Recurso interpuesto busca que se cumpla el derecho constitucional a la reparación integral para las víctimas de la política de Estado aplicada durante el Gobierno de Alberto Fujimori
El Poder Judicial Lima admitió a trámite la demanda interpuesta por la presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, por omitir el reconocimiento y garantía del derecho a la reparación por esta violación contra los derechos sexuales y reproductivos cometidos por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
La demanda, presentada el 14 de abril en Lima, busca que se cumpla el derecho constitucional a la reparación a las ciudadanas agrupadas en la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilización Forzada (AVEF) e inscritas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada – REVIESFO. Además, exhorta al Ministerio de Justicia brindar garantías para la participación de las víctimas en el diseño de la política de reparaciones.
Durante el Gobierno de Alberto Fujimori, se esterilizaron a 270 mil mujeres y 22 mil hombres, la mayoría pobres y quechua hablantes.
Esfuerzos por un derecho
La coordinaría del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF), Maria Esther Mogollón, indicó que la resolución del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia se traducirá en un “acto de justicia” cuando se implemente. “Estamos vigilantes a los tiempos que debe cumplir el Ministerio de Justicia, que ha tenido mucha resistencia a cumplir con el derecho a la reparación de las víctimas”, dijo.
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Así también, la presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), Rute Zuniga, indicó que luego de 20 años, con la admisión de esta demanda, “el Estado parece escucharnos”. “Necesitamos que pueda hacerse cargo de los gastos médicos que provocó la política de Estado […] y las reparaciones correspondientes a la educación de sus hijos e hijas de las víctimas”, precisó.
En efecto, en febrero el Gobierno incluyó en la Ley N°31119 el derecho a la reparación de las víctimas de violencia sexual en sus diversas formas durante la época de terrorismo, por lo que les es correspondiente a las ciudadanas víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori: de las 270 mil, solo 2074 pudieron denunciar este delito.
La Fiscalía acusa como responsables al expresidente Fujimori y a los exmiembros de su gabinete. En el pasado, ya se abrieron y cerrado tres investigaciones penales sobre el caso.
Juicio encaminado
En paralelo, el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado lleva un proceso contra el expresidente Fujimori Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por ser presuntos autores inmediatos de la esterilización de miles de mujeres pobres y quechua hablantes como parte del entonces denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
De acuerdo al citado programa de anticoncepción quirúrgica, del total de 270 mil mujeres esterilizadas entre 1996 y 2000, solo el 35% dio su consentimiento. La actual candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, no solo negó las esterilizaciones sino que presentó al Congreso al procesado Alejandro Aguinaga e informó que, de llegar a Palacio, indultará a su padre quien cumple 25 años de prisión por homicidio calificado y corrupción.
