Además, demandan que juez concluya lectura de resolución sobre si abren juicio contra Fujimori
Las mujeres víctimas de las “esterilizaciones forzadas” ocurridas durante los últimos cuatro años de Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) denunciaron nuevos riesgos en el avance del proceso debido al repentino cambio del juez encargado del caso.
Hace unos días el Poder Judicial dio por concluida la designación del magistrado Rafael Martínez, responsable del proceso que involucra al expresidente Alberto Fujimori en delitos contra los derechos humanos, de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada. Y en su reemplazo, nombró al juez Littman Ramírez.
Tanto las víctimas como la defensa legal de las mismas indicaron que este cambio constituye un “nuevo maltrato” debido a que un nuevo juez puede requerir mayor tiempo para estudiar el caso, prolongando así el “sufrimiento y angustia” de las sobrevivientes que reclaman “verdad, justicia y reparación” desde hace 19 años.
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“Un juez no puede resolver algo de lo que no sabe”, indicó la abogada María Ysabel Cedano, de la ONG Demus, quien junto con Victoria Vigo, una de las 1,317 víctimas denunciantes, y Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ofrecieron una conferencia de prensa.
Abogados de víctimas advierten vulneración a la debida diligencia reforzada y al derecho al plazo razonable.
Así también, la CNDDHH manifestó, en un comunicado, que esto “abre un grave riesgo” para los derechos de las víctimas a la verdad yel acceso a la justicia en “plazo razonable, con celeridad, debida diligencia reforzada y no discriminación”. Sobre todo, al considerar que se trata, en su mayoría, de mujeres quechuahablantes.
Lectura prolongada
En su artículo 4, la decisión judicial de cambio de magistrado sostiene que esto “no afectará los procesos jurisdiccionales en curso”, como la actual lectura sobre si se abre o no el juicio penal contra Fujimoriy sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, entre otros tres. Sin embargo, aquí alertan otro problema.
En marzo de este año, luego que el fiscal Pablo Espinoza presentara los cargos contra los imputados, reinició una vez más el proceso por las ‘esterilizaciones forzadas’. Y desde el 14 de septiembre, el juez Rafael Martínez viene exponiendo los fundamentos de su resolución en extensas sesiones de cuatro horas que continúan prolongándose.
“Estamos exigiendo es que termine de leer él. Es demasiado desgastante para las víctimas”, expresó la abogada María Ysabel Cedano, quien recordó que Martínez está involucrado en una investigación preliminar sobre una presunta organización criminal compuesta por servidores judiciales que liberaban narcotraficantes y extorsionadores a cambio de dinero.
La lectura de la resolución fue reprogramada para este sábado a las 3:00 p.m. Con esta ya serían nueve las audiencias.
Por este hecho, anunció recurrirán a la Junta Nacional de Justicia, la Presidencia del Poder Judicial y la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que tomen acciones contra el ahora cuestionado juez. Por otro lado, de archivarse la denuncia, informó que acudirán a la justicia internacional.
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Otro escenario sería que la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación crearan una fiscalía Ad hoc y un juzgado Ad hoc que solo se dedique a este caso, aseguró. “Este es el más antiguo, empezó en 2002; pero desde 2015, que se creó el registro de víctimas, hay dos expedientes más. Son más de 3 mil personas en procesos penales”, detalla.
Medios probatorios
Según la investigación del Ministerio Público, la evidencia recaería en los documentos que solicitaban a los pacientes, entre hombres y mujeres, sus consentimientos para la práctica de la esterilización, porque “no se redactaron en quechua ni se respetó su idiosincrasia familiar ni religiosa”.
En las audiencias, el juez Martínez leyó informes de la Defensoría del Pueblo, que registran que, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, a las mujeres se les ligaron las trompas de Falopio sin consejería y con firma de documentos cuando no sabían leer.
De acuerdo a estimaciones, unas 270 mil mujeres pobres, muchas quechuahablantes, fueron víctimas de esterilizaciones, y 18 murieron por consecuencias de la intervención. Por ello, la Fiscalía denunció a Alberto Fujimori y exministros de Salud como “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos”.
El expresidente de 83 años, que hoy cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, no participa en las audiencias debido a que el proceso de extracción desde Chile, en 2007, no lo obliga a comparecer por este caso.
