Seis sentenciados y al menos 15 investigados por diversos delitos buscan un lugar en el Congreso y el Parlamento Andino desde el partido de César Acuña
Las Elecciones Generales del 11 de abril están cada vez más cerca, sin embargo, pese a legítimas exigencias ciudadanas para que los partidos políticos presenten candidatos idóneos, éticos e íntegros, estos parecen hacer caso omiso. Por ello, Pica News inicia una serie de informes sobre las agrupaciones que llevan consigo a candidatos investigados y hasta sentenciados en sus listas al Congreso y al Parlamento Andino.
¿Ineficiencia o amiguismo?
Aunque la Constitución Política del Perú protege el principio de presunción de inocencia, es de considerar que los partidos políticos congreguen más de un candidato con investigaciones a cuestas. En esta primera entrega, analizamos la listas congresales de Alianza Para el Progreso (APP), partido fundado por el ex gobernador regional de Lambayeque, César Acuña, a quien el Jurado Electoral Especial Lima Centro declaró improcedente su candidatura por no consignar todos sus inmuebles.
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Investigados
Encabeza la lista de candidatos investigados la postulante a la primera vicepresidencia de la República, la exministra de la Mujer (2014-2015), Carmen Omonte, por quien pesa una demanda laboral de 2015por presuntamente no haber reconocido los beneficios laborales de una trabajadora del hogar cuando esta renunció.
La misma demanda lleva el notario ancashino Lucio Jacome Rosario, quien desde el 2011 afronta uno proceso declarado fundado por compensación de tiempo de servicio, pago de vacaciones y vacaciones truncas. Además, en 2017, el Colegio de Notarios del Perú lo sancionó con dos meses de suspensión por el delito contra la fe pública en agravio del Estado.
Por su parte, Mario Fernando Benavente Llerena, Rosa Isabel Pino Monzón, Cesar Augusto Correa Atoque, Williams Edgardo Flores Zamudio, candidatos al Congreso por Puno, Cusco, Piura y Tacna, respectivamente, son investigados porpresuntos delitos contractuales. Sobre Flores Zamudio pesan, además, tres demandas por violencia familiar.
El empresario Marcial Palomino García Milla postula al Parlamento por Lima. Él registra dos denuncias: una laboral y otra por alimentos. El también ex candidato al Gobierno Regional de Lima por APP fue denunciado en abril de 2020 por el congresista del Frepap, Alfredo Benítes, por presuntamente coaccionar el pago de las pensiones del colegio particular San Ignacio de Loyola, de su propiedad, a pesar a la suspensión de clases por la cuarentena.
El médico cirujano Juan Vidal Rodríguez Terrones, que postula al Congreso de la República con el número 4 por la región de Lambayeque, también presenta demandas por alimentos, en este caso son dos. Por su parte, el ex gobernador de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, atraviesa también un proceso por demanda de alimentos.
En la misma sintonía están los candidatosal Legislativo Juan Sarmiento Bejarano y Eduardo Salhuana Cavides, ambos postulan por la región de Madre de Dios. En tanto, los candidatos al Parlamento Andino Mario Javier Quispe Suárez y José Antonio Palacios Obregón también acumulan denuncias por alimentos: cuatro contra Quispe Suárez y dos contra Palacios.
El rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP) y ahora candidato por APP al Congreso, César Augusto Reyes Peña, es investigado de manera preliminar por la Fiscalía desde 2015 por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y organización criminal, al encontrársele desbalance patrimonial desde que asumió el cargo.
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Sentencias penales
El partido del empresario fundador de la Universidad César Vallejo (UCV) reúne en sus filas, además, a seis candidatos con sentencias judiciales. Uno de ellos es el exgobernador de Huánuco Luis Raúl Picón Quedo, que va con el número 1 y fue sentenciado por incumplimiento de deberes funcionales.
El candidato Alejandro Soto Reyes fue denunciado por el Gobierno Regional de Cusco por difamación al difundir imágenes de exhumaciones y entrever que eran muertos por COVID-19.
De igual forma, el economista Eduardo Rubén Carhuaricra Meza, secretario general de Somos Perú hasta 2010, intenta llegar al Congreso con el número 2 por su natal Pasco pese a una sentencia de 2013 por peculado doloso, es decir malversación de fondos públicos.
Alejandro Soto Reyes es otro candidato con una sentencia judicial en su historial. Abogado y conductor del programa Ronda Política en la televisión cusqueña, postula con el número 1 por esa región y tiene una sentencia por difamación. Además, el propio Gobierno Regional del Cusco lo denunció por los presuntos delitos contra la paz pública, grave perturbación de la paz pública y falsedad genérica.
Según el Gobierno Regional de Cusco, Soto Reyes difundió información falsa y tergiversada sobre “una supuesta reducción de la escala salarial del régimen de construcción civil”, el presupuesto del centro de salud de Acamana y el “enterramiento de fallecidos con coronavirus en una fosa común” en el cementerio San José de Huancaro.
En tanto, Miguel Ángel Ferreyra Sánchez, quien postuló sin éxito al Congreso en las elecciones de 2020, retoma el intento, esta vez con el número 3, por la provincia constitucional del Callao, tras cumplir una pena suspendida por los delitos de falsedad y difamación. El último candidato con sentencia aún en contienda es Rufino David Canal Ontón, quien postula con el 3 por Cusco luego de una sentencia por el delito de usurpación.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la candidatura de Hildomaro Rodríguez Alvarado, quien iba con el número 2 por Lambayeque, por una sentencia por el delito de peculado de uso en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque. Pese a cumplir los tres años de prisión suspendida, el JNE lo retiró de la contienda electoral en el marco del artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones que expresa que este delito es impedimento para postular al Congreso.
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