La agrupación con base ‘etnocacerista’ concentra en su lista congresal 19 sentencias penales y 15 investigaciones por delitos desde secuestro hasta contaminación del agua
Unión Por el Perú (UPP), el partido fundado en 1994 por el exsecretario General de las Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuellar, el político Daniel Estrada Pérez y el actual congresista por dicha agrupación José Vega Antonio, es ahora el soporte electoral del movimiento ‘etnocacerista’, organización liderada por Antauro Humala con base en el nacionalismo étnico.
Por ello, no es de sorprender que para las Elecciones Generales del 11 de abril proponga en sus filas a reservistas con sentencias penales por participar en el ‘Andahuaylazo’, motín de 2005 dirigido por Antauro Humala contra el gobierno de Alejandro Toledo. El cual se ejecutó al tomar una comisaría en Andahuaylas, donde fallecieron seis personas: cuatro policías y dos reservistas.
Sin embargo, el partido que busca una nueva constitución también presenta otros candidatos con sentencias que van desde estafa hasta contaminación del agua. En suma, presenta al Congreso de la República postulantes con 19 sentencias penales y 15 denuncias civiles, convirtiéndose en el partido político que más sentenciados lleva al Poder. En este informe de Pica News, conozca quiénes son y sepa cómo votar.
Antauro Humala cumple, desde 2005, 19 años de prisión en el penal Ancon II por el asesinato de cuatro policial durante la toma de un cuartel policial en Andahuaylas.
Candidatos con sentencias
El primer reservista de la lista es Miguel Tomy Batista Oscov,él participó junto con Antauro Humala en el ‘Andahuaylazo’, fue condenado en el 2008 a 9 años de cárcel por el delito de rebelión y ahora postula al Parlamento por Tacna. Adrián Sucapuca Payehuanca, natural de Puno, también fue sentenciado ese mismo año a 9 años de prisión por el delito de secuestro; además, en 2017, tuvo otra sentencia por el delito de lesiones graves.
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En tanto, Alvaro Peralta Turpo, candidato que postula por Puno, cumplió cuatro años de prisión suspendida por el delito de resistencia a la autoridad, en 2013; mientras que Dina Irene Hancco Hancco, postulante al Congreso por la misma región, fue sentenciada en 2017 a tres años y seis meses de prisión suspendida por el delito de receptación, es decir por encubrir al o a los responsables de un delito.
Por su parte, el abogado Walter Francisco Gago Rodríguez tiene dos sentencias en 1999 por el mismo delito: libramiento indebido, es decir girar un cheque sin fondos o proveniente de una cuenta cancelada. Por el primero fue condenado a un año de pena privativa de libertad condicional, mientras que por el segundo a dos años en la misma modalidad. Gago postula por Lima.
El congresista José Vega Antonio es el candidato presidencial de Unión Por el Perú (UPP).
También van por Lima el médico Raúl Alberto Mendiola Hurtado y el candidato Wilfredo Fraddy Alayo Jiménez. Mendiola Hurtado pasó un proceso en el fuero penal por el delito de uso de documentación falsa y el Poder Judicial lo sentenció en 2019; asimismo, Alayo Jiménez cumplió cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación incompatible, es decir relacionado a la contratación pública.
El letrado Gustavo Dacio Espinoza Soto postula al Congreso por Lambayeque aunque tiene una pena cumplida de 2016 por contaminación de aguas; mientras, el sociólogo huanuqueño Willie Edgar Esquivel Asencios presenta una sentencia por el delito contra la voluntad popular, en 1995. La educadora de la misma región Carmen Felipe Soto fue inhabilitada a un año por el delito de avocación indebida de procesos en trámite, en 2018.
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El candidato Alejandro Vílchez Pardo,va al Parlamento por Piura y tiene una condena por difamación en el 2017. De igual forma, Ricardo Susanibar Guardamino, quien postula por Ucayali, fue sentenciado a un año de prisión suspendida por el delito de estafa, en 1998; en tanto, el abogado Nilton César Meza Franco estuvo 7 años en prisión por el delito de omisión simple, en 2002.
Los congresistas de Unión Por el Perú afirmaron que dentro de sus planes está cambiar la Constitución y liberar a Antauro Humala.
Por otro lado, la químico-farmacéutica iqueña Jenny Ericka Peralta Cárdenas viene cumpliendo parte de su sentencia, dictada en 2019, por el delito de dar suma de dinero. Además, en 2014, el Poder Judicial sentenció a un año de pena efectiva al ahora candidato por Junín, Mario Ignacio Pacheco Castillo, por el delito de omisión a la asistencia familiar.
Postulantes investigados
Los otros candidatos con investigaciones acumulan 15 procesos civiles: 13 denuncias por alimentos y dos denuncias contractuales. El suboficial en retiro Miguel Aníbal Sernaque Márquez postula por Piura y tiene en su haber cuatro demandas por alimentos, además, cumple una sentencia penal por omisión a la asistencia familiar dictada en diciembre de 2020.
El también candidato congresal por Madre de Dios Elmer Yubino Uriol Vela le sigue los pasos con tres denuncias por el mismo motivo. El educador Renán Saavedra Sandoval, quien va por San Martín, atravesó dos procesos por alimentos que terminaron en conciliación: en 2009 y 2012. Sin embargo, en 2019 fue condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar.
El Poder Judicial también archivó la demanda por alimentos presentada en 2019 contra el abogado Andmar Sicus Cahuana, quien postula por Cusco, y la denuncia al letrado Cesar Orlando Vilca Landauro, quien representa a La Libertad. Ambas terminaron en conciliación.
Jeremias Huaman Ramírez y Rogger Chipana Yupanqui, candidatos por La Libertad y Apurímac, respectivamente, presentan demandas por alimentos: una cada uno. En tanto, la contadora María Del Rosario Bulnes Bobadilla, quien va al Congreso por Ancash, y la administradora Elizabeth Victoria Chirinos Oliva, quien hace lo propio por Arequipa, tienendemandas contractuales referidas a daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones en un contrato.
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