El destituido juez supremo es investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias, vinculado al caso del empresario hotelero Salvador Ricci
El Poder Judicial aprobó el pedido de extradición desde España del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, investigado en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ por los delitos contra la administración pública, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias, en agravio del Estado.
La Sala Penal Transitoria Extradición de la Corte Suprema de Justicia admitió el pedido presentado por el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos contra Funcionarios Públicos.
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“Declararon procedente la solicitud de ampliación de extradición activa formulada por el juez supremo a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, a las autoridades judiciales del Reino de España respecto a César Hinostroza Pariachi, requerido por la justicia peruana por resolución del 8 de septiembre de 2021”, se lee en el documento.
Hinostroza Pariachi es investigado por el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también formaron parte políticos y empresarios del país. El pedido de extradición aprobado está vinculado al caso del empresario hotelero Salvador Ricci Cortez.
Hinostroza en España
Según informó el Ministerio Público, al destituido juez supremo se le atribuye haber nombrado a la exjueza Ana Zapata Huertas “para que se encargara directamente del proceso judicial de Ricci Cortez, relacionado a la administración del hotel María Angola, a cambio de beneficios y ventajas”.
Como se recuerda, Hinostroza Pariachi salió del Perú el 7 de octubre de 2018 manera irregular por la frontera con el Ecuador y, diez días después, fue detenido en España. En septiembre de este año, la justicia de España rechazó la solicitud de asilo por “persecución política” formulada por el exjuez César Hinostroza.
La Sala española concluyó que el exmagistrado que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú no logró demostrar de manera convincente “que existan circunstancias excepcionales que lo conviertan en un perseguido por razones políticas”.