Las empresas privadas, laboratorios y droguerías, podrán comercializar a futuro los fármacos
El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19 serán gratuitas en todo el territorio nacional para los ciudadanos mayores de 18 años que desees aplicársela. La aclaración se da en el marco de la publicación de derecho supremo que autoriza a las empresas privadas a comercializar las vacunas.
“En el caso del proceso en marcha, el Minsa será titular de un Registro Sanitario Condicional (RSC) para importar y utilizar la vacuna de Sinopharm, por lo que ninguna otra empresa podrá acogerse a este registro, y por tanto, ninguna empresa podrá comercializar dicha vacuna”, se lee en el comunicado.
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La titular de Salud, Pilar Mazzetti, dijo en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que los laboratorios privados no podrán comercializar la vacuna este año porque quien coloca una vacuna de emergencia los hace en situación de emergencia y asume una serie de consecuencias insostenibles para un privado.
“En ese contexto uno asume todos los riesgos, incluido el seguro para cada persona que se le aplica la vacuna y las eventualidades que puedan surgir, es por eso que en todos los países del mundo es el Estado el que está haciendo eso”, manifestó.
Trabajo conjunto
El segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Roel Alva, comunicó que, tras la reunión celebrada este 12 de enero con el presidente de la República, Francisco Sagasti, y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se garantizó que “en esta primera etapa” solo el Estado distribuirá las vacunas.
Además, anunció la emisión de un decreto de urgencia en respuesta a las demandas sobre derechos laborales de los gremios del sector salud a fin de evitar un huelga indefinida de cara a la segunda ola de coronavirus en el Perú.
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Por último, Roel Alva adelantó que el Ejecutivo aplicará estrategias comunicativas para que la ciudadanía conozca las propiedades de las vacunas y trasparencia en todo el proceso, “compromiso que va a la par con la fiscalización del Congreso y de los entes autónomos del Estado”.
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