El exjuez de la Corte Superior de Lima, Guillermo Olivera Díaz, indicó que el objetivo de su denuncia es que se sancione a todo tipo de infractores
El abogado penalista Guillermo Olivera Díaz presentó este miércoles 27 de octubre una denuncia constitucional contra los 79 congresistas que votaron a favor de la Ley Nº 31355, la que interpreta la cuestión de confianza, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, banda criminal, y por infracciones constitucionales.
El también exjuez de la Corte Superior de Lima explicó que una denuncia constitucional lo que persigue es generar un proceso de antejuicio político, “cuya parte final, con acuerdo del Pleno del Congreso, busca que se sancione a los infractores, ya sea con una suspensión, destitución del cargo o inhabilitación posterior hasta de 10 años”.
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El documento presentado ante la Fiscalía de la Nación también detalla que “por sumatoria de sanciones” la justicia penal debería otorgar 16 años de pena privativa de la libertad para cada legislador y, considerando la agravante de la calidad de funcionarios públicos, sumaría “un total de 24 años de pena para cada uno”.
En diálogo con Exitosa Radio, el letrado explicó que las denuncias que presentó esta mañana no pretenden anular la aprobación de la ley, ya que esto es de competencia única del Tribunal Constitucional (TC), ante quien el Poder Ejecutivo ya presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada norma.
Argumentos contra la ley
El abogado Guillermo Olivera Díaz asevera que con la aprobación de esta ley el Congreso ha roto el equilibro de poderes establecido en la Constitución, pues deja intactas “sus funciones de interpelación y censura a ministros y de vacancia al presidente”, mientras elimina el “contrapeso” de la cuestión de confianza”.
“Al extinguirse la cuestión de confianza ya no existiría jamás la disolución del Congreso, por eso lo llamo la ley del embudo: lo ancho para el Parlamento y lo angostito para el presidente del Consejo de Ministros y, en consecuencia, para el presidente Pedro Castillo”, declaró al citado medio.
La autógrafa admitida el 16 de septiembre por el Legislativo fue observada por el Ejecutivo al considerar que altera el sistema de balance de poderes; pese a esto, el Congreso la aprobó por insistencia el 19 de octubre con votos de las bancadas Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú-Partido Morado y Podemos Perú.
El texto aprobado por el Legislativo interpreta la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución Política. Así, prohíbe al Ejecutivo la posibilidad de plantear la cuestión de confianza por materias relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten aspectos que son de “competencia exclusiva o excluyente del Congreso”.
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Respuesta pendiente en el TC
Por este motivo, el 23 de octubre, por razones de “forma y de fondo”, el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, bajo el argumento de que contraviene disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica del TC.
La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, indicó que esta medida busca “velar por el equilibrio de poderes y la conservación del estado de Derecho”; mientras que, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, recordó que el Legislativo no puede modificar la Carta Magna a través de una ley, sino por medio de dos legislaturas ordinarias o en una legislatura ordinaria junto con un referéndum.
