Informe: Acuerdo de Escazú en cuenta regresiva

Acuerdo regional, que busca proteger a los defensores ambientales a través de la promoción de sus derechos y la justicia ambiental, es considerado el más importante de los últimos 20 años en lo que respecta a derechos humanos y protección ambiental

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, deberá ser ratificado antes del 27 de septiembre de este año por, al menos, 11 países de la región para poder ser aplicado. Sin embargo, hasta ahora, solo nueve países lo han ratificado; y en el Perú, este continúa esperando su debate en el Congreso.

El Acuerdo de Escazú es resultado de un largo proceso que inició con la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU), conocida como Cumbre de Río, en 1992, donde se suscribieron distintos principios que revaloraron la necesidad enfocar las políticas públicas hacia el desarrollo sostenible.

Luego de varios años de conversaciones, y teniendo como horizonte el Principio 10 de la Cumbre de Río -el cual reconocía los derechos a la información, participación y justicia ambiental-, fue creado oficialmente por 10 países de América Latina y el Caribe, y firmado en el 2018 por 22 países, entre los que figuran: Perú, Bolivia y Uruguay.

Una mirada integral
Si bien el Perú y algunos países de América Latina tienen marcos legales que protegen el medio ambiente, los datos evidencian que aún hay mucho trabajo por hacer. Tan solo en lo concerniente a los derechos humanos, entre los años 2015 y 2017, 369 defensores ambientales fueron asesinados en América Latina, según datos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

El proyecto periodístico Tierra de Resistentes sostiene que los ataques contra estos defensores tuvieron mayor incidencia en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, y que estos son perpetuados en un 56 % contra minorías étnicas.

Por todo esto, para el periodista y educador, David Roca Basadre, la relevancia de Escazú radica en que generará “una hoja de ruta, con mecanismos precisos, para que se garanticen los derechos que son permanentemente incumplidos”.

En lo concerniente al cuidado del medio ambiente, el artículo 7 del Acuerdo señala que las autoridades deberán “implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales”. De igual forma, cada país deberá promover la participación del público, adoptando medidas para asegurar la misma desde etapas iniciales.

“Muchas veces la consigna con la que se arman las mesas de diálogo es convencer a la comunidades sobre determinado proyecto, esto atenta con el principio de consulta previa”, afirma Roca Basadre; quien agrega que, con Escazú, el Estado estará en la obligación de brindar recursos como la asesoría técnica en el idioma original a los grupos sociales involucrados en alguna intervención extractiva para respetar el derecho a la participación.

Además, el artículo 5 afirma que el derecho al acceso de la información deberá estar garantizado para la libre consulta de la sociedad civil, de manera gratuita y sin “necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita”. Mientras que el Punto 11 del mismo artículo señala que las autoridades deberán responder a la solicitud de información ambiental “en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la misma”.

Polémica nacional
En el Perú, el Acuerdo de Escazú debe ser aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para luego ser derivado al Pleno del mismo, donde se debatirá su posible ratificación.

Para el congresista del Frente Amplio Lenin Bazán, este Acuerdo Regional es fundamental para nuestra legislación porque establece los principios de progresividad y no regresión en materia ambiental.

“Si bien estos principios han sido desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no están recogidos en nuestra legislación de forma expresa”, señaló en una entrevista para Picanews.

Bazán, como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del parlamento, remitió un oficio al Consejo Directivo del Congreso solicitando que el grupo de trabajo que preside sea la segunda comisión examidora. “Hay que considerar que este tratado es esencialmente ambiental y por el principio de especialización debería ser evaluado en nuestra comisión”, sostuvo.

A la espera del debate, diversas campañas mediáticas y peticiones han copado las redes sociales para motivar a la sociedad civil a exigir la aprobación de este Acuerdo. Sin embargo, voces contrarias también se han hecho sentir, desde congresistas, como Martha Chávez (Fuerza Popular ) y Fernando Meléndez (APP), hasta grupos empresariales, como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), quienes sostienen que el Perú perdería la “soberanía territorial sobre la Amazonía” ya que estaría sujeto a organismos internacionales.

“El Acuerdo en ninguna parte hace mención a la palabra Amazonía, ya que Escazú favorece al medio ambiente en general, esto incluye ríos y océanos”, asegura Roca Basadre, para quien estas oposiciones responden a “intereses corporativos y personales que se sostienen en el status quo”.

Al respecto, el principio I del artículo 3 del Acuerdo afirma que el “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. Esto indica que cada país adscrito deberá adecuar sus legislaciones para velar por los derechos que garantiza el Acuerdo de Escazú, pero mantendrán la soberanía sobre su territorio.

Por esto, el congresista Lenin Bazán atribuye esta resistencia a la firma de este acuerdo a una “estrategia de desinformación que proviene de un sector muy conservador y de los gremios empresariales”.

El parlamentario, lamenta que mientras diversas empresas en el mundo como Microsoft, Amazon o Shell están pidiendo que los Estados adopten medidas más agresivas para frenar los efectos del cambio climático, nuestra clase empresarial se oponga a Escazú. “El problema es nuestra élite empresarial que no entiende que estamos en un mundo donde la defensa del medio ambiente garantiza nuestro futuro”, apunta.

Precisamente, el congresista Fernando Meléndez, envió una carta el pasado 10 de julio al exministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra, para anunciarle sus inquietudes sobre el Acuerdo Regional. Lo propio, aunque no por medio de una carta, hizo el congresista Orestes Pompeyo de Podemos Perú, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien opinó que el Perú no puede apresurarse a aprobar Escazú.

Bazán señaló que su despacho ya gestionó una sesión extraordinaria con representantes del Ejecutivo para conocer su posición sobre la suscripción de este acuerdo. “Pediremos la participación de los Ministerios del Ambiente, Justicia, Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas y de la sociedad civil. El objetivo de esta sesión es consultar sobre la posición institucional del Poder Ejecutivo sobre este acuerdo”, adelantó.

Respecto a la injerencia de “organismos internacionales” en procesos internos, el artículo 19 sostiene que las posibles controversias que del acuerdo se deriven, podrán resolverse en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el artículo 8 sostiene que los países deberán promover “mecanismos de solución de controversias en asuntos ambientales”.

“Los desacuerdos entre las partes (ratificantes) estarán sujetos a la Corte de la Haya, pero solo en el caso de controversias entre Estados, más no los desencuentros entre privados, estos se desarrollarán en los marcos nacionales”, sostuvo el educador y político Roca Basadre.

Cabe resaltar, que se necesita la ratificación de dos países más para que el Acuerdo Regional pueda ser aplicado. De no alcanzar el número necesario (11), dependerá de la Organización de los Estados Americanos (OEA) prolongar el tiempo necesario para la ratificación de Escazú.

“El Perú daría un paso atrás con relación a sus compromisos internacionales ambientales y asumidos, como el Acuerdo de París. Daríamos una señal inadecuada sobre el cumplimiento de estándares internacionales de información pública, que nos pondría como un país poco fiable para inversionistas”, enfatizó el congresista Bazán.