La Fiscalía aún no determina las responsabilidades por las muertes de dos jóvenes que desactivaron bombas en la marcha contra Manuel Merino
Hace dos meses la vida de un joven de 24 años, hijo de inmigrantes, que quería dar a conocer su país, y la de un iquiteño de 22 años con ansias de retornar a la universidad: Inti Sotelo y Jack Pintado, fue arrebatada cuando protestaban para defender la democracia. Desde ese fatídico 14 de noviembre, sus familias iniciaron un proceso judicial que se abre lento ante la búsqueda de justicia.
De acuerdo a las pericias de balística forense, el cuerpo de Inti Sotelo fue impactado de fatalidad por un perdigón de plomo en el pecho, mientras que Jack Pintando recibió 10 impactos del mismo material en el cráneo, rostro y pecho. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha negado el uso de estas municiones para la represión de las manifestaciones de noviembre; sin embargo, videos grabados por los jóvenes asistentes niegan estas versiones.
La marchas contra el régimen de Manuel Merino de Lama dejaron, además, 210 heridos, de las cuales 26 tienen lesiones graves con pronósticos reservados, y diversas denuncias por desapariciones y detenciones arbitrarias. Los informes finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), coinciden en que existió abuso policial durante las protestas sociales.
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Trabajo fiscal
Con la renuncia de Merino y la asunción del gobierno transitorio de Francisco Sagasti, se anunció que la investigación sobre las muertes de Inti y Jack y la conformación de una Comisión Multisectorial para garantizar las reparaciones a todos los afectados. Sin embargo, esta aún no consolida el total de sus acciones y las indagaciones fiscales parecen no avanzar.
El fiscal provincial Yoni Soto Jiménez, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima, es la responsable de investigar la muerte Jack Pintado, Inti Sotelo y los heridos en las protestas de noviembre. Sin embargo, debido a la carga laboral del despacho, el Ministerio Público nombró a la abogada Jhousy Margot Aburto Garavito como Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima para indagar de manera exclusiva el caso.
Pese a no contar con las cámaras ubicadas en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima, debido a “encontrarse en mantenimiento por desperfectos técnicos”, la carpeta fiscal logró acumular información sobre las historias clínicas de las víctimas, documentación policial y videos de entidades privadas, aseguró Ronald Gamarra, abogado de la familia de Jack Pintado.
Empero, estos datos son inútiles si no se trabaja una estrategia de investigación que acelere el proceso. “No había alguien que leyera los documentos para que planteara pistas de investigación. Mucha documentación oficial no dice más que formalidades, todos los reportes de la PNP dicen que se hizo uso proporcionado de la fuerza y que no hubo desvío en el uso de esa fuerza”, dijo Gamarra a El Comercio.
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Por su parte, Carlos Rivera, defensa legal de la familia de Inti Sotelo, enfatiza que “es de vital importancia” continuar las diligencias pactadas por el fiscal Soto para acelerar las tomas de declaraciones, tanto de las víctimas, testigos y de los policías involucrados. “(El fiscal) Soto había programado alrededor de 150 diligencias, 47 declaraciones de los agraviados y 98 de los policías y eso es lo que dejó y debe realizarse en enero de este año”, indicó.
Firme en la búsqueda de justicia
El hermano mayor de Inti Sotelo, Pacha Sotelo, es ahora el presidente de la Asociación de Víctimas del #14N, la cual busca encontrar justicia para los dos jóvenes fallecidos y los más de 200 heridos. Pacha cuestiona que, junto a su abogado, presentaran tres testigos que podían informar sobre lo ocurrido pero que, “hasta ahora la fiscalía no los cita”.
“No nos responden las llamadas. A los heridos tampoco se los está citando. El grueso de ellos ha desistido, antes eran más de 100, ahora solos son 29, los demás saben que esto es pura burocracia y tiene que trabajar y no se pueden quedar estancados”, afirmó en diálogo con el diario Correo.
Son tres los informes internacionales que recogieron pruebas y testimonios que les permitió concluir que existieron severos abusos policiales y daños de consideración a civiles, los mismos que necesitan investigación y reparación. Empero, el Congreso de la República rechazó incluir en el presupuesto de 2021 una partida de S/. 6 millones para reparar a las víctimas y sus deudos.
Por otro lado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó el 16 de noviembre que se inició una investigación preliminar contra el expresidente Manuel Merino de Lama; el ex primer ministro, Ántero Flores-Aráoz y el saliente titular del Interior, Gastón Rodríguez, por el presunto delito de homicidio culposo de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo.
El actual titular del Interior, José Elice, comunicó también que ya estaba listo un informe preliminar para investigar las responsabilidades policiales respecto a los efectivos que participaron en las protestas y el ataque contra ciudadanos desarmados. “Si este equipo [que ha hecho el trabajo preliminar] recomienda o no desarrollar de manera formal un proceso disciplinario administrativo”, afirmó para RPP.
En tanto, Pacha Pintado convocó a una marcha pacífica el último 9 de enero en contra de la “impunidad policial”. En ella, agradeció que su familia y algunas víctimas tengan apoyo psicológico y médico, pero exigió a las autoridades y al presidente Sagasti que las investigaciones se aceleren: “Las palabras bonitas no alcanzan”, acotó.
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Su padre, Salvador Sotelo, acompañó la manifestación y tocó algunas canciones de su tierra natal en Ayacucho, mientras que los ciudadanos reconstruían el pequeño altar hecho para Inti y Jack que había sido destruido por grupos de extrema derecha días previos. Por estos hechos, la Fiscalía abrió un proceso preventivo contra Pacha por “posibles delitos” durante esa marcha.
La CIDH advirtió que las denuncias preventivas tienen un “efecto intimidante y vulneran el derecho a la protesta”. Y que la prevención del delito debería actuar “con diligencia para prevenir el uso arbitrario de la fuerza, tal como establece la Directiva 003-2018 de la Institución”, y no contra infracciones de las normas sanitarias.
Pacha Sotelo, quien dejó sus días de entrenador deportivo para dedicarse por completo a buscar justicia para su hermano y las demás víctimas, insiste que irán a instancias internacionales debido a que las investigaciones en el Perú tardan tanto. “Veo demasiada burocracia”, declaró.
El adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, agrega que los procesos penales relacionados a derechos humanos demoran muchos años en resolverse. Por ese motivo, manifestó, es sustancial que el Ministerio Público ordene los documentos recopilados para que pueda sostener el caso. “Justicia que tarda no es justicia”, aseveró.
