Pese a denunciar el año pasado las amenazas, se convirtieron en las primeras víctimas en lo que va del 2021 de la ilegalidad que reina en la Amazonía peruana
En noviembre viajaron a Lima desde el oriente del país para solicitar al Gobierno garantías frente a las constantes amenazas de muerte que reciben por defender los bosques amazónicos, hoy dos de ellos ya fueron asesinados. Así funciona la trágica rutina de los líderes indígena que protegen el ecosistema de las mafias dedicadas al narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras, en Ucayali y Huánuco.
Indiferencia y abandono
A Herasmo García Grau, líder del pueblo cacataibo de la comunidad de Sinchi Roca, en Ucayali, lo secuestraron, torturaron y asesinaron a balazos. Él desapareció el jueves 25 de febrero mientras realizaba su habitual recorrido por las zonas “para ver si los invasores seguían en esas áreas comunales”. Su cuerpo sin vida fue encontrado por sus compañeros al día siguiente. Tenía 28 años.
García Grau solicitaba con esmero la georreferenciación y actualización de los títulos comunales de Sinchi Rocha, medidas que dificultarían que los traficantes, invasores y demás delincuentes “utilicen la zona como ruta de tránsito para sus negocios ilegales”. Pese a persistir en este objetivo, “la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali se ha negado sistemáticamente a concluir este proceso”, aseguró el líder asháninka, Berlín Díquez.
El 14 de febrero, la vida de Yenes Ríos Bonsano, líder ambientalista de 27 años y miembro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en el límite de Ucayali y Huánuco, también fue apagada vilmente. Ríos era voluntario del comité de vigilancia y control forestal en su comunidad, opositor de la deforestación, y promotor de la titulación de los territorios para darles protección jurídica y evitar que los taladores ilegales los compren o invadan.
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“Nosotros somos los protectores del medio ambiente”, le dijo a Díquez dos días antes de morir. En diciembre, el líder asháninka, en su calidad de presidente de la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), ya había denunciado ante los ministros del Interior y de Justicia, y la Fiscalía que seis líderes amazónicos estaban amenazados de muerte, pero no obtuvo respuesta. ”El Estado es indolente ante tantas cosas que estamos pasando”, reclama.
Acciones efectivas
Tras informar ambos asesinatos, el presidente de ORAU ha exigido a las autoridades peruanas leyes que protejan “de verdad los derechos colectivos y de territorio”. De igual modo, ha solicitado una reunión multisectorial con funcionarios de diversos ministerios para resolver la falta de georreferenciación y la existencia de pistas de aterrizaje del narco a las autoridades.
Según detalla, “todos conocen y saben, sobre todo la policía, pero no hay acciones” porque “hay mucha corrupción”, por ello, exigen “acciones urgentes y efectivas”, como que el Estado desactive las bandas criminales ligadas al narcotráfico por cultivo de coca. “Pedimos declarar en emergencia la región Ucayali y la provincia de Puerto Inca ante la impunidad del tráfico de tierras, de madera y de droga que avanza en nuestra región amazónica”, exhortó.
El dirigente Berlín Diquez participó el viernes 26 de febrero de una reunión con los representantes del Ejecutivo para exponer la problemática en la zona.
Muertes impunes
De otro lado, el confinamiento social por la pandemia por COVID-19 no es el mejor aliado de las comunidades amazónicas ya que las organizaciones delictivas ganan terreno y difunden amenazas a quienes se atreven a enfrentarlos. Cuatro líderes fueron asesinados durante este periodo: Arbildo Meléndez, también del pueblo cacataibo; Gonzalo Pío, de Junín; Lorenzo Wampagkit, de Amazonas, y Roberto Carlos Pacheco, de Madre de Dios.
“Mientras nosotros acatamos las medidas del Gobierno por la pandemia, estos ilegales siguen avanzando con sus ambiciones en territorios de comunidades tituladas y otras no tituladas por problemas en el Ministerio de Agricultura [que emite los títulos de propiedad de la tierra]. Éstas son más propensas a que continúen bajo amenazas”, lamentó Berlín Díquez.
El líder indígena Arbildo Meléndez fue asesinado el 12 de abril, durante el Estado de Emergencia por la pandemia de COVID-19.
En regiones como Ucayali, Amazonas y Madre de Dios las amenazas por oponerse a deforestación y el narcotráfico son una constante; además, “la policía solo da protección en las ciudades”, alertó Ricardo Pérez, miembro Amazon Watch. A raíz de estos asesinatos, las organizaciones amazónicas temen por la vida del apu Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), quien volvió a recibir amenazas.
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Según el informe ‘Socavando derechos’, del Observatorio de la Organización Mundial contra la Tortura y la FIDH, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde el 2011 al menos 220 defensores ambientales fueron asesinados en Perú y otros 960 fueron criminalizados. El líder asháninka Berlín Diquez precisa que, según la autoridad forestal, 42 mil hectáreas fueron deforestadas tan solo en el 2020 producto del narcotráfico.
En julio de 2020, también fue asesinado el líder cacataibo, Santiago Vega Chota. La comunidad es amenaza por el avance de narcotráfico.
Acciones integrales
Pese a los discursos de apoyo y las propias recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre corrupción y violación de derechos de defensores indígenas, las autoridades peruanas no han podido proteger a estas personas. La jefa del programa de Pueblo Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo, sostiene que con la actual normatividad es muy poco lo que puede hacer el Ministerio de Justicia.
“Se requiere de manera urgente la aprobación de un mecanismo integral, que vincule a todas las entidades competentes”, apuntó. Precisamente, el año pasado el Congreso rechazó el acuerdo en materia ambiental más importante de la región: Escazú, iniciativa que establece estándares para optimizar y garantizar los derechos de justicia ambiental, que incluyen disposiciones específicas para la protección a los defensores.
Los congresistas alegaron que el Acuerdo podría afectar la soberanía amazónica del Perú, pese a que el propio documento enfatiza en el respeto e independencia de los recursos de cada Estado y ni menciona la palabra Amazonía. El próximo Parlamento podría debatir de nuevo este proyecto, mientras que, en el oriente del país la indiferencia y el abandono son las constantes.
