Medida contra la corrupción, presentada por el Partido Morado, necesita votación en una segunda legislatura
El pleno del Congreso aprobó el último lunes, en primera votación, la reforma constitucional que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) acceso directo al secreto bancario. El texto, presentado en julio de 2020 por el parlamentario del Partido Morado, Gino Costa, tiene como finalidad luchar contra la corrupción.
Por 111 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones se aprobó la iniciativa, previamente admitida por la Comisión de Constitución y Reglamento el 27 de mayo. El documento brinda la potestad a la UIF para el acceso directo al secreto bancario, aspecto que, según la Constitución Política solo puede ser efectuado por un juez, fiscal o comisión investigadora en el Congreso.
¿En qué consiste la norma?
La reforma aprobada en primera votación modifica el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política e incorpora que el contralor general de la República y el superintendente de Banca, Seguros y AFP podrán levantar el secreto bancario y reserva tributaria. El primero en el caso de una acción de control respecto a funcionarios públicos, y el segundo sobre reportes de operaciones sospechosas.
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¿Cuál es su aporte?
Según Sergio Espinoza, jefe de la UIF, si una entidad financiera realiza un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre un cliente, la entidad adscrita a la SBS puede analizar esa operación pero no puede pedir información sobre el usuario al resto de entidades financieros debido a la protección del secreto bancario. “Por lo tanto, la UIF está obligada a trabajar con la información de quien hizo el ROS, lo cual es una limitante”, explicó a Andina.
La Unidad de Inteligencia Financiera, entonces, utiliza solo información parcial; sin embargo, con esta modificación se podrá acceder a la información financiera de un cliente reportado por un ente financiero. Espinoza recalca que esta facultad “favorecerá y acelerará la labor de investigación de la UIF sobre presuntas actividades de lavado de activos”.
Nueva legislatura
Al tratarse de una reforma constitucional, la medida deberá aprobarse en una segunda legislatura ordinaria para ejecutarse, por lo que correspondería al siguiente Congreso abalarla. Sin embargo, la congresista Arlette Contreras propuso modificar el reglamento del Legislativo para crear una cuarta y aprobar reformas constitucionales, que hoy fue finalmente aprobada.
Sobre esta medida, diversos constitucionalistas e incluso la propia Defensoría del Pueblo manifestaron sus cuestionamientos sobre la constitucionalidad de incorporar una cuarta legislatura para así introducir reformas adicionales a la Carta Magna. “Sentaría un peligroso precedente que sería utilizado en el futuro para desnaturalizar por completo los procedimientos de reforma constitucional hoy existentes”, expresó la Defensoría.
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“La propia Carta ha fijado procedimientos reforzados para la modificación de sus disposiciones, ello como expresión del principio de rigidez constitucional”, agregó la institución. El objetivo del procedimiento legal para las reformas consiste en aprobarlas (87 votos) en dos legislaturas ordinarias consecutivas, “entendiendo que todo cambio solo pueda ser realizado luego de prolongados períodos de reflexión y debate”.
Camino legal ignorado
Cabe precisar que, la reforma de acceso directo al secreto bancario fue enviada también a la Comisión de Economía del Congreso y dictaminada allí en noviembre de 2020, pudiendo ser debatida y aprobada en la anterior legislatura parlamentaria; empero la Comisión de Constitución no revisó el documento. “Pudo hacerse vía reforma legal, pero Pdte. de Constitución prefirió camino más largo y peligroso”, advirtió Gino Costa, autor del proyecto.
“[Ahora] Deberá ser ratificada por nuevo Congreso, referéndum o cuestionada cuarta legislatura”, agregó en una publicación en su cuenta de Twitter. En efecto, la cuarta legislatura, aprobada hoy en el Pleno, vería las reformas pendientes de bicameralidad y la regulación de la cuestión de confianza, empujadas desde la Comisión de Constitución, presidida por Luis Valdez (Alianza para el Progreso).
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