Denuncia contra altos mandos y oficiales de la Policía Nacional es por el presunto delito de homicidio agravado durante las protestas de noviembre
La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos, formalizó la denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto delito de homicidio agravado de Inti Sotelo y Bryan Pintado, durante las protestas ciudadanas de noviembre de 2020 en contra del régimen de Manuel Merino.
El fiscal Jhousy Aburto Garavito, a cargo de las investigaciones incluyó en su denuncia al exsubcomandante general de la PNP Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo; los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, así como el capitán Mario García Chávez.
Todos ellos fueron comprendidos en la investigación por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud (en la modalidad de asesinato con alevosía), lesiones graves y leves, y contra la administración pública (en la modalidad de abuso de autoridad), en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
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“Al teniente general Jorge Lam, en su calidad de comandante general y sub comandante general PNP, se le imputa ser autor mediato, en dominio de organización, de la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado; lesiones graves y leves contra de 80 manifestantes, y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad al haber ordenado y emitido disposiciones para la realización de las operaciones policiales en las protestas de noviembre”, señala el documento.
La denuncia penal también sindica al general Jorge Cayas Medina, en su rol de jefe de la Región Policial Lima, y otros oficiales. A ellos se les sindica como coautores de los mismos delitos, al haber ejecutado la represión policial indiscriminada y distribuido los roles específicos con sus subordinados.
La investigación fiscal señala que los altos mandos de la PNP no solo tuvieron conocimiento de los hechos, sino que, “abusando de su alta jerarquía dentro de la estructura policial”, habrían “ordenado el uso de la fuerza pública de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas”.
Para la Fiscalía, los altos mandos policiales habrían ordenado el uso de la fuerza pública de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, utilizando armas letales y municiones prohibidas.
Estas acciones, sostiene el argumento del Ministerio Público, se realizaron para impedir que los manifestantes se movilicen hacia Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, y para neutralizar toda protesta social contra el régimen de Merino de Lama.
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Cabe señalar que el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los efectivos de la Policía no solo fue dirigido contra los manifestantes, sino también contra periodistas que cubrían las movilizaciones portando sus credenciales de prensa.
“Estamos ante un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la Policía Nacional […] La información recabada da cuenta de que las máximas autoridades del gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino que, además, habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía”, sustenta la fiscal en su denuncia.
Brutal represión
Durante la investigación, el fiscal Aburto Garavito llegó a determinar que los imputados habrían concertado un plan criminal ordenando, autorizando y ejecutando la utilización de los medios de la policía de manera arbitraria.
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Producto de esta represión, Bryan Pintado Sánchez recibió una descarga de perdigones de plomo directo al cuerpo: cuatro impactaron en su cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el brazo derecho, lo que acreditaría que fue asesinado de manera alevosa.
Mientras que Inti Sotelo Camargo recibió el impacto de un perdigón de plomo en el tórax. El certificado de necropsia señala que falleció por laceración pulmonar más hemotórax, traumatismo torácico abierto y herida penetrante en el tórax por proyectil de arma de fuego, que pudo ser disparado por una escopeta calibre 12.
Cabe recordar que, por este mismo caso, el pasado lunes la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, denunció constitucionalmente ante el Congreso a Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, como presuntos autores [por omisión impropia] de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, a título de dolo eventual.
