Fiscal de la Nación presentó la denuncia ante la Mesa de Partes del Congreso, que también incluye al exministro Gastón Rodríguez
La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, denunció a Manuel Merino de Lama, su expremier Ántero Flores-Aráoz y al exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, tras la culminación de las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020 que provocaron la muerte de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez; además de dejar decenas de heridos con lesiones graves y leves.
Tras la culminación de las indagaciones preliminares, los exfuncionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves -a título de dolo eventual- “por incumplir su deber constitucional y legal” en el ejercicio de sus cargos de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las protestas del año pasado.
Asimismo, “por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial”, pese a que por las circunstancias en que venían desarrollándose y porque contaban con información oficial acerca de su tendencia a intensificarse, el resultado de la afectación a dichos bienes jurídicos era previsible.
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Para el Ministerio Público, Merino de Lama, Flores-Aráoz y Gutiérrez Limo habrían actuado con dolo eventual, pues desde que asumieron sus mandatos como altos funcionarios conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando entre el 9 y 15 de noviembre, dado que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, e incluso hubo exhortaciones al Estado peruano por parte de organismos internacionales.
Manuel Merino, Ántero Flores y Gastón Rodríguez fueron acusados como presuntos autores de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves.
“Resulta razonable sostener que, en el contexto de los hechos, los investigados debieron asumir como una eventualidad altamente probable tal resultado, y aun así persistieron en sus conductas omisivas. Para decirlo en términos más directos tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, argumenta la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación.
De acuerdo con la denuncia, los imputados tenían una posición de dominio sobre las fuerzas policiales y contaban con información oficial que las protestas se iban a intensificar, por tanto, era previsible que se desplegaran acciones desproporcionadas de represión.
Sin embargo, “no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones y, por el contrario, se permitió se prosiga con las mismas, lo que conllevó como resultado, dos personas fallecidas y 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones leves y graves, quienes participaron en dichas movilizaciones sociales”.
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Derecho a la protesta
Por otro lado, la denuncia constitucional también hace hincapié a que el derecho constitucional a la protesta se encuentra amparado por nuestro ordenamiento jurídico; y si bien, el Estado puede intervenir haciendo uso de la fuerza pública en caso dicho ejercicio exceda los límites permitidos por la ley, esta debe realizarse de manera estrictamente necesaria y proporcional, conforme lo garantiza la Constitución y el derecho internacional sobre derechos humanos.
Por todo ello, la fiscal de la Nación solicitó a la presidenta del Congreso de la República María del Carmen Alva, calificar la denuncia constitucional y brindar el trámite que corresponda, atendiendo a la obligación estatal de esclarecimiento de la violación de derechos humanos, conforme al derecho internacional.
