Por: César Ortiz Anderson
Especialista en Seguridad Ciudadana y presidente de Aprosec
Lo descubierto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no es poca cosa y debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Recordemos que en investigación el tiempo que pasa es la verdad que huye, tampoco olvidemos jamás lo que ocurrió con Vladimiro Montesinos que hizo de la corrupción, el soborno y el espionaje, una táctica política delincuencial.
Precisamente, el exasesor presidencial fue condenado a 6 años de prisión por el delito de organizar y dirigir el espionaje telefónico durante el Gobierno de Alberto Fujimori. La puntería en ese entonces estaba puesta sobre los opositores políticos, periodistas y empresarios.
¿Quién ordenó que algunos funcionarios realizaran capturas de imágenes de la información personal y migratoria de políticos y periodistas, que luego compartían en chats grupales por WhatsApp? Con esa información, que es sensible, se pueden realizar muchas cosas y ser utilizadas para diversos fines nada santos, como en delitos de extorsión.
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Recordemos que solo los gobiernos no democráticos o dictatoriales realizan reglajes a sus opositores. En el 2002, por ejemplo, cuando se desactivó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Montesinos tenía equipos con más 150 personas que monitoreaban las 24 horas comunicaciones de opositores, periodistas, políticos y empresarios.
Tampoco debemos olvidar el escándalo que ocurrió en el segundo gobierno de Alan García con la empresa Business Track, que contaba con personal que había trabajado en la Marina de Guerra y realizaban chuponeos. Las cabezas de esa compañía también fueron a prisión.
Sin embargo, como analista de seguridad, me preocupa el interés de algunos en este Gobierno por el sistema de escucha de la Dinandro: “Constelación”, el mejor equipo que se ha tenido que desde el año 2009 en la lucha contra el narcoterrorismo, terrorismo y mafias criminales.
Incluso, existe la Ley N° 27697 que avala las tareas fiscales de investigación por un “protocolo de procedimientos de intervención y control de las comunicaciones”. Desde que fue creado este programa se ha ido mejorando y afinando, por ello algunos personajes de la política actual muestran interés en conocer sus secretos.
En ese sentido, hasta ahora el sistema está protegido, cualquier alto funcionario podría solicitar lo que desee, incluso el director de la Policía Nacional o el ministro del Interior; pero, y esa es la protección, mientras no exista una resolución fiscal y judicial nada podrán obtener. Incluso hay pena de prisión a quien brinde la información sin esos protocolos, y así debe de continuar.
Finalmente, cabe mencionar que estas ilícitas y delictivas maniobras vienen ocurriendo hoy en gobiernos extranjeros radicales, que amenazan, apresan, chantajean y extorsionan a quien les da la gana. Cuidado, la advertencia está hecha.
