La ley vulnera la prohibición de los congresistas de crear o aumentar gastos públicos, así como la competencia del Ejecutivo para “administrar la hacienda pública”
El Tribunal Constitucional (TC) declaró este martes, por mayoría, la inconstitucionalidad de la Ley 31131, en sus artículos 1,2,3,5 y disposiciones complementarias finales, que disponía “la incorporación de los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes laborales 276 y 728”.
La norma, aprobada por el anterior Congreso, prohibía la contratación de personal CAS y otorgaba el carácter de indefinido a los contratados bajo esta modalidad para incorporarlos a los regímenes de la actividad privada en el Estado o al de la carrera pública tradicional.
El expresidente Francisco Sagasti presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, argumentando que la ley afectaba la política laboral y de servicio civil del Estado. Y, pese a que el actual mandatario Pedro Castillo retiró la acción de inconstitucionalidad, la demanda debía seguir su curso.
¿Qué dijo el TC?
En su decisión, el Tribunal Constitucional consideró que la Ley 31131 infringe las disposiciones de la Constitución Política del Perú, al ordenar la incorporación de los servidores del régimen CAS a los decretos legislativos 276 y 728. Esto debido a que, en principio, el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
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Esto es sustancial debido a que el traslado de los trabajadores CAS a los regímenes 276 y 728 “implica la disposición de recursos económicos”, detalló el TC. Además, la ley vulneraba el artículo 78 y 118, inciso 17, de la Carta Magna referidos al principio de equilibrio presupuestal y la competencia del Ejecutivo para “administrar la hacienda pública”.
“Es inconstitucional pues no solo contribuye al tratamiento desarticulado y sin la debida planificación que todavía subsiste en la gestión de recursos humanos en el Estado, sino que, además, no ha tenido el respaldo del Poder Ejecutivo, que es el competente para diseñar y dirigir la política laboral pública, en ejercicio de su facultad de “dirigir la política general del Gobierno”, indicó.
En marzo de este año, el anterior Congreso aprobó la insistencia de la ley que elimina de forma progresiva el régimen CAS.
Así también, la Ley 31131 sacrifica la meritocracia, que el TC, en su sentencia 00025-2005-PI/TC, entiende “como un principio basilar del acceso a la función pública”, pues la incorporación de los trabajadores CAS a los regímenes de los decretos legislativos 276 o 728 podría realizarse con un estándar menor al normalmente exigido para acceder al empleo en el Sector Público.
Según informó RPP Noticias, el Pleno del Tribunal emitió cinco votos a favor de la inconstitucionalidad de la ley y solo uno en contra, que perteneció al magistrado Ernesto Blume. A favor, lo hicieron la presidenta Marianella Ledesma y los tribunos Augusto Ferrero, Manuel Miranda Canales, José Luis Sardón y Eloy Espinoza-Saldaña.
