Por: César Ortiz Anderson
Especialista en Seguridad Ciudadana y presidente de Aprosec
El presidente Martín Vizcarra, en su discurso por 28 de julio, señaló textualmente que “se desplegaron 70 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, para realizar el patrullaje en apoyo a nuestra Policía Nacional no solo para hacer cumplir las disposiciones de aislamiento obligatorio sino también para apoyar en el control y tamizaje en centros de abastos y mercados, así como para el control fronterizo en regiones como Tumbes y Tacna”.
Una de las razones del fracaso y la frustración en toda tarea emprendida es el no reconocer los errores cometidos y, debido a esta falta de sinceridad consigo mismo, no corregir estas fallas.
Si bien el Perú fue uno de los primeros países de la región y del mundo en adoptar la cuarentena generalizada a nivel nacional, el aislamiento obligatorio y el toque de queda, el Gobierno no ha reconocido el error que significó no haber identificado a tiempo los mercados como uno de los principales focos de propagación de la pandemia, así como otras aglomeraciones que no se han intervenido con una metodología de prevención y seguimiento de los contagios al milímetro, como sí se ha logrado conseguir exitosamente en otros países. Del mismo modo el Gobierno no ha reconocido ni ha explicado las razones del fracaso de la cuarentena.
En su discurso, Vizcarra también dijo: “Desde el inicio del Estado de Emergencia, las fuerzas del orden no dudaron en atender y proteger a la población pese al riesgo que esto conllevaba. En esta labor, muchos se enfermaron por la exposición al virus, incluso algunos perdieron la vida”.
Sin embargo, no menciona nada con respecto a cómo corregir los escandalosos casos de corrupción al interior de la institución policial que llevaron a la adquisición de equipos de protección contra el Covid-19 que no cumplían con los estándares especificados por el Ministerio de Salud, y fue la principal causa para que una gran cantidad de efectivos resultaran contagiados en las primeras semanas de la cuarentena.
El presidente también mencionó que en la fase de post confinamiento, “necesitamos reforzar la atención con agentes capacitados y comisarías interconectadas con el uso de la tecnología”.
Pero, la implementación de tecnología interconectada es un discurso que se viene repitiendo desde que la Internet llegó al Perú. Además, no ha hecho observación alguna sobre el aumento de la delincuencia ni qué medidas en concreto va a adoptar el Estado ante esta situación. Ni siquiera se advierte a la población de esta problemática ni cómo evitarla o prevenirla.
Se le miente a la población de manera vergonzosa, valiéndose de la falta de conocimiento especializado y a la falta de acceso a la información real de datos, como asegurar que en el último año “se han realizado más de 500 mil operativos a nivel nacional y se han desarticulado alrededor de 7 mil bandas criminales”. ¿Quiere decir que si se han desarticulado 7 mil bandas criminales debemos esperar por lo menos 21 mil nuevas capturas de peligrosos delincuentes si contamos a un mínimo de 3 miembros por banda criminal? ¿Y en dónde entrarían si los presos están hacinados en los penales?
En cuanto a ampliar la “presencia policial con el alta excepcional de cerca de 5 mil alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico y de la Escuela de Oficiales”, ¿quiere decir que lanzarán a combatir la delincuencia a 5 mil nuevos policías inexpertos y con una formación muy cuestionada por su corta e insuficiente preparación?
No se le está diciendo la verdad a los ciudadanos, no se dan las verdaderas cifras y se oculta información. Dudamos que la seguridad ciudadana experimente un cambio sustancial en los próximos meses. No hay propuestas consistentes, serias y coherentes que los peruanos merecen.
Se esperaba más del último discurso de Vizcarra, tanto sobre la mejora de la seguridad ciudadana, como sentando las bases para la tan ansiada reforma en la Policía Nacional, limpieza de la corrupción al interior de la Institución, mejor preparación, otras políticas de Estado y no simples palabras facilistas de un Gobierno que no se compromete más allá de su gestión.
