Por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio y fraude procesal al haber reutilizado 27 ‘vouchers’ en los pedidos de nulidad
El abogado José Luis Saavedra Barrantes y el ciudadano Pavel Gabriel Tapia Romero denunciaron a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y a Milagros Takayama, vocera de este partido, por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio en la modalidad perturbación del proceso electoral y contra la función jurisdiccional en la modalidad falsa declaración en procedimiento administrativo.
A través de un documento ingresado el 22 de junio a la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, ambos solicitan se abra investigación preliminar contra las denunciadas también por los presuntos delitos de fraude procesal y contra la fe pública en la modalidad falsedad genérica en agravio del Estado: a Fujimori Higuchi, en su calidad de autor mediato, y a Takayama Jimenez, como coautor.
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27 ‘vouchers’ repetidos
Entre los motivos se adjuntan el haber presentado un aproximado de 760 solicitudes de nulidad de mesas de sufragio en diversos jurados especiales electorales “con el propósito de desconocer los votos de la ciudadanía”, sobre todo de la sierra y selva del Perú. Además, porque, hasta el 11 de junio, se detectaron 27 ‘vouchers’ de pago reutilizados en diversos expedientes de nulidad “a fin a que sean calificadas y admitida a trámite”.
“Es necesario precisar que uno de los casos el ‘voucher’ ha sido fotografiado y editado con diferente calidad de imagen, de ello, se advierte habrían actuado en forma dolosa y fehaciente con la plena finalidad de inducir a error al ente electoral, ya que con esta conducta deviene en perjuicio al Estado peruano”, precisan.
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Los denunciantes recuerdan que el bien jurídico penalmente protegido es el ejercicio del derecho de sufragio y la voluntad popular, y que las acciones mencionadas al desarrollarse en el marco de las elecciones presidenciales “ponen en riesgo la convivencia democrática”. La misma que “significa aceptar las reglas de juego” y no tratar de “torcerlas al antojo para beneficio propio o para justificar actitudes en defensa de intereses sectoriales”.
Por otro lado, aseguran que las personas cuyos DNI figuran en los ‘vouchers’ “utilizados en forma maliciosa en más de dos solicitudes”, estarían inmersos en el grado de cómplice primario, por lo que serían merecedores de la misma pena. Sin embargo, señalan que, en este caso, “podemos estar ante un posible delito de que si la persona podría haber sido víctimas de usurpación de identidad”.
