El grupo de trabajo, que tiene a tres de sus nueve integrantes investigados por corrupción o sedición, se instaló el 7 de setiembre y es presidida por Perú Libre
La comisión especial encargada de elegir a los seis abogados que reemplazarán a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) con mandato vencido desde junio de 2019 se instaló el martes 7 de setiembre, así lo informó el Congreso de la República a través de su cuenta oficial de Twitter.
El grupo de trabajo no “reactivará” el cuestionado proceso elaborado por la comisión especial del pasado Congreso (2020-2021), si no que formará uno nuevo “bajo los principios de meritocracia y transparencia”, así lo determinó el Parlamento el 12 de agosto cuando aprobó su creación por 104 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
La citada comisión eligió al legislador de Perú Libre José María Balcázar como su presidente. Lo acompañan en la mesa directiva Jorge Montoya (Renovación Popular), como vicepresidente, y Adriana Tudela (Avanza País) como secretaria.
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Tras su elección, el congresista Balcázar instaló oficialmente la comisión y se comprometió a realizar todos los esfuerzos por brindar al Perú un tribunal con los juristas más competentes. El parlamentario también sostuvo que esta comisión debe tener no solo visión política, sino también jurídica.
Además, los parlamentarios aprobarán un reglamento interno queestablecerá los detalles y mecanismos de elección de los tribunos Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña, quienes asumieron funciones el 3 de junio de 2014. El único magistrado con mandato vigente y que no será cambiado es Augusto Ferrero Costa.
Integrantes e investigaciones
Los nueve congresistas de la comisión especial son Luis Ángel Aragón (Acción Popular), Hernando Guerra-García (Fuerza Popular), José María Balcázar (Perú Libre), Adriana Tudela (Avanza País), Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Enrique Wong (Podemos Perú). También la conforman Jorge Montoya (Renovación Popular), Wilmar Elera (Somos Perú-Partido Morado) y Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso).
Estos últimos tienen procesos en la Fiscalía. Montoya fue denunciado por presunto delito de sedición por “incitar” a desconocer los resultados presidenciales. Aunque se declaró improcedente la investigación, en julio el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejos lo incluyó al proceso por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, “en las modalidades de conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública”.
La propuesta, presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), planteada inicialmente “reactivar” la comisión especial de elección a los miembros de TC.
Por otra parte, Wilmar Elera enfrenta “hasta cuatro carpetas por el presunto delito de corrupción”: uno en etapa de juicio oral, otro con requerimiento acusatorio y dos investigaciones formalizadas. La primera por el presunto delito de colusión en agravio del municipio de Pacaipampa (irregularidades en la obra de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado).
El segundo por el presunto delito de colusión en agravio del distrito de La Unión (irregularidades en la obra de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado). Por último, por usurpación de función pública, colusión simple y negociación incompatible (posible favorecimiento al Consorcio Agua Tambogrande), y por supuesto agravio a la municipalidad distrital de Sondorillo.
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En tanto, Eduardo Salhuana tiene tres carpetas fiscales en Madre de Dios. El legislador manifestó que eran “denuncias políticas” relacionadas a su labor como gerente general de ese gobierno regional. Una de esas es por el presunto delito de malversación de fondos, indicaron fuentes de la Procuraduría Anticorrupción.
La congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú) afirmó que como integrantes de la comisión tienen la “gran responsabilidad” de ganar la confianza de la población y que es los “obliga a seleccionar [a los magistrados] con transparencia”.
Errores del pasado
Durante el inconcluso proceso para elegir a los magistrados, liderado por Acción Popular, distintos constitucionalistas alertaron el incumplimiento del propio reglamento de la comisión relacionada a la transparencia. El entonces presidente del grupo, Rolando Ruiz, no subió a su web la calificación y la motivación del puntaje de la entrevista a los 15 candidatos. Lo hizo luego de las denuncias.
Otros letrados, además, cuestionaron la constitucionalidad de la cuarta legislatura y la “falta del principio de racionabilidad” respecto a la calificación de la “solvencia e idoneidad moral” de los postulantes. Esto debido a que los legisladores enumeraban el grado de moralidad de cada candidato y no simplemente si esta existía o no, algo contrario a la legislatura internacional.
Por todo ello, Ruth Luque, vocera de la bancada de Juntos por el Perú e integrante de la comisión, enfatizó que en este nuevo proceso es importante poner una valla alta en términos de transparencia en cada paso que se dé. “Se plantea un control ciudadano etapa por etapa, a fin de que se puedan presentar observaciones sobre quienes aspiran a ser magistrados del TC”, indicó a Andina.
El Pleno del Legislativo llevó a cabo sin éxito la votación de los mejores postulantes al TC seleccionados por la comisión especial del anterior Congreso.
Asimismo, los congresistas deberán garantizar la idoneidad de los candidatos “bajo criterios meritocráticos, por concurso, y no por invitación”.Según sostuvo, la idea de un proceso de selección donde impere la meritocracia es evitar la llamada “repartija”, que, según sostuvo, se observó en los anteriores periodos congresales.
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En tanto, en diálogo con la prensa, la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, manifestó que nombrar a los nuevos tribunos por concurso público “no ha sido lo mejor” y sería mejor volver al sistema de invitación para que “los mejores y más calificados puedan ser los magistrados del TC”. Sin embargo, resaltó que esto tendrá que ser evaluado y decidido por la comisión especial.
Otras voces, como las del parlamentario Wilmar Elera, proponen un camino intermedio. De hecho, el legislador de la bancada SP-PM anunció que propondrá que la elección de tribunos sea a través de una modalidad mixta, que permita tanto el concurso como la invitación “a grandes personalidades no solo de Lima, sino de todo el país”.
