Essalud, Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia piden se declare infundado el recurso de amparo de Estrada, quien padece de una enfermedad degenerativa hace 30 años
El pasado 7 de enero inició el proceso de demanda de amparo de la psicóloga Ana Estrada contra el Estado peruano por el derecho a una muerte digna. Estrada, de 44 años, padece desde hace 30 de polimiositis, una enfermedad degenerativa que debilita sus músculos y la obliga a depender de cuidados médicos constantes y permanecer 20 horas diarias en cama.
Pese a ser diagnosticada a los 14 años, Ana continuó su vida: concluyó la carrera de Psicología en la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), compró un departamento y adoptó un gato. Sin embargo, en 2015 tuvo que ser internada en el hospital Edgardo Rebagliati porque los músculos de su garganta empezaron a fallar.
Le hicieron una traqueotomía para que pueda respirar y una gastrostomía para facilitar su alimentación, además pasó unos años en cuidados intensivos sometida a diversas invasiones a su cuerpo, ahí fue cuando su nivel de dependencia incrementó. “No quiero estar atada las 24 horas a una cama, ni soportar dolorosas úlceras en la piel, que se profundizan hasta ver los huesos y que supuran pus”, escribe la psicóloga en su blog Ana Busca la Muerte Digna.
“Eso solo sería el comienzo de sendas infecciones, más medios invasivos y amputaciones y no moriré. Este infierno será eterno y mi mente estará totalmente lúcida para vivir cada dolor en una cama de hospital sola y queriendo morir”, continúa. Paradójicamente, su lucha por acceder a una muerte asistida en condiciones dignas se volvió su motivación para vivir.
Audiencia
En noviembre de 2020, la Defensoría asumió el caso de Ana Estrada ante la Corte Superior de Justicia contra el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).
El pedido solicita se inaplique el artículo 112 del Código Penal que tipifica el homicidio piadoso y criminaliza la eutanasia, penando hasta tres años de cárcel a quien pone fin a la vida de una paciente que lo pide de manera expresa y consciente por los dolores intolerables que padece producto de una enfermedad incurable.
“Queremos que se reconozca el derecho fundamental a una muerte digna y se ordene a Essalud formar una junta médica interdisciplinaria para que efectivice el ejercicio de este derecho, y se ordene al Minsa validar este procedimiento”, sostuvo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, durante la audiencia virtual.
Durante la sesión, el juez Jorge Luis Ramírez, titular del 11 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, le preguntó a Estrada si su decisión está conducida por algún tipo de depresión derivada de su enfermedad, Estrada, quien se encontraba en cama y entubada, respondió que, al ser psicóloga y paciente de psicoanálisis por más de 20 años, reconoce de manera clara cuál es la diferencia.
“Yo no estoy deprimida. Es paradójico pero tengo mucha alegría y energía. Si no, me hubiese derrumbado y echado a llorar o incluso haberlo hecho clandestinamente. No lo hice porque estoy lúcida y la razón principal de mi demanda es que quiero la libertad de poder elegir cómo, cuándo y dónde poder morir”, mencionó.
“(La clandestinidad) No ha sido nunca mi modo de desenvolverme en la vida y no quiero que ese sea el final de mi vida. Hubiese sido trágico y terrible hacerlo de ese modo“, argumentó la psicóloga. Walter Gutiérrez aclaró que Estrada quiere vivir, pero “quiere ejercer la libertad de poder decidir para cuándo el grado de su enfermedad está en condiciones tales que no son dignas de seguir viviendo”.
“No es que se quiera suicidar el día de hoy. (…) Ella ha perdido la libertad de poder desarrollarse en muchas dimensiones de su vida, pero el último recodo de libertad que no quiere perder es este, y el Estado no puede ser omiso a esta petición“, dijo el defensor del pueblo.
Por su parte, los representantes del Minjus sostuvieron que la “sola inaplicación del artículo no soluciona el problema”, pues al ser un derecho de carácter programático, necesita una regulación legislativa aprobada por el Congreso para concretarse. Por ejemplo, en lo que respecta a la objeción de conciencia de los médicos que “debe ser regulada y que no puede sujetarse a una resolución judicial”.
En tanto, el juez Jorge Luis Ramírez sostuvo que, dada la trascendencia del caso y al trabajo procesal de su despacho, no podrá emitir una sentencia “en el plazo de ley”, sin embargo aclaró que “trabajarán duro” para sentenciar en un “plazo razonable.” “Todavía estoy en un debate sobre los temas, de manera que puedo esperar alegados adicionales”, acotó.
Internacional
Ana Estrada es la primera ciudadana que demanda al Estado peruano para recibir una muerte asistida o eutanasia. “Si esto existe en otros países yo quiero que exista aquí, al menos (mi lucha) es un pequeño granito de arena para algo que nos haga reflexionar a todos”, declaró para Infobae.
La muerte asistida es legal en seis países en el mundo: Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y España, la cual pronto entrará en vigor. En 2002, Holanda sentó un precedente al convertirse en el primer país en legalizarla. Por otro lado, en Suiza, un estado de Australia y en varios de Estados Unidos es permitido el suicidio asistido, donde el paciente se administra a sí mismo una medicina letal bajo supervisión médica.
En cambio, en Suiza, Alemania y Austria se permite la eutanasia pasiva, la cual consiste en suspender el tratamiento médico para que el enfermo, previa voluntad expresa, consiga la muerte. Del mismo modo, está reconocida bajo ciertas condiciones en legislaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
La petición para legalizar la eutanasia cuenta con el apoyo del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), quien expresó a través de un documento su apoyo a la psicóloga Ana Estrada. “La muerte es un proceso natural, por lo que los miembros del CMP buscan la atención integral y humanista de sus pacientes en todas las etapas de la enfermedad hasta el final, con respeto irrestricto a su dignidad”, dice el documento.
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