Ejecutivo observa norma que autoriza retiro de hasta S/. 17,600 de las AFP

A través de un documento enviado al Congreso, el Gobierno planteó una propuesta alternativa a la considerada “inconstitucional”

El Gobierno de Francisco Sagasti observó la autógrafa del proyecto de ley para retirar hasta S/. 17,600 de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La norma, sostiene el Ejecutivo, es inconstitucional y vulnera los objetivos de la seguridad social.

A través de una misiva firmada por el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el Ejecutivo mostró su disconformidad con la iniciativa legislativa que, además, permitiría el retiro del 100% de los fondos a los afiliados mayores de 40 años que no hayan aportado por cinco años consecutivos.

“La autógrafa de la ley, en los términos en los que ha sido aprobada, vulnera el derecho a la seguridad social y el sistema privado de pensiones, en tanto la misma vacía de contenido las protecciones que dicho derecho prescribe, lo cual conlleva a su inconstitucionalidad”, menciona el texto enviado al Congreso.

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Contrapropuesta
De acuerdo al plazo reglamentario establecido, la propuesta deberá regresar al Poder Legislativo para revisar las observaciones realizadas por el Ejecutivo. Estás consisten en ajustar la norma para que se dirija a los trabajadores que no registren aportes por al menos tres meses consecutivos hasta el 30 de abril de 2021.

El Gobierno también ha propuesto que las retenciones judiciales aplicables de hasta un 30% por demanda de alimentos no puedan ser retiradas por los beneficiarios, ya que el permitir que terceros hagan retiros sin la aprobación del titular “supone una afrenta regulada en el artículo 12 de la Constitución Política del Perú”.

También eliminar la disposición que faculta a los mayores de 40 años, sin aportes por cinco años, a acceder al 100% de los fondos porque los “dejaría sin pensión a futuro”. “Se trata de una alternativa que pretende alcanzar un equilibrio razonable”, sostiene el Ejecutivo

“Equilibrio entre la situación económica de aquellas personas que dejaron de trabajar recientemente y las protecciones constitucionales de los fondos que garantizan el derecho fundamental a la pensión”, concluyen. El Congreso aún puede aprobar la iniciativa por insistencia, sin embargo, al ya haberla observado el Gobierno por considerarla inconstitucional, está podría ser derivada al Tribunal Constitucional (TC).