La institución le canceló el título de fiscal supremo por “haber alertado” a los ‘Cuellos Blancos’ que sus llamadas eran interceptadas
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó, por unanimidad, al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza por cometer faltas disciplinarias “muy graves” al “alertar”, en el año 2018, a los integrantes de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto sobre las interceptaciones telefónicas en su contra.
Con esta decisión, Rodríguez Monteza, quien se desempeñaba como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), queda fuera de la institución fiscal. Y, en consecuencia, quedarán solo dos fiscales supremos titulares en dicha entidad: la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y Pablo Sánchez.
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En la sesión virtual realizada este miércoles 24, el pleno del JNJ, integrada por los magistrados Henry Ávila, Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez Ríos, votaron a favor de la sanción contra el ahora ex fiscal supremo.
Motivos
Según el documento de destitución, a Víctor Rodríguez Monteza se le imputa “haber comunicado o alertado a los miembros de la presunta red criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto que sus conversaciones estaban siendo interceptadas como parte de una investigación fiscal, perjudicando con dicha conducta funcional el desarrollo del citado proceso”.
La Junta probó que después de que la fiscal de Control Interno del Callao Eliana Ibérico Hidalgo le contara a Rodríguez Monteza las interceptaciones telefónicas el 16 de mayo de 2018, al día siguiente este asistió a una reunión de “agasajo” con el investigado César Hinostroza. A los dos días, la información llegaría al otro procesado y también destituido Walter Ríos.
“Está acreditada la existencia de vínculos amicales entre Rodríguez Monteza y varios de los presuntos integrantes de la red Cuellos Blancos, lo cual implica un interés en trasladar información sobre las interceptaciones telefónicas”, indicó el ponente del caso Henry Ávila.
En junio, Rodríguez Monteza reemplazó al magistrado Luis Arce en el Pleno del JNE.
Otro hecho a considerar fue la solicitud que hizo Víctor Rodríguez para que el portal web IDL-Reporteros y el programa de televisión Panorama enviaran copias de los audios develados y revelaran las fuentes de información sobre el caso. Este fue el “indicio posterior” para concluir que el ex fiscal supremo infringió los artículos 39, 47 y 50 de la Ley de Carrera Fiscal.
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Las faltas están relacionadas con guardar la reserva de los casos fiscales; establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros, que afecten su objetividad o independencia; influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de las investigaciones; mantener una conducta intachable, e incurrir en algún acto u omisión que comprometa “gravemente” los deberes del cargo.
En desacuerdo
En la sesión del 30 de setiembre, el ex fiscal supremo manifestó que fue “un error” pedir información a los medios periodísticos sobre los audios del caso Cuellos Blancos. “No teníamos por qué pedir esa información. El pedido debió hacerse a la fuente inicial que era el Ministerio Público”, declaró Rodríguez Monteza.
Por otro lado, negó conocer o intercambiar diálogos con el también destituido Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y hoy colaborador eficaz del caso. “Quizás haya estado en eventos protocolares pero nunca me lo presentaron ni nunca conversé con él”, sostuvo ante la Junta.
Respecto al citado encuentro de “agasajo” con César Hinostroza en 2018, afirmó que desconocía que se trataba del domicilio del investigado por los Cuellos Blancos. Por su parte, su abogado, Augusto Linares, aseveró que el proceso disciplinario contra su patrocinado afectó su “derecho a defensa, prueba y motivación”.
“No he faltado a ninguna de las normas de ética. Siempre me he conducido de manera correcta”, expresó. La defensa legal de Rodríguez Monteza aún puede presentar un recurso de reconsideración ante la Junta para revocar esta sanción; sin embargo, el Pleno tiene antecedentes de ratificar sus destituciones.
