De acuerdo a dos fuentes de la Cancillería, el Comité Multisectorial “nunca tuvo la intención de firmar” el acuerdo con Pfizer hasta cerrar la compra con el laboratorio chino
El lote de 3,200 dosis adicionales de vacunas otorgados por Sinopharm para los ensayos clínicos, con el que se inmunizó a funcionarios públicos, políticos, empresarios y hasta sus familiares, “tuvo un efecto de soborno” que favoreció al laboratorio chino en la carrera por la compra de las vacunas contra el COVID-19, reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Entramado de negocios
De acuerdo a la lista entregada por la Universidad Peruano Cayetano Heredia (UPCH), ocho de los 18 miembros del Comité Multisectorial de alto nivel, responsable de negociar la compra de los fármacos y cerrar los contratos con las farmacéuticas, fueron vacunados a escondidas con el lote de Sinopharm que ingresó al país el 2 septiembre. Entre ellos destacan la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete.
Según dos fuentes del semanario, este equipo de trabajo “nunca tuvo la intención de firmar” otros contratos más avanzados, como el de Pfizer/BioNTech, “hasta finiquitar primero el acuerdo con los chinos que ya habían distribuido sus dosis entre los funcionarios responsables de comprar las vacunas”.
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Registros del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguran que Pfizer envió el proyecto de contrato para la compra de 9.9 millones de vacunas el 23 de noviembre, comprometiéndose a enviar 50 mil dosis para diciembre, dos meses antes del inicio de la vacunación oficial en Perú. El documento debía firmarse el 30 de ese mes, sin embargo la Cancillería lo postergó alegando cláusulas impuestas que “vulneraban la soberanía de nuestro país”.
El expresidente negó, pese a las pruebas, haber sido vacunado de manera irregular. El lunes 15 de febrero, mostró una cartilla sin el código de barras que les corresponde a los voluntarios de los ensayos clínicos de Sinopharm.
Pfizer exigía inmunidad para el laboratorio estadounidense y sus subsidiarias a nivel mundial en caso de que los fármacos provoquen efectos secundarios en los ciudadanos, asimismo, la posibilidad del embargo de cuentas y propiedad del Estado peruano, si Perú incumplan con los pagos señalados. Empero, la fuente señala que el embajador Jorge Jarama Alván “bloqueó la firma del contrato final con Pfizer, el 30 de noviembre del año pasado”.
“[Jarama] se pronunció, finalmente, a favor de cerrar el negocio con Sinopharm para la adquisición de 38 millones de vacunas chinas, a un costo unitario mayor que el ofrecido por los demás laboratorios”, agrega la fuente. Jarama Alván, conocido como el “zar de las vacunas”, era director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, brazo derecho de la excanciller Elizabeth Astete y miembro del Comité Multisectorial.
Juego de vacunas
Según Germán Málaga, exjefe de los ensayos clínicos en la UPCH, él y Julio Castillo Solórzano, exasesor en vacunas e inmunización del Ministerio de Salud (Minsa) eran los “enlaces” que elegían a quienes se inmunizaba con los fármacos. En efecto, el embajador Jarama, en su calidad de “enlace” con la Embajada China, decidió “qué funcionarios o invitados del Ministerio de Relaciones Exteriores debían ser inoculados con las vacunas de Sinopharm”.
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Por ello, aprovechó para vacunar, aparte de él, a su esposa Darlene Mendizábal, a su cuñado Víctor Francisco Mendizábal y hasta a su suegra Violeta Quiñones viuda de Mendizábal. Junto a él se inmunizaron otros siete funcionarios de la Cancillería: la exministra Astete; el exjefe del gabinete de asesores, Javier Sánchez-Checa, y el exsecretario general de la Cancillería, el embajador Francisco Tenya Hasegawa.
Según la fuente, el embajador Jorge Jarama Alván (al medio), conocido como el “zar de las vacunas”, decidía “qué funcionarios o invitados del Ministerio de Relaciones Exteriores debían ser inoculados con las vacunas de Sinopharm”.
Asimismo, el exdirector general de Asia y Oceanía, Manuel Gonzales Chávez; el exdirector de protocolo, Jorge Efráín Lazo Escalante; el ministro consejero, Óscar Suárez Peña, y la asistente Claudia Halabi Almeyda. La fuente del Ministerio afirma que “el grupo negociador recibió un lote de vacunas, las tuvo en su poder y dispuso de ellas”.
“Tenían estas vacunas chinas y las ofrecían entre ellos como si fueran bocaditos. ¿Te apetece?, ¿quieres servirte una o dos dosis? Así las repartían. Algunos aceptaron, otros no”, narra la fuente al semanario. Por su parte, Castillo Solorzano fue el responsable de elegir a los 50 funcionarios y “cercanos” del Minsa a los que se administró el fármaco.
Según Hildebrandt, Castillo realizó las “gestiones necesarias” para que la exministra de Salud Pilar Mazzetti, su chofer Juan Carlos Asencio Bermúdez y Rita Abanto Rojas, amiga y colaboradora cercana de Mazzetti, “fuesen inmunizados en secreto con las dosis de cortesía”. Gracias a él también se vacunaron también el excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga y su esposa Sonia Weber, y la exministra de Salud, Patricia García.
El médico cirujano y “representante alterno” de Mazzetti en el Comité se opuso a que el Gobierno de Vizcarra suscriba un “convenio vinculante” para que AstraZeneca/Oxford envié un lote de vacunas de emergencia. El motivo: el laboratorio británico proporcionó “información insuficiente” sobre la muerte de un voluntario de los ensayos en Brasil y sobre dos casos de “mielitis transversa” de los estudios en el Reino Unido.
El contralor general Nelson Shack informó que se detectaron 26 grupos familiares en la lista de vacunados otorgada por el exjefe de los ensayos clínicos, Germán Málaga.
Otros miembros del Comité Multisectorial que se vacunaron en secreto fueron el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Orestes Cachay; el vicerrector de Investigación de la UPCH, Alejandro Bussalleu, y el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros en el equipo de las vacunas, Rafael Suárez Peña.
Dosis restantes
La Contraloría General de la República informó que de la lista de 487 personas, solo se identificó a 471, de las cuales 122 son altos funciones. Según lo expuesto por Germán Málaga, de las 3,200 dosis adicionales del fármaco experimental de Sinopharm que ingresaron vulnerando la normativa vigente, 1,200 dosis fueron entregadas a la Embajada de China en el Perú -cuya delegación diplomática “no llega a las 250 personas”.
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Doscientas dosis se enviaron a la UNMSM, cuyo responsable es el investigador Eduardo Ticona, y la UPCH se quedó con 2,000. Según la data, se aplicaron 942 dosis para inmunizar a 471 personas, que incluyen a la esposa e hija de Málaga y a seis familiares del exviceministro de Salud Luis Suárez-Ognio, quien se vacunó tres veces. Por ello, se desconoce el destino exacto de las 858 vacunas restantes que quedaron en poder de Málaga.
El Ministerio Público ya abrió una investigación por delitos de aprovechamiento indebido del cargo y concusión contra los implicados, lo que podría llevar al expresidente Martín Vizcarra y varios funcionarios a la cárcel. Según la hipótesis fiscal este sería un caso de corrupción al más alto nivel con el único objetivo de beneficiar al laboratorio chino.
Los otros países que, aparte del Perú, aprobaron la vacuna de Sinopharm son China, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Pakistán, Egipto y Jordan.
La compra del primer lote por un millón de dosis de Sinopharm se suscribió el 7 de enero por un monto de 94 millones de soles, convirtiendo al laboratorio en el primero en firmar un contrato millonario en la región. La directora ejecutiva de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la Digemid, Sofía Salas, también fue inmunizada antes de autorizar el importe “de manera rápida y excepcional” de este lote.
El médico epidemiólogo Mateo Prochazka sostiene que los investigadores del estudio se hayan aplicado la vacuna experimental “fuera del ensayo clínico” indica que tuvieron información de antemano para pensar que esta “era segura y presuntamente eficaz”. “Si esto fuese así, ¿por qué entonces llevaron a cabo un ensayo clínico con 12,000 voluntarios en el Perú?”, cuestiona.
“Lo sucedido significa que los miles de voluntarios que recibieron el placebo pusieron sus vidas en manos de un experimento mal justificado”, dijo. Según Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la pandemia de COVID-19 en el Perú cobró la vida de 100 mil 435 personas, entre 310 médicos, 125 enfermeras y 525 policías, y para que la vacuna funcione se necesita inmunizar al 70% de la población, de los cuales se aplicó a 118,656 ciudadanos.
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