Por: César Ortiz Anderson
Especialista en Seguridad Ciudadana y presidente de Aprosec
En una entrevista el 2019, señalé que el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”, aprobado en ese entonces por el Gobierno central, iba a demorar para tener una respuesta positiva porque la percepción de inseguridad en Lima dada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) tenía un muy alto 91%, -en ese año-, que nunca antes habíamos tenido.
Con el reciente informe del INEI sobre seguridad ciudadana publicado el 30 de junio, estas afirmaciones se confirman. Según el estudio, “en el semestre noviembre 2020-abril 2021, el 82,3% de la población de 15 y más años de edad percibió que en los próximos 12 meses puede ser víctima de algún hecho delictivo (…) En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao ascendió a 90,3%”.
Estas cifras pueden explicarse por factores ajenos al Plan implementado el 2019, y están vinculados directamente a la pandemia del coronavirus: Durante la primera ola se registró un considerable descenso de la criminalidad debido a las medidas de distanciamiento social, cuarentena, toque de queda y mayor presencia de la Policía y de las FF.AA. en las calles.
Sin embargo, al levantarse la cuarentena en julio de 2020, el impacto de la crisis social generada por la pandemia afectó profundamente la seguridad ciudadana, básicamente por efecto del aumento del desempleo, la crisis económica, el cierre de establecimientos y negocios, la caída del poder adquisitivo; vectores que se siguen agudizando este 2021, incidiendo en el aumento de la criminalidad.
Pero, la crisis económica no es el único factor que ha ocasionado que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no tenga el efecto esperado. A las condiciones de aumento de la pobreza debemos responsabilizar de la escasa efectividad de este documento, a la falta de compromiso de los gobiernos regionales y locales debido, principalmente, a la poca capacitación y preparación de sus encargados de seguridad ciudadana.
Por otro lado, señalar que este Gobierno nunca tuvo una clara política de Estado antidelito urbano; además, careció de un adecuado liderazgo en el sector Interior y ello se reflejó en la ausencia de planes, estrategias y diseños convenientes. Esperamos que el próximo Ejecutivo se comprometa desde el principio a sentar las bases adecuadas para empezar a reducir gradualmente el número y frecuencia de los delitos que hoy inquietan y atemorizan a la ciudadanía.
