Eliminar la causal de la vacancia presidencial y la cuestión de confianza son algunas de las propuestas de este documento
El presidente de la República, Pedro Castillo, encabezó la sesión 131 del Acuerdo Nacional en la que participaron los representantes de los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas, y de la sociedad civil.
En la reunión, se presentó los llamados “Consensos por el Perú”, el cual incluye propuestas concretas y prioritarias para el corto y mediano en salud, educación, lucha contra la pobreza, crecimiento económico sostenible con empleo digno, así como reforma política y del sistema de justicia.
Durante la presentación del documento, el mandatario señaló que “el Perú espera que sus autoridades y representantes dejemos nuestros intereses e ideologías particulares y pongamos el hombro para salir de esta pandemia y que logremos la reactivación económica”. Además, remarcó que “debemos asumir el compromiso de trabajar juntos en una sola dirección, trabajemos por la gobernabilidad”.
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En el foro, también estuvieron presentes la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva; gobernadores regionales y ministros de Estado; el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández; entre otras autoridades.
Reforma política
La propuesta más importante es la referida a la vacancia presidencial. De acuerdo al documento, con el fin de “avanzar hacia un mayor equilibrio de poderes” se busca eliminar la causal por incapacidad moral permanente para vacar a un jefe de Estado y sustituirlo por el juicio político. Además, eliminar la cuestión de confianza obligatoria y la cuestión de confianza facultativa.
Otro de los puntos apunta a convocar a un referéndum para volver a la bicameralidad, con un Senado elegido por regiones y por circunscripción única, y con funciones diferenciadas. Así como el eliminar la prohibición de la reelección de congresistas.
También el fortalecer la representación política redefiniendo las circunscripciones electorales y eligiendo un número de representantes proporcional a su población electoral, eliminar el voto preferencial “cuando exista una efectiva democracia interna” y fortalecer a los partidos políticos permitiéndoles definir sus procesos de democracia interna con la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Construcción de un sistema unificado de salud
Esta propuesta plantea construir un sistema unificado de salud que asegure el ejercicio pleno del derecho a la salud y a la seguridad social a través del acceso universal a la atención de la salud que el Estado garantiza, centrado en el bienestar de la persona, las familias y la comunidad, y basado en la atención primaria de la salud con oportunidad, equidad, calidad y calidez, reduciendo sustantivamente el gasto de bolsillo.
Asimismo, garantizar que sea financieramente sostenible, funcione de manera descentralizada en todo el territorio nacional bajo la rectoría del Ministerio de Salud (Minsa) con una gestión transparente, eficaz, eficiente, con articulación intersectorial e intergubernamental, e incluya de manera complementaria la oferta del sector privado.
También, lograr el acceso universal al medicamento, considerado un bien esencial para garantizar el derecho fundamental a la salud, en el que el Estado deberá tener un rol fundamental.
En la reunión participaron el presidente Pedro Castillo; la titular del Congreso, María del Carmen Alva; el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández; entre otras autoridades.
Educación pública y privada de calidad
Asegurar que el proceso de aprendizaje no se interrumpa por la situación de pandemia, atendiendo las diversas necesidades de los actores, y proveer las condiciones materiales que le den soporte. Los objetivos inmediatos que se plantean permitirán, además, sentar las bases para cerrar las brechas y garantizar la igualdad de oportunidades.
Fortalecer las comunidades de aprendizaje a través de acciones como priorizar competencias del currículo nacional adecuado a diferentes ámbitos; impulsar estrategias para la recuperación educativa de los alumnos; asegurar una alimentación nutritiva y soporte emocional; y reconocer al maestro, a la familia y a la comunidad como aliados estratégicos para la educación.
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Planificar proyectos piloto para el retorno a clases presenciales, con la participación de las autoridades locales y de las familias, con cercos epidemiológicos y asegurando las condiciones mínimas de infraestructura (servicios de agua y desagüe), que permitan preservar la salud. Además, promover el cierre de brechas tecnológicas dotando equipos informáticos, acceso a internet y plataformas gratuitas de formación y capacitación para docentes y estudiantes.
Lucha contra la pobreza y la pobreza extrema
La propuesta busca adoptar medidas dirigidas, en primer lugar, a la protección de la vida y de la salud física y mental de la población; asimismo, a luchar contra el hambre, la anemia y la desnutrición, garantizando la seguridad e inocuidad alimentaria y priorizando la producción nacional.
Del mismo modo, asegurar la provisión de servicios básicos como agua potable y saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones en todo el territorio, procurando utilizar las tecnologías más adecuadas, limpias y renovables disponibles.
Desarrollar acciones extraordinarias dirigidas principalmente a quienes no cuentan con medios de subsistencia por efectos de la pandemia, consistentes en la entrega de transferencias económicas en el corto plazo que permitan cubrir sus necesidades básicas, en programas de empleo temporal así como en mecanismos orientados a la generación de empleo digno.
Atender de manera integral a la población en situación de vulnerabilidad, a pueblos originarios y población afrodescendiente, a mujeres de las zonas rurales y urbanas, a víctimas de violencia y a quienes sufren discriminación por cualquier causa, garantizando la participación ciudadana y el acceso a la información pública y la consulta previa a los pueblos originarios como aspectos medulares en la lucha contra la pobreza.
Crecimiento económico sostenible con empleo digno
El documento propone un crecimiento económico sostenible con tasas superiores al promedio regional, orientado al servicio de las personas y de la mejora de sus condiciones de vida, que respete el medio ambiente, que garantice el uso racional de los recursos naturales y que considere procesos de ordenamiento territorial participativos.
Esto conlleva, a su vez, a mantener la estabilidad macroeconómica del país como resultado de una política fiscal sostenible, de una política monetaria autónoma y del manejo responsable de las reservas internacionales.
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Generar empleo digno, avanzar hacia la formalización e impulsar la innovación a través de políticas sectoriales que, junto con la inversión privada, generen incentivos para la diversificación y el aumento de la productividad en actividades de amplio impacto en empleo e innovación tecnológica.
Asimismo, desarrollar políticas de inclusión económica y financiera y de formalización de las Mipymes, que consideren programas de capacitación, conectividad y apoyo técnico y productivo. Del mismo modo, invertir en capacidades humanas, con una perspectiva integral que vaya desde la escuela hasta la capacitación en el trabajo.
De igual modo, centrar la recuperación de la economía en la promoción de la inversión pública y privada y en el apoyo al ingreso de los hogares mediante créditos oportunos y accesibles para las micro, pequeñas y medianas unidades productivas urbanas y rurales.
Reforma del Sistema de Administración de Justicia
En cuanto a este punto, se busca el acceso a una justicia oportuna y predictible, con operadores probos que adopten decisiones independientes y justas, con respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y las diferencias culturales, para lo cual se impulsará el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
Promover operadores idóneos mediante procesos de selección transparentes y meritocráticos; reduciendo la provisionalidad; fortaleciendo la Academia de la Magistratura; regulando la conducta de los abogados; y estimulando el interés de los estudiantes de Derecho por la carrera judicial y fiscal, así como involucrándolos en la atención jurídica gratuita como parte de su formación.
Luchar contra la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público impulsando las autoridades nacionales de control; fortaleciendo los subsistemas anticorrupción; consolidando la transparencia; adoptando el ISO antisobornos; y controlando la gestión de los despachos. Por otro lado, fortalecer el Ministerio Público para combatir el crimen organizado.
