Informe de Auditoria de Cumplimiento contempla a funcionarios con presunta responsabilidad administrativa y penal
La Contraloría General de la República identificó que el Gobierno Regional de Junín aprobó y canceló a un consorcio la cantidad de S/. 8 250 541,00 comoadelanto para los materiales de construcción del Hospital de Apoyo “Manuel Higa Arakaki”, el mismo que debió levantarse en Satipo (Junín).
Sin embargo, debido a un cambio de ubicación actualmente se ejecuta en el distrito de Río Negro. También detectó que esta obra se realiza sin el expediente técnico de acuerdo a las condiciones y características del nuevo lugar de edificación, que tiene un avance físico del 7%.
El Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 007-2021-2-5341-AC (realizado entre el 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2020), indica que el desembolso de dinero “afectó el normal y correcto funcionamiento de la administración pública”, debido a que el contratista mantuvo a su disposición más de S/. 8 millones que no fueron destinados a la finalidad establecida, que consistió en la ejecución de la obra principal en la ciudad de Satipo.
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La Contraloría también comprobó que funcionarios de la entidad regional de Junín, viabilizaron el otorgamiento del adelanto para los materiales de construcción mediante dos comprobantes de pago por S/. 7 920 519,00 y S/. 330 022,00, representando el 7.4% del monto del contrato original
Asimismo, la Comisión de Control evidenció que el adelanto de dinero se aprobó a pesar del informe del Supervisor del consorcio, quién señaló que no procedía autorizar el adelanto para materiales porque no se encontraba definida la documentación técnica y física en el nuevo terreno, ubicado en la urbanización Las Palmeras (Río Negro).
Esta situación, ocasionó prórrogas en el inicio del plazo e interrupciones posteriores en la ejecución de obra en perjuicio de la población beneficiaria de más de 234 mil pobladores de la Selva Central.
El informe fue enviado al Gobierno Regional de Junín para el inicio de las acciones administrativas y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores. Además, la Contraloría puso en conocimiento de la Procuraduría Pública (encargada de los asuntos judiciales de la entidad) estos hechos, para que esta inicie las acciones legales contra cuatro funcionarios con presunta responsabilidad administrativa y de ellos, a dos con presunta responsabilidad penal.
Cabe señalar que este hospital comenzó a construirse el 24 de agosto de 2019 y la fecha de culminación estaba prevista para el 15 de febrero 2021. Sin embargo, seis meses después del plazo límite solo tiene un avance físico de ejecución del 7%.
