Después de 100 años, Argentina recupera el liderazgo en el reconocimiento de los derechos sociales en la región
Día histórico. El presidente argentino Alberto Fernández promulgó el jueves 14 de enero la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. La medida fue aprobada por el Senado de ese país la madrugada del miércoles 30 de diciembre, luego de un debate de más de 12 horas que alcanzó 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
El acto oficial, modifica entonces una ley emitida en el año 1921, la cual solo permitía el aborto en caso de violación o de riesgo para la vida de la madre, y penaba con hasta cuatro años de cárcel a las mujeres que decidían interrumpir su embarazo. El mandatario Fernández consideró que con esta ley se está construyendo una sociedad “un poco más igualitaria”.
Debate en el Senado
Entre cánticos, aplausos y lágrimas, la ‘marea verde’, grupo de mujeres feministas que impulsaron desde la sociedad civil la ley, celebró en las afueras del Congreso ese gran paso en el reconocimiento de los derechos sociales de las mujeres para decidir sobre su maternidad. Con esta promulgación, Argentina se suma a países como Uruguay, Cuba, Guyana y Guayana Francesa, donde se permite la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones.
Por su parte, ‘los pañuelos celestes’, grupo de ciudadanos en contra de la ley, improvisaron, durante el debate, misas, ecografías y hasta un bebé gigante ensangrentado frente al Congreso argentino para demostrar su rechazo ante lo que consideran un “atentado contra la vida”. El respaldo lo encontraron en los senadores de las provincias del norte del país que, en su mayoría, apoyaban los argumentos religiosos en contra del aborto.
Los manifestantes a favor y en contra de la despenalización del aborto voluntario se concentraron desde la tarde del 29 de diciembre hasta la madrugada del 30 de diciembre.
“Los ojos de Dios están mirando cada corazón en este lugar y pone en frente las condiciones para nuestra nación a partir de hoy. Bendición si valoramos la vida, maldición si escogemos matar inocentes. No lo digo yo, lo dice la Biblia por la que juré”, indicó la senadora María Belén Tapia durante el debate que terminó pasadas las 4 de la mañana.
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En tanto, los senadores que representan la capital argentina y la provincia de Buenos Aires respaldaron la legislación al aducir que el debate radica en torno al “aborto legal o ilegal” pues, al menos en 2018, 39 mil mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones y otras 38 fallecieron. “Obligar a una mujer a gestar es una violación de los derechos humanos”, aseveró la senadora oficialista Ana Claudia Almirón.
“Sin implementación de educación sexual integral, sin la provisión de anticonceptivos y sin protocolo de interrupción legal del embarazo, las gurisas (niñas) correntinas son obligadas a parir a los 10, 11, y 12 años”, manifestó Almirón frente al Senado que, en 2018 y durante el gobierno del conservador Mauricio Macri, rechazó el proyecto de ley.
El pasado viernes 11 de diciembre la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la norma por 131 votos a favor y 117 en contra. Este paso reavivó las expectativas sobre una favorable decisión final que, luego de diversos debates y postergaciones, vio la luz hoy.
Los grupos “próvida” sostienen argumentos religiosos para oponerse a la ley que permite la interrupción del embarazo en el sistema de salud.
Normativa
La norma aprobada establece que las mujeres o “personas con otras identidades de género con capacidad de gestar” podrán acceder al aborto legal hasta la semana 14 de gestación luego de firmar un consentimiento por escrito de manera personal. Además, indica que no debe pasar más de 10 días desde la solicitud de interrupción del embarazo hasta la realización del mismo en un centro de salud o con su asistencia.
De igual forma, serán gratuita las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo posterior. Todo el tratamiento deberá cumplir la calidad y los alcances definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otro lado, las personas que se sometan a la interrupción de su embarazo tienen el derecho a la confidencialidad del personal de salud durante el proceso de atención y después.
El equipo médico deberá respetar las decisiones de las pacientes sobre el ejercicio de sus derechos reproductivos, alternativas de tratamiento y futura salud reproductiva, por tanto el personal de salud no podrá condicionar las decisiones de las mujeres a “juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas”.
La ley indica, además, que a partir de los 16 años las personas podrán emitir su consentimiento sin la titula de un apoderado o progenitor, mientras que las menores de 13 años sí necesitarán la asistencia de al menos un padre o representante legal. Las ciudadanas entre 13 y 16 años, por su parte, necesitarán el consentimiento de los padres o tutores en caso se realice un procedimiento de forma invasiva.
En agosto de 2018, el Senado rechazó el proyecto de ley para interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Esta vez, cientos de manifestantes celebraron que ya “es ley”.
Los médicos que no deseen practicar la interrupción del embarazo, podrán acogerse a la objeción de conciencia, y derivar “de buena fe” a la paciente para que sea atendida por otro profesional en “forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. Sin embargo, no podrá negarse si la persona gestante está en peligro y requiere atención inmediata.
Por último, en aras de prevenir embarazos no intencionales, la ley de interrupción voluntaria del embarazo contempla la responsabilidad en las instituciones pública de implementar la ley de Educación Sexual Integral a través de políticas activas para promover y fortalecer la información en salud sexual y reproductiva de la población.
Aquí el PDF para leer la norma completa:
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