Por: César Ortiz Anderson
Especialista en Seguridad Ciudadana y presidente de Aprosec
El problema de la seguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad como consecuencia indirecta de la grave crisis social generada por la pandemia, ha sido uno de los principales puntos tratados por el premier Walter Martos en su presentación ante el Congreso de la República.
Esta difícil labor no se podrá concluir en el breve lapso que le queda al actual Gobierno, pues los profundos cambios que exige es imposible concluirlos en un corto plazo, por lo que le corresponde al nuevo Gabinete dejar en marcha las políticas que den inicio a un verdadero cambio en lo que respecta a la seguridad ciudadana, de tal manera que la próxima gestión presidencial -que tendrá que enfrentar la crisis de la pandemia- encuentre sentadas las bases legales y administrativas para este proceso.
El nuevo Gabinete tiene que hilvanar fino porque hay que realizar un diseño de trabajo transversal, integral y articulado, con una policía más cerca del ciudadano. Se tienen que construir más prisiones y hacer, las que tenemos actualmente, más seguras; que se haga realidad las penas acumulativas propuestas. Pero, además de todo ello, los ciudadanos deberán asumir como norma de vida una cultura de prevención y denuncia.
Si queremos tener una Policía Nacional con la operatividad adecuada y que además tenga la confianza de la sociedad como ocurre en Chile o Colombia, se debe realizar necesariamente un profunda reforma policial. Ya en los últimos 15 años hubo intentos de reformas, donde en algunos casos el remedio fue peor que la enfermedad, fueron retirados muy buenos policías y que no estaban comprometidos con la corrupción.
En anteriores procesos electorales, los más importantes candidatos presidenciales han incluido en sus planes de gobierno la refundación de la policía, con el objetivo de convertirla en la mejor de Latinoamérica. Sin embargo, antes se debe evaluar si la actual estructura orgánica de la policía es la más adecuada para el problema de Inseguridad que hoy vivimos.
En mi opinión, deberían tomar el ejemplo de Colombia en el año 2007 cuando el expresidente Álvaro Uribe se comprometió a cambiar la policía -en ese tiempo altamente corrupta-, hubo 3 factores importantes: una firme decisión política, el dinero necesario para realizar esta reforma y el liderazgo y agallas del general Rosso Serrano.
El primer paso fue nombrar como director de la policía al general Oscar Naranjo Trujillo -quien estuvo invitado hace unos años al CADE-, con ese nombramiento tuvieron que pasar nueve generales al retiro, se repotenciaron ocho direcciones operativas y seis administrativas, todas a cargo de generales. Se equipó adecuadamente a la policía, tuvieron capacitación y entrenamiento de primer nivel, sus sueldos fueron mejorados así como su bienestar, implementaron buenos mecanismos de control y hasta hoy pasan inopinadamente por pruebas poligráficas, psiquiátricas y toxicológicas.
Ese mismo camino está tomando ahora la policía de Honduras, un país más pequeño y con menos recursos que el Perú. Hoy, gracias a esa reforma emprendida en el año 2007, la policía de Colombia es considerada como una de las mejores de Latinoamérica, eso demuestra que las reformas bien hechas funcionan. Un dato importante a tomar en cuenta es que actualmente la policía de Colombia cuenta con más de 170,000 policías y 29 Generales, está más que claro el mensaje, están sobrando generales en nuestra policía, hoy en el Perú tenemos casi 130,000 efectivos y 86 generales. Finalmente, hay mucho por hacer para empezar a reducir el número y frecuencia de los delitos. Para combatir adecuadamente a la delincuencia organizada y además tener los mecanismos apropiados para reducir drásticamente la corrupción, no queda otra más hay que advertir que este será un trabajo a mediano y largo plazo. Que la ciudadanía no espere cambios ni de percepción ni de victimización en el corto plazo.
