Pica News entrevistó al abogado en materia ambiental, quien sostuvo que es poco serio que la Cancillería cuestione su ratificación, cuando fue este ministerio el que llevó adelante su negociación
El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el “Acuerdo de Escazú” no atenta contra nuestra soberanía, ni debilita las instituciones peruanas. Así lo aseguró a Pica News, el abogado en materia ambiental César Ipenza.
“Este acuerdo no se ha negociado entre gallos y medianoche, ha sido un proceso largo de negociación. Hubo un proceso previo el año 2012, pero empezó formalmente el 2015, a raíz de una reunión en la Cancillería en Lima en la que diversos países decidieron negociar el esquema de lo que sería el Acuerdo de Escazú, que culminó en marzo de 2018 cuando se adoptó el texto en Costa Rica. Por eso se llama Acuerdo de Escazú, ya que antes se denominaba el Acuerdo del Principio 10”, aseguró Ipenza.
Según el abogado ambiental, la importancia de este Acuerdo radica en tres grandes pilares: el primero es la posibilidad que todos los ciudadanos tengan acceso a la información sobre los impactos generados en torno a las actividades extractivas que se desarrollan en el país.
El segundo, que con esa información los peruanos pueden participar, proponer y generar mecanismos para mejorar la gestión del Estado. Por último, que a raíz de esos procesos de participación, se podrá acceder a la justicia ambiental cuando se vulneren nuestros derechos.
“Cuando hablo de justicia ambiental no solo me refiero al Poder Judicial, sino que los órganos administrativos, las autoridades y los ministerios puedan tener procedimientos que resuelvan problemáticas y situaciones de contaminación. Más aún cuando, muchas veces, vemos casos de contaminación permanente que afecta a las comunidades y a la población en general y no tenemos respuestas”, sostiene Ipenza.
De acuerdo con el experto, algo que innova este acuerdo es el mecanismo de protección a los llamados defensores ambientales, aquellos que realizan acciones en defensa del medioambiente y que son perseguidos y asesinados por esta defensa. “América Latina y el Caribe tiene más o menos el 70% de muertos en torno a la persecución y el asesinato de gente que realiza acciones en defensa del ambiente”, agrega.
Simples excusas
Aquellos que se oponen enfáticamente a la ratificación del Acuerdo de Escazú, tienen como principal argumento que este afecta la soberanía peruana al imponer nuevas normas. Pero, contradictoriamente, sostienen que el Estado ya cuenta con el marco normativo que se menciona en el acuerdo, por lo que este se hace innecesario.
Al respecto, Ipenza asevera que el Acuerdo de Escazú es muy explícito al señalar en su artículo 3, inciso i), que los estados son soberanos sobre sus recursos, ergo, que estos disponen libremente, en base a su soberanía, los recursos que poseen en sus territorios.
“Lamentablemente muchas personas repiten argumentos sin siquiera haber leído el texto o entender qué significa este acuerdo. Yo les pediría a ellos que lo lean, está escrito en español”, indicó el especialista.
Asimismo, añadió que en el Perú existe una gran problemática en torno a las actividades extractivas, parte de la cual está directamente vinculada a los conflictos socio ambientales, tal como lo reporta la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, Ipenza refirió que el Acuerdo de Escazú, de ninguna manera, debilita la labor de alguno de los ministerios, como del Ambiente o Cultura; por el contrario permitiría afianzar la necesidad de contar con autoridades y órganos administrativos y judiciales con conocimientos en materia ambiental.
Poco serio
El abogado en temas ambientales también se pronunció sobre la actuación del canciller Mario López, quien envió una carta al Congreso de la República, cuestionando la ratificación de este Acuerdo.
“Me genera mucha preocupación la política poco seria del actual gobierno, ya que quien llevó adelante la negociación, desde sus inicios, ha sido la Cancillería con el Ministerio del Ambiente. Es más, la visión del Acuerdo de Escazú se definió en Lima en la sede de la Cancillería peruana”, declaró.
Ipenza recordó que el 27 de setiembre de 2018, la entonces ministra del Ambiente Fabiola Muñoz -en representación del Estado peruano y con anuencia de la Cancillería- firmó este acuerdo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que no se entiende el cambio de posición del gobierno justo ahora, cuando el parlamento tiene poco más de dos meses de plazo para ratificarlo.
“Debo precisar que el Acuerdo de Escazú fue remitido al Congreso formalmente; por lo que, estando el proceso de ratificación en otro poder autónomo del Estado, el canciller poco o nada tenía que hacer. Que anuncie una evaluación de una negociación que ya fue evaluada con muchísima anticipación evidencia que nuestra política exterior resulta cada día más lamentable”, recalcó.
El especialista en temas ambientales aseguró que es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú, ya que garantiza la participación ciudadana, el acceso a la información y a la justicia ambiental. Y, añadió, que toda la oposición que ha generado su aplicación evidencia que “ciertos grupos de poder” que siguen “gobernando” el país, buscan impedir que todos los peruanos tengan voz y voto en las decisiones del Estado.
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