habitantes por coronavirus es de 18,5. Una enorme diferencia para un país considerado como uno de los que mayor restricciones de movilidad ha impuesto a sus ciudadanos.
¿Milagro uruguayo o fracaso peruano?
El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien apenas había asumido el cargo cuando se desató la llamada pandemia, se opuso al aislamiento social general asegurando que quien lo propusiera debía estar dispuesto a llevar ante un juez o fiscal a “quien sale a ganarse el peso, no para la semana, (sino) para el día”.
Lacalle Pou confío en sus ciudadanos y el 90% de uruguayos respondió acatando su recomendación de quedarse en casa.
En el Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra, prohibió en un primer momento las reuniones con más de 300 personas, suspendió las clases y cerró las fronteras dentro y fuera del país. Pero, luego declaró la inmovilización social obligatoria y, posteriormente, el toque de queda (que en algunas regiones abarcó desde las 4 p.m. a las 5 a.m.).
Sin embargo, los casos de personas infectadas con COVID-19 en el país ha ido escalando hasta llegar a más de 200 mil personas contagiadas. Y, casi todos estos contagios se dieron, precisamente, durante el aislamiento social.
Estos números han hecho que varios cuestionen tanto estas restricciones como el cierre de casi todos los rubros empresariales, y que ha llevado al Banco Mundial a prever que nuestro PBI caerá un 12% durante este 2020.
¿Era necesario imponer una cuarentena que ya lleva tres meses y ha empobrecido al país?
Al inicio, cuando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas patrullaban las calles para llevar detenidos a todos aquellos que incumplieran con el toque de queda, el mandatario salía a diario a ofrecer, junto a las cifras de contagiados y fallecidos, el número de personas que habían sido arrestadas por día.
El mayor número de arrestos por día fue de 3,000 personas, en una población de poco más de 32 millones. Esto significa que menos del 0,1% de peruanos desacató el toque de queda. Sin embargo, en la memoria de los ciudadanos la impresión general es que “la población falló”. A esto, han contribuido la mayoría de medios que se volvieron jueces implacables con aquellos que “osaban” romper la cuarentena para trabajar y tener dinero para alimentar a su familia. Lo curioso es que nunca hicieron lo mismo en distritos de alta economía.
Además, si bien el gobierno implementó la entrega de varios bonos para que las familias de bajos recursos enfrenten la cuarentena, estos no llegaron a todos, demoró demasiado tiempo y hasta su cobro resultó en la creación de un nuevo foto de contagio, ya que la gente se aglomeraba en largas colas frente a los bancos para acceder al bono.
Hoy, casi tres meses después del inicio del aislamiento social obligatorio, el cierre de negocios, escuelas, eventos públicos, toque de queda y la incertidumbre de si esto acabará el 30 de junio o el presidente Vizcarra volverá a ampliar la cuarentena, nos queda un país que atraviesa una de sus mayores crisis económicas; una población con una clase media empobrecida y a la que ya no le quedan ahorros; ciudadanos que ya no respetan el asilamiento porque, al no recibir ningún bono o ser este insuficiente, se ven obligados a salir a ‘ganarse el pan’; mientras el número de contagiados sigue en aumento y nadie en el gobierno parece tener una brújula del camino que debe seguirse.
