Tanto la acusada por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia como su abogada Giulliana Loza podrán asistir a la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada
El juez Víctor Zúñiga Urday, de Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, autorizó que se realice de manera presencial la audiencia de revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra Keiko Fujimori, programada para este lunes 21 de junio a las 3:00 p.m.
“Autorícese excepcionalmente para participar de manera presencial a la audiencia programada a la letrada Giulliana Loza Avalos y la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi, debiendo concurrir a las instalaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada”, se lee en el oficio notificado a las partes.
Resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado.
Loza Avalos envió el domingo 20 de junio un oficio solicitando al Poder Judicial que la audiencia de pedido de prisión preventiva contra su patrocinada se realice de forma presencial para “garantizar el ejercicio pleno y eficaz de la defensa”. Para ello, precisó que“no serían muchas las personas que participarán” y que se respetará el cumplimiento de los protocolos de seguridad para evitar contagios de coronavirus.
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En tanto, el fiscal José Domingo Pérez solicitó esta mañana que se rechace este pedido debido a que, ante los actos de hostigamiento e incitación al odio del que son víctimas las autoridades del Estado, la modalidad presencial podría generar “graves alteraciones del orden público”. Además porque “menoscabaría el derecho de salud de las personas” en el marco de la pandemia del COVID-19.
La audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori se realizará a pedido del fiscal Pérez quien argumenta que la acusada “viene incumpliendo las reglas impuestas” por la sala superior que dispuso su excarcelación en 2020. Una de ellas el no comunicarse con los testigos del caso por presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, lo que incluye a Miguel Torres hoy abogado de Fuerza Popular.
