Por: Cesar Ortiz Anderson (presidente de Aprosec)
Experto en seguridad ciudadana
Una de las principales consecuencias que nos dejará la pandemia que azota el mundo entero este 2020 es la fundamental importancia que sigue adquiriendo en forma creciente la seguridad preventiva en todos los aspectos y campos de la vida y el quehacer social, desde los hábitos y costumbres más simples y rutinarios hasta los protocolos y procedimientos de seguridad más exhaustivos.
Por esta razón, que obedece al efecto transversal del Covid-19, estamos convencidos que la seguridad preventiva debe tener una dimensión política para afrontar la pandemia; es decir, ser asumida como una política de estado, dentro del nuevo y complejo concepto de “Seguridad Integral”, hoy la prioridad es la S.S.E: Salud, Seguridad y Economía.
Colapso social por la pandemia
El nuevo coronavirus está causando los peores estragos en América Latina. Según la estadística del subregistro del promedio anual de fallecidos, Ecuador, Perú y Brasil tienen las más altas cifras a nivel mundial contabilizadas a mediados de julio. México y Chile también están en la lista de los diez países más afectados.
El gobierno acaba de firmar un convenio con 11 clínicas, que es un caso inaudito, una nueva verdad a medias, ya que por medio de ese convenio el Estado pagará 55 mil soles (16 mil dólares aproximadamente) por la atención de cada paciente Covid-19, pero está sujeto a capacidad de la clínica. Las plazas, en total, para las 11 clínicas será de 50 pacientes, en el mejor de los casos 4.1 pacientes por clínica y sujeto a que el Ministerio de Salud emita un documento de referencia, para trasladar al paciente Covid-19. En mi opinión es, a todas luces, una burla ya que la realidad contrasta con los escasos recursos de millones de peruanos que viven en la pobreza y la altísima demanda de emergencia médica.
En la gestión del actual gobierno, ni un solo funcionario público ha sido formalmente denunciado por sobrevaluación de compras pese a que la Contraloría General de la República ha detectado casos de corrupción, como las malas compras realizadas en la gestión del exministro del Interior Carlos Morán, reemplazado en plena cuarentena, y que dejaron más de 15 mil contagiados y decenas de muertos en el cuerpo policial.
El Sistema Penitenciario también se encuentra en serios problemas, los Municipios han reducido la cantidad de Serenos, tenemos a una delincuencia que cada día está actuando con más violencia en diversos puntos de la ciudad.
Al levantar la cuarentena, el gobierno planteó una responsabilidad compartida con la población. Optando por una solución pragmática, ante el precario e incipiente sistema de salud ya colapsado que poco o casi nada más podrá hacer, y presionado por el peligro de un desastre social, el gobierno prefirió privilegiar la reactivación económica, laboral y empresarial.
Pero, el Perú no cuenta con los recursos ni con la infraestructura para implementar los sistemas de prevención que ya se vienen utilizando intensamente en países como China o España, monitoreando al milímetro a la población para evitar o detener rebrotes del virus.
En el análisis de la pandemia a nivel global, el caso del Perú es icónico y representa la improvisación, la falta de preparación y los problemas morales propios de las sociedades latinoamericanas. Habiendo sido uno de los primeros países en el mundo en imponer restricciones sociales, estado de emergencia, toque de queda y cuarentena generalizada, cinco meses después de haberse registrado el primer infectado de Covid-19, somos el tercer país en el mundo en cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Mientras el gobierno intenta interpretar los datos y las estadísticas explicando una realidad que no coincide con la contabilidad de fallecidos que llevan ONG y agencias privadas especializadas, ni con la realidad que se observa a diario en los hospitales.
Aquí puede leer la segunda parteAuthor
- Tags: corrupción, Covid_19, cuarentena, Ejecutivo, pandemia, Seguridad ciudadana
