El Gobierno colombiano ha solicitado al Congreso tramitar de manera urgente un “nuevo proyecto fruto de consensos”
“No a la reforma tributaria”, anuncian firmes carteles desde Bogotá, Medellín y Cali. Desde el miércoles 28 de abril, miles de colombianas salieron a protestar a las calles de sus ciudades en contra de lo que el presidente Iván Duque ha denominado la Ley de Solidaridad Sostenible, pero que, para ellos, se traduce en una reforma tributaria que aprieta a la clase media pero deja a sus anchas a los más ricos del país.
El temor al contagio de COVID-19, en un país que afronta el tercer pico en la pandemia, se extingue frente a la indignación que produce la política presentada por el presidente de derecha al Congreso colombiano, afirman los manifestantes. Desde estudiantes, trabajadores y comunidades nativas han expresado su descontento frente a lo que consideran “la gota que derramó el vaso”.
Los ciudadanos protestaron por cuatro días, pese a que el país registra más de 2 millones 800 mil contagios de COVID-19 y 20 mil nuevos contagios por día, según el Ministerio de Salud.
Y es que, en noviembre de 2019, las fuerzas opositaras y la ciudadanía convocaron a un paro nacional para exigirle a Duque el cumplimiento del proceso de paz con las FARC, medidas de protección a los líderes indígenas asesinados, mayor inversión en educación y la no promulgación de medidas económicas que desprotegen a los jubilados y jóvenes trabajadores. Sin embargo, consideran, esto sigue.
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Norma desigual
De acuerdo al ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquillo, el objetivo de la norma es compensar el déficit fiscal y la deuda pública que tiene el país cafetero como consecuencia del endeudamiento por la crisis sanitaria, económica y social. Así, según se estima, por medio de la recaudación derivada, en su mayoría, de personas naturales (73%) recaudar 23 billones de pesos colombianos.
La iniciativa también aumenta el impuesto a la renta para quienes ganan más de $663 cuando el salario mínimo es de 234$, y coloca un impuesto sobre el valor añadido (IVA), es decir 19%, al agua, luz, gas, servicios funerarios y servicios eléctricos, en un país donde 500 mil negocios ha cerrado y el desempleo supera el 17%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMA) protegiendo la calle donde reside el presidente colombiano Iván Duque ante la congregaron de protestantes en el lugar.
En contra parte, solo el 27% de la recaudación vendrá de las empresas y se dispondrá un impuesto de 1% para los patrimonios de más $1.35 millones y del 2% para los de más $4 millones. La lectura general: la mayor parte de impuestos para apoyar a los más pobres del país (2.3 millones de hogares come dos veces al día, según la DANE) lo pagará una clase media desempleada, mientras los más ricos apenas darán algo.
Economistas de oposición alegan que, este escenario es también consecuencia de las extensiones tributarias que Duque ofreció al sector financiero en reformas pasadas. Es más, sostienen, que se debe eliminar estas extensiones para compensar el golpe a la clase media apretada por la crisis sanitaria y económica, ya que el sector solo ha pagado el 1.9% de sus utilidades ($32 mil millones).
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Ante el desproporcionado criterio de selección, y frente a un ministro de Hacienda que ignora cuánto cuesta una docena de huevos en su propio país, entre manifestaciones pacíficas y disturbios, los colombianos tomaron las calles para exigir que se retire esa ley. El Gobierno, por su parte, respondió con una fuerte represión y el ingreso de las fuerzas armadas para controlar ciudadanos en protesta.
Nativos colombianos derrumban la estatua del español Sebatián de Belalcázar en Cali, durante el primer día de protesta.
Tras cuatros días consecutivos de paro nacional, seis personas murieron producto de la represión: tres en Cali, uno en Neiva, uno en Bogotá, incluido un capitán de la policía en Soacha. Además, 179 civiles y 216 policías quedaron heridos, y se registran otros tres decesos por confirmar, según datos de la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, la organización en defensa de los derechos humanos Temblores contabilizó al menos 10 muertes producto de la violencia policial, 655 detenciones arbitrarias, ocho personas que recibieron agresión en sus ojos y 18 casos de disparos de armas de fuego perpetrados por las fuerzas del orden. Cifras que se suman al funesto tablero de 500 decesos por día y más 73 mil muertes por COVID-19 en lo que va de la pandemia.
Finalmente, tras cuatro días de protestas y seis muertos, el presidente Iván Duque anunció el retiro de la norma ante el Congreso colombiano. Sin embargo, el mensaje de las protestas y su expresión en las redes sociales alertan una severa fiscalización a un Gobierno que además presenta demoras y oculta los datos del plan de vacunación que solo ha cubierto a menos del 10% de la población con una dosis.
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