El representante del Ministerio Público ante el JNE tiene un rosario de investigaciones que incluyen presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito
El último “escándalo” surgido en el interminable cuento del “fraude electoral” que el fujimorismo quiere imponer como agenda tuvo a un nuevo protagonista. En esta ocasión quien acaparó toda la atención fue el fiscal supremo Luis Arce Córdova, tras “declinar” de seguir como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Según Arce Córdova, su decisión se debió a tratar de evitar que sus “votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política”.
El fiscal supremo, desde un inicio, se mostró de acuerdo con el pedido de Fuerza Popular de exigir a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la entrega del padrón de electores (aunque vaya contra la ley). Además, votó a favor de las apelaciones a las anulaciones de mesas de sufragio hechas por ese partido.
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El legajo Arce
No es la primera vez que Luis Arce Córdova se encuentra en medio de una tormenta pública. En junio de 2020, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario en su contra por sus audios que con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza.
Para la JNJ, Arce Córdova habría vulnerado su “conducta intachable” al haber aceptado ayudar a Hinostroza en un caso de vacancia del exalcalde de Carmen de la Legua, Raúl Odar Cabrejos, de acuerdo a una llamada telefónica interceptada en abril de 2018. Por esto, ya hay un informe final por debatir que podría acabar en su destitución.
Pero la JNJ no es la única que investiga a Arce Córdova. El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene una carpeta fiscal donde se han acumulado todas las denuncias en contra de este por presunto tráfico de influencias en el JNE, a raíz de las revelaciones del caso también conocido como “Lava Juez”.
Por su parte la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla abrió, en marzo de 2020, otra investigación contra el fiscal supremo por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho. La investigación incluye a Moisés Arce Córdova, juez superior de la Corte de Ucayali, y Nelton Arce Córdova, funcionario del Gobierno Regional de Ucayali; ambos hermanos de Luis Arce.
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No es todo, en enero de ese mismo año, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió una nueva investigación contra Luis Arce por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito entre los años 2011 y 2018.
Y es que, durante se periodo el fiscal supremo adquirió siete propiedades valorizadas en más de S/.1,5 millones, entre las cuales figuran una casa en Surco (que adquirió con un préstamo bancario a 20 años, pero que liquidó en 5 años gracias a varios adelantos de pago), un departamento en Miraflores y otro en San Miguel, además de un terreno de tres hectáreas en su natal Ucayali.
Casa de Luis Arce Córdova en Surco, adquirida en 2011 gracias a una hipoteca de 20 años, pero que terminó de pagar en solo 5 años.
Las compras inmobiliarias, se realizaron en el mismo periodo en que Luis Arce actuó como juez en el conocido caso ‘Petroaudios’, su posterior nombramiento como fiscal supremo y su desempeño como miembro del Pleno del JNE.
Además, de acuerdo con el portal de investigación Convoca, una reciente pericia contable encargada por la Fiscalía de la Nación sobre Arce Córdova encontró que tiene un desbalance patrimonial no justificado de 1 millón 394,302 soles, entre los años 2013 y 2019.
El periodo del análisis comprende desde enero de 2009 a diciembre de 2019. Mientras que el desbalance de los ingresos y egresos del fiscal supremo fue detectado en los años 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. De todos estos años, es el 2017 en el que se registra el mayor desbalance con 651,089 soles, precisamente un año antes de destaparse el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en el que el miembro del JNE estuvo involucrado.
Ahora, con su “declinación” a seguir integrando el Pleno del JNE, Luis Arce podría ser sometido a un proceso sancionador inmediato por parte de la JNJ, por dilatar la proclamación del nuevo presidente de la República; lo que, de acuerdo a expertos, puede demorar hasta 10 días. Mientras tanto, se tendría que designar a su accesitario: Víctor Rodríguez Monteza o Pablo Sánchez.
