La pena contra el ex hombre de confianza de Alberto Fujimori es de carácter “compurgada”, debido a que ya cumple otra condena
El Poder Judicial sentenció a Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, a 17 años de prisión por el delito de secuestro en agravio del periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe del 5 de abril de 1992.
Así también, condenó a 12 altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, quienes coordinaron el secuestro del periodista y de los políticos Abel Salinas, Cesar Barrera, Luis Negreiros, Jorge Del Castillo, Mirtha Cunza, Jorge Mantilla, Luis Kitasono, Fernando Reyes Roca y Dionisio Luque.
Según la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, la pena contra Montesinos Torres es de carácter “compurgada”, debido a que ya cumple otra condena de 25 años en el penal Ancón II por la matanza de Barrios Altos y la desaparición y muerte de Pedro Yauri.
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“Tiene de carácter de compurgada al tener este la condición de interno en el centro de reclusión de la base naval del Callao y posteriormente, en el penal de Ancón I [sic] de manera ininterrumpida desde el 25 de junio del año 2001 hasta la actualidad, tiempo mayor a la pena impuesta”, explicó la magistrada Miluska Cano.
El lunes 6 de abril de 1992, a las 4:00 a.m., agentes del Servicio de Inteligencia secuestraron al periodista Gustavo Gorriti.
Militares involucrados
Los ex altos mandos condenados son los generales en retiro José Rolando Valdivia Dueñas, quien recibió 12 años de pena privativa de libertad, Luis Ángel Salazar Monroe y Alfredo Arnais Ambrosiani, quienes recibieron 10 años de cárcel al hallárseles culpables en calidad de cómplices primarios del delito de secuestro agravado.
Penas menores recibieron Ricardo Manuel Villarán Tapia, Elesban Vello Vásquez, Carlos Marquina y Luis Augusto Pérez. Alprimero se le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida de forma condicional al considerársele cómplice secundario.
En tanto, el resto recibió cuatro años de pena suspendida por tres años, condicionado a reglas de conducta como “no salir del territorio nacional y acudir cada fin de mes al juzgado de ejecución a efectos de justificar e informar de sus actividades”. El Poder Judicial también dispuso el pago de S/. 550 mil como reparación civil en favor de los agraviados.
Tras ser liberado, Gorriti brindó una conferencia denunciando su secuestro. El juicio, por su parte, demoró casi seis años.
Secuestro del periodista
La madrugada del lunes 6 de abril, un día después del autogolpe de Fujimori, un grupo agentes del Servicio de Inteligencia llegaron con armas HK al domicilio del periodista Gustavo Gorriti para llevarlo “por las buenas o por las malas” a un lugar incognito a “conversar”.
Los agentes entraron a la vivienda del periodista y tomaron el ordenador y disco curo que contenía trabajos de investigación. Después, por orden de Vladimiro Montesinos, lo llevaron al Cuartel General del Ejército, conocido como Pentagonito, y lo trasladaron a la sede de Seguridad del Estado.
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“Sabía que el asesor principal de Fujimori, Vladimiro Montesinos, […] buscaba la ocasión de desquitarse de una serie que publiqué sobre él en la revista Caretas de 1983 que le hicieron huir del país, escapando de las autoridades judiciales”, escribió Gorriti en una crónica sobre su secuestro.
Desde el momento en que arrestaron al hombre de prensa, su esposa llamó a todo aquel que pudiera hacer algo. Así, en horas de la mañana, el embajador de España, Nabor García, empezó de inmediato gestiones en nombre de su Gobierno sobre el de Fujimori, a la que se sumó la embajada de Estados Unidos, organizaciones periodísticas y de derechos humanos.
“Al empezar la tarde Nabor García había logrado que el ministro de Defensa, Óscar Malca, reconociera mi detención, y que se dispusiera mi traslado a la policía, donde a las pocas horas se me dejó en libertad”, narró Gorriti, quien a los días confrontó públicamente al expresidente Alberto Fujimori durante una conferencia de prensa.
Por estos hechos, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, sustentó durante el juicio oral que se ha quedado demostrado que no se trató de una “detención ilegal”; por el contrario, el periodista y los políticos fueron secuestrados al producirse el autogolpe y llevados a establecimientos militares, donde no se los registró, como corresponde.
