El pacto oficial deberá ser suscrito por los dos candidatos, de manera pública y tras un diálogo con las instituciones que promueven esta iniciativa
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Bracamonte, indicó que la Proclama Ciudadana, Juramento por la Democracia firmada por la candidata presidencial Keiko Fujimori en un programa televisivo debe tener un “mínimo de formalidad” frente a la ciudadanía y a las cuatro instituciones que promueven esta iniciativa de compromiso con los derechos humanos y la democracia.
Según detalló en Exitosa, es necesario construir primero “un espacio de interlocución con los candidatos y las organizaciones” que han presentado esta Proclama, es decir con la Conferencia Episcopal Peruana, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, Transparencia y la CNDH. “Es lo que tenemos que definir a fin de facilitar este compromiso y anunciarlo al país. […] No hemos hecho contacto con esas dos instituciones [partidos]”, sostuvo.
Firma pública y formal
En esa línea, manifestó que debe existir “un mínimo de formalidad” al momento de firmar el documento porque “probablemente, ya en el ejercicio de poder, ocurra una situación en la que se incumplan estos compromisos”. “[Por ello] la sociedad civil tiene que estar perfectamente informada y documentada para poder emplazar a quien incumpla esta proclama”, advirtió Jorge Bracamonte.
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El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó que todavía están coordinando la manera de que ambos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, firmen los 12 puntos de la Proclama Ciudadana de manera pública. Para que, de esa forma, quede registrado y documentado el pacto con las instituciones que convocan al conjunto de organizaciones en la sociedad civil y a los ciudadanos.
“Esto [la Proclama], si bien lo toman los medios de comunicación, no es para que el compromiso se haga a través de un solo medio de comunicación o a través de las redes sociales, como lo ha hecho el señor Pedro Castillo antes que la señora Keiko Fujimori”, mencionó Bracamonte en referencia a la firma hecha por la candidata de Fuerza Popular el último domingo en el programa Panorama.
La “Proclama Ciudadana, Juramento por la Democracia” es una iniciativa que surgió a instancia de la iglesia católica, en el marco de la amplia desconfianza de la ciudadanía frente a la segunda vuelta electoral. Así, se convocó a la CNDH para definir un texto con 12 lineamientos fundamentales que ofrezcan ofrecer garantías sobre el respeto del sistema democrático, las instituciones, los derechos humanos, al medio ambiente, entre otros.
De concretarse este acuerdo, la candidata Fujimori deberá abandonar una de sus propuestas electorales: indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, usurpación de funciones, corrupción y espionaje. Ya que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos impide indultar a los sentenciados por vulnerar derechos humanos.
Discrepancias con la propuesta
Diversas organizaciones civiles se han pronunciado en rechazo ante esta iniciativa porque consideran que “legitima” y “lava el rostro” al fujimorismo que vulneró derechos humanos durante la década de los años noventa.
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El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), por ejemplo, en su calidad de integrante de la CNDH, remitió un comunicado al secretario ejecutivo de esta red para expresarle su preocupación por el documento.
“Es aún más preocupante que la CNDDHH pretenda asumir un rol mediador y legitimar a la candidata Keiko Fujimori, cuando todas las organizaciones que conformamos parte de esta red venimos luchando frontalmente contra la corrupción y la vulneración de derechos humanos que el fujimorismo a perpetrado en estas últimas décadas”, indica el oficio cursado a Jorge Bracamonte. La organización, además, cuestiona el rol mediador de la iglesia.
“Como organización feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBIQ, organización que defiende la igualdad y el enfoque de género, que acompaña los procesos de justicia y reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas y de violencia sexual en conflicto armado interno, no reconocemos a Keiko Fujimori y su partido político como interlocutores válidos”, expone el comunicado.
“Sabemos que su accionar no es democrático y que los peruanos, estarán en serios riesgos de ser afectados”, añade. En ese sentido, solicitan una rectificación de esta Proclama y solicitan un pronunciamiento “con todas las voces” de quienes integran la CNDH que contenga “un mensaje claro que deslinde con el fujimorismo y de defensa de los derechos humanos y de la Democracia”.
Asimismo, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) se pronunció a través de sus redes sociales para expresar que no participarán de la Proclama Ciudadana, debido a que la candidata Fujimori no ha deslindado del Gobierno de su padre y ha demostrado “de lo que es capaz cuando tiene Poder”, en referencia al comportamiento de su bancada en el Congreso disuelto.
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“Lo que han hecho la CNDH y compañía es lavarle la cara a la dinastía Fujimori”, afirmaron contundentes. “No negociaremos con una dinastía que esterilizó a decenas de miles de hermanas indígenas, que convirtió al Ejército en un comando de aniquilamiento que secuestró, torturó, desapareció, incineró a quienes consideraba opositores”, advierten.
Tras enumerar las estigmatizaciones de terrorismo y el apoyo de excandidatos extremistas que llamar a “matar” al contrincante, la ONAMIAP sostiene que “definitivamente” no le creen a Fujimori Higuchi. “Todo esto no es sino un adelanto de lo que Keiko Fujimori hará de llegar a la presidencia. […] Al lavarle la cara, la “Proclama Ciudadana” está promoviendo esa persecución”, concluyen.
