Desde mayo, la agencia había anunciado que las perspectivas de que se rebaje la calificación peruana venían a la baja. El reajuste, hecho por primera vez en 20 años, puede impactar en la atracción de inversiones
La agencia calificadora crediticia Moody’s rebajó este miércoles la calificación de la deuda externa y local a largo plazo de Perú de A3 con perspectiva negativa a Baa1 con perspectiva estable. Esto significa que el país tiene capacidad adecuada para cumplir sus obligaciones financieras, pero condiciones económicas adversas pueden debilitar su capacidad de pagos.
“La rebaja de A3 a Baa1 refleja la opinión de Moody’s de que un entorno político continuamente polarizado y fracturado ha aumentado el riesgo político y ha debilitado materialmente la capacidad de formulación de políticas”, indicó la agencia en un comunicado. Esta es la primera vez que rebaja la calificación de Perú en 20 años.
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“Estas condiciones han afectado negativamente la confianza de los inversores y han socavado la resistencia económica de Perú, lo que ha afectado negativamente las perspectivas crediticias de Perú a mediano plazo”, agregó Moody’s quien, el viernes 27 de agosto, convocó a un comité para discutir los fundamentos macroeconómicos del Perú, incluida su fortaleza económica.
En esta, concluyeron que estos puntos “no han cambiado sustancialmente”; sin embargo, determinaron que las “instituciones del país y la fortaleza de la gobernanza han aumentado sustancialmente”. “Se consideró, en tanto, que ni la solidez fiscal o financiera del país, incluido su perfil de deuda, ni su susceptibilidad a los eventos de riesgo ha cambiado sustancialmente”, indica.
Perspectiva estable
Por otro lado, el pasar de perspectiva “negativa” a “estable” asume que “las acciones del gobierno serán consistentes con la senda de consolidación fiscal propuesta por las autoridades”. “Además, incorpora la expectativa de Moody’s de que la política general y el marco institucional de Perú resultarán eficaces para equilibrar las fortalezas y los riesgos crediticios subyacentes”, afirma.
Empero, la agencia alerta que las desviaciones materiales de la trayectoria fiscal incorporadas en su escenario base, cambios abruptos de política o cambios institucionales que fomenten la inseguridad política o jurídica“afectarían negativamente el perfil crediticio de Perú, presionando a la baja la calificación soberana y la perspectiva”.
¿Por qué rebajaron la calificación?
La agencia calificadora crediticia enfatiza que la razón de un deterioro progresivo de la fortaleza institucional en el país fue el entorno político cada vez más polarizado y fracturado, “que ha socavado la eficacia de la formulación de políticas”. En tanto, han “subrayado varios riesgos para la gobernabilidad general, la efectividad de las políticas y la credibilidad” los siguientes puntos:
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“La percepción de falta de claridad sobre las políticas de la nueva administración, los controvertidos nombramientos del gabinete, las tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo y las crecientes tensiones dentro del partido gobernante”, advierte. Por otra parte, Moody’s resalta que la actividad económica se recuperó con fuerza en el primer semestre de este 2021.
En esa línea,la agencia proyecta un crecimiento del PBI para el cierre de este año, de 9% a 12%, pero estas se reducen en los años siguientes debido a que “espera que la inversión privada siga deprimida dado que el panorama de políticas en desarrollo podría conducir a una menor confianza empresarial”.
“Si bien la decisión del gobierno de [Pedro] Castillo de adoptar una vía de consolidación fiscal menos agresiva que la del gobierno anterior puede brindar cierto apoyo a la actividad económica, la opinión de Moody’s es que una menor inversión privada compensará con creces este efecto, lo que reducirá las perspectivas de crecimiento a mediano plazo”, argumenta.
En tanto, aunque recuerda que la gestión de Castillo anunció una reducción gradual pero sostenida del déficit fiscal, considera que el plan de consolidación fiscal de las autoridades estará expuesto a presiones de gasto persistentes como resultado de demandas sociales. Aun así, la agencia asume que la deuda pública se mantendrá por debajo del 40% del PBI, alcanzando un máximo del 37,5% el próximo año.
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