Por: César Ortiz Anderson
Especialista en Seguridad Ciudadana y presidente de Aprosec
Esta macabra historia de feminicidio la protagonizó Daniel Juyo Pérez de 23 años. Secuestró a su víctima, de iniciales N.F.C.M., cuando tenía esta tenía 15 años. La mantuvo en cautiverio por casi dos meses abusando sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Cuando fue detenido estuvo 15 meses con prisión preventiva.
El padre de la víctima señala que, desde la prisión, Daniel amenazaba telefónicamente a su hija, su esposa y a él mismo. Había jurado vengarse y al salir cumplió su promesa. Volvió a secuestrar a la adolescente ahora de 17 años, la ultrajó y luego la asesinó.
Juyo cometió el horrendo asesinato el 18 de agosto, ocultando el cuerpo en un silo de San Antonio de Jicamarca, jurisdicción de Huarochirí. El viernes último fue capturado por la Policía Nacional y, abrumado por los indicios, no tuvo otra alternativa que confesar el crimen.
Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros siete meses de este año se han cometido 92 feminicidios y 79 tentativas. Otro dato que preocupa es que además ocurrieron 23 muertes violentas contra mujeres y han desaparecido 3,425, de ellas 1,243 son adultas y 2,182 son adolescentes y niñas. En promedio, en el país desaparecen 16 mujeres cada día, estamos hablando de un incremento del 16% si los comparamos con los mismos casos del 2020. ¡Y estamos en pandemia!
Hay que mencionar una interesante acción preventiva que viene ejecutando el Poder Judicial denominado “El botón de pánico”, forma parte de un programa de acción preventiva que se brinda en 34 distritos judiciales y es articulado también con la Policía y los municipios.
Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema y del Poder Judicial, anunció también que se implementará -en el mes de noviembre- el proyecto “Tucuy Ricuy” (el que todo lo ve). Se trata de un plan de inteligencia artificial que permitirá que los jueces dicten de manera más rápidas las medidas de protección.
Finalmente, desde Aprosec invitamos a familiares, amigos y vecinos a denunciar casos de agresión, ya que la mayoría de veces, las víctimas no son capaces o se ven imposibilitadas de hacerlo.
