Informe del Mininter identifica la línea de mando en las marchas de noviembre

El documento exhorta a la Fiscalía a investigar y establecer responsabilidades penales por los dos ciudadanos muertos y los más de 200 heridos

El informe de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (Mininter) concluyó que hubo un “uso indiscriminado e injustificado de la fuerza” por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las marchas de noviembre contra el régimen de Manuel Merino de Lama. Además, identificó la cadena de mando en los lugares donde murieron Inti Sotelo y Bryan Pintado y determinó que existieron planes operativos deficientes.

Fuerza desproporcionada
El documento afirma que la PNP usó municiones no letales como gases lacrimógenos y perdigones de goma de manera indiscriminada y desproporcionada contra los manifestantes.

Asimismo, expresa que, según los planes operativos del 12 y 14 de noviembre, el uso de material antidisturbios solo podía ser autorizado por el Jefe o Comando Operativo, y “únicamente después de haber agotado los medios de persuasión”.

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“Puede presumirse razonablemente que el uso de armamento no letal contra los manifestantes fue ordenado o, por lo menos, permitido por los oficiales al mando de las operaciones policiales”, indica el informe. Según los registros de las unidades policiales que participaron en los operativos de ambos días, se empleó en total 2,908 municiones no letales y 4,259 bombas lacrimógenas. 

En un estimado, elinforme de la Oficina de Asuntos Internos del Mininter menciona que los enfrentamientos entre los manifestantes y la PNP duraron dos horas. Es decir, los efectivos realizaron 14 disparos de perdigones y 20 de gases lacrimógenos por minuto el 12 de noviembre; y 10 disparos de perdigones y 15 de gases lacrimógenos por minuto el 14 de noviembre. De otro lado, se analizó el registro audiovisual del 9 al 14 de noviembre.

Este evidenció que “un uso del armamento no letal que no está dirigido a dispersar a la multitud sino a atacar a los manifestantes”, incluso a personas “que no representaban ningún peligro para la policía o terceros” como brigadistas de la Cruz Roja y periodistas.

l informe recoge que más del 70% de heridos tenían lesiones en la parte superior del cuerpo, como afirmó la Defensoría del Pueblo, por tanto, concluye que se usó armamento de “un modo que representaba un claro peligro potencial contra la integridad de las personas”.

Municiones no autorizadas
Sobre el uso de perdigones de plomo o canicas que hirieron y provocaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, el documento manifiesta que no existe registro de incautación de escopetas o armas hechizas a los ciudadanos, ni testimonios, ni fotos y videos que los muestren usándolas. Empero, tampoco encontró perdigones que no sean de goma en los almacenes policiales inspeccionadas por la Fiscalía.

Por tanto, la inexistencia de esta clase de proyectiles no autorizados en los almacenes de las unidades policiales, formula la hipótesis de que los cartuchos utilizados no formaran parte de la dotación oficial de armamento proporcionado por la Policía, sino que “hayan sido posesión individual de los autores de los disparos”. 

De otro lado, comprueba que las muertes y lesiones graves fueron producidas por perdigones de goma y de vidrio endurecido, y que “al menos en un caso, el disparo fue realizado por una escopeta del tipo que es usado por la Policía Nacional del Perú”. La Fiscalía es la encargada de encontrar responsabilidades penales y debe ejecutar todas las indagaciones para determinar de dónde vino la munición, acota el documento. 

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Planes operativos deficientes
Tras analizar los planes operativos de la PNP, la Oficina de Asuntos Internos concluye que “existe una presunción razonable que los días 9, 10, 11 y 13 de noviembre los efectivos actuaron sin un plan u orden de operaciones previamente diseñado”. Mientras que los planes de los días 12 y 14 de noviembre “no establecen con claridad la organización y línea de comando de las unidades policiales involucradas”.

Tan solo el plan para los días 9 y 10 de noviembre fue elaborado y aprobado recién el 11 del mismo mes, y el del día 12 designó como jefe Operativo del Congreso y Palacio al coronel PNP Carlos Villafuerte Salas, pero no contó con un comando Operativo en la estructura organizacional, ni se estableció ante quién tendría que reportar. Tampoco se desarrolló el acápite de “Administración” sobre la logística: efectivos, material antidisturbios, etcétera.

El informe señala que “esta omisión no es menor”, por cuanto pudo tener como consecuencia que, en la ejecución del plan, la asignación y uso de los lacrimógenos y perdigones de goma de la policía “habrían estado determinados por la discreción de cada grupo o jefe de equipo”, “lo que habría contribuido a un uso indiscriminado de los mismos, sin obedecer a una acción debidamente planificada y determinada”.

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Lo mismo acompañó al plan del 14 de noviembre: sin línea clara de comando, sin mención de cantidad de efectivos, uniforme, medios logísticos, entre otros. Ese operativo dividió el centro en siete sectores, en lugar de dos y nombró a Villafuerte como jefe del Operativo, dejando sin mando al coronel Perry Tenorio, a quien las cámaras grabaron en la zona, por lo que se desprende que “no tuvo conocimiento o desacató deliberadamente”.

Por tanto, se concluye que la ausencia de una línea de comando clara y formalmente establecida “habría tenido necesariamente un impacto negativo en la conducción y ejecución de las acciones para el control del orden público”. Como resultado, se incumplió con de lo dispuesto en el Manual de Derechos Humanos y en el Manual de Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público.

El documento exhortó a la Fiscalía investigar si hubo una “deficiente planificación y ejecución de las operaciones; o, eventualmente, que se hayan emitido órdenes diferentes al disponerse el uso de la fuerza y del armamento no letal”. Y recomendó al Mininter impulsar la derogatoria de la Ley de Protección Policial, por ser contraria a la normativa jurídica nacional sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Antecedente de investigación
El 20 de noviembre, el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, dispuso iniciar una investigación a cargo de la unidad de la Oficina General de Integridad (OGII). La indagación, que concluyó el 6 de enero de 2021, identificó, gracias al plan operativo policial del 14 de noviembre, al efectivo encargado en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, donde falleció el joven Jack Pintado: el comandante PNP Luis Castañeda Urbina.

Sin embargo, el documento no mencionó al efectivo responsable del cruce de jirón Lampa y la avenida Nicolás de Piérola, donde falleció Inti Sotelo. Además, la investigación determinó que superiores jerárquicos hicieron modificaciones del plan que no fueron detallados en ningún documento. En consecuencia, se abrió un proceso administrativo sancionador contra diez efectivos policiales por faltas graves y muy graves perpetradas durante las marchas.

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Línea de mando
El informe de la Oficina de Asuntos Internos brinda nuevas luces sobre los mandos encargados y el detalle de los efectivos desplegados. Por ejemplo, en la zona donde falleció Jack, Luis Castañeda estuvo al mando de 205 efectivos, de los cuales 32 eran escopeteros. En el mismo lugar estuvo el comandante PNP Víctor Oliva Angulo, de la UNISEESP – Centro, al mando de 85 efectivos, de los cuales 11 eran escopeteros, incluido Oliva. 

Ese perímetro, denominado “Quinto sector”, fue reforzado por 80 policías, entre 12 escopeteros, de la UHPM-POTAO, liderado por el comandante PNP Giuliano Arguedas Pérez, posicionado en un inicio en el cruce de las avenidas Tacan y Emancipación. La zona donde murió Inti, en cambio, estaba en un inicio el mayor PNP Guido Solís Chorres al mando de 30 efectivos, entre ellos, dos escopeteros.

Al promediar las 8:00 p.m., 150 policías de la DIROPESP,al mando del capitán PNP Mario Angelo García, se movilizaron desde Estación Desamparados hasta Estación Colmena para apoyar a Arguedas, en este grupo había 30 escopeteros: 15 de caza, 15 lanzagas. El equipo llegó a las 8:50 p.m. y se quedó en el lugar hasta la 1:00 a.m. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, elaborada por IDL-Reporteros, Inti Sotelo fue impactado a las 9:47 p.m.

Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos señala a los superiores jerárquicos que dirigieron el operativo policial del 14 de noviembre: el Subcomandante general de la PNP, Jorge Lam, y el jefe de la Región Policial Lima, Jorge Cayas, según lo informado por el jefe de la División de Servicios Especiales, coronel PNP Villafuerte. Ambos, sostiene, dieron órdenes y dispusieron incremento del personal en la zona, modificando el plan operativo.

El informe sostiene que identificar a los policías integrantes de los grupos que realizaron los disparos que causaron la muerte de los jóvenes no es competencia del Mininter, sino de la Fiscalía. Empero, concluye que “puede afirmarse” que Lam y Cayas “tuvieron conocimiento directo e inmediato” sobre el “desarrollo y resultados de las operaciones policiales del 14 de noviembre en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola”.

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