En un informe publicado el 7 de diciembre, aconseja al Estado peruano brindar asistencia médica y psicológica a todas las víctimas de la represión policial
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargada de investigar los hechos de violencia registrados en Lima durante las manifestaciones en contra del régimen autoritario de Manuel Merino, publicó un informe con 10 recomendaciones para el Estado peruano. Entre las más importantes se encuentran efectuar sanciones penales a los responsables, una reforma policial y la reparación a las víctimas y sus familiares.
Entre el 29 de noviembre y 2 de diciembre, la delegación del órgano supranacional visitó el Perú para observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales entre el 10 al 15 de noviembre. Por ello, entrevistó a 120 personas y registró 83 testimonios, la mayoría de personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a derechos humanos.
La Comisión conversó con los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que, de acuerdo a la autopsia, fallecieron a causa del impacto de proyectiles de plomo durante la movilización del sábado 14 de noviembre. Además, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, jóvenes, estudiantes, brigadistas voluntarios, periodistas y agentes policiales.
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De igual forma, visitó las instalaciones de la Comisaría Alfonso Ugarte e hizo un recorrido por el centro de Lima para conocer los puntos donde se produjeron las agresiones más graves a manifestantes y periodistas: el cruce entre el jirón Nicolás de Piérola y la avenida Abancay, entre otros.
Entre las autoridades, la CIDH entrevistó al presidente de la República, Francisco Sagasti, a la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete y al ministro de Justicia, Eduardo Vega. Asimismo, al ministro del Interior, al Director General de la Policía, la titular del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Pese a que la Defensoría del Pueblo registró que 47 personas fueron detenidas y otras 200 resultaron heridas durante las manifestaciones, incluyendo 21 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), la CIDH advierte que el número de heridos podría ser superior si se considera las atenciones en clínicas privadas y las afectaciones que no fueron atendidas en los centros de salud.
Recomendaciones
El informe de la delegación de la CIDH recomienda que el Estado peruano adopte medidas para “investigar diligentemente” con el objetivo de “identificar, juzgar y sancionar” a los responsables tanto penales como administrativos de todos los actos de violencia cometidos en las protestas. Además, garantizar el cese del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la PNP en las manifestaciones.
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El documento recuerda que los agentes de seguridad deben cumplir sus funciones de mantener el orden público en “estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos”. Por ello, recomienda desarrollar “las reformas al estamento policial” y ajustar su marco normativo y protocolos de actuación a los estándares y normas interamericanos.
La Comisión indica que se debe “capacitar permanentemente” a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos para asegurar que cuando intervengan en el desarrollo de las protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y de la integridad de las personas. “El Estado debe garantizar que las condiciones de detención en comisarías sean acordes con el respeto a la dignidad, salud e higiene de las personas privadas de libertad”, se lee en el documento.
Por otro lado, aconsejó establecer controles independientes y especializados relacionados con el tipo de armamento y municiones destinados a controlar las protestas, para garantizar el cumplimiento de los protocolos. También, “implementar, de manera efectiva y con respaldo legal, el anunciado mecanismo interministerial” para tomar medidas de no repetición, protección y reparación a las personas heridas y familiares de los fallecidos.
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En lo que respecta al Ministerio Público, la CIDH proponer reforzar la capacidad investigativa de la institución y conformar un cuerpo técnico de investigación policial. Asimismo, ofrecer garantías efectivas para proteger a las víctimas de abusos a los derechos humanos producto de las protestas contra el régimen del Merino de Lama.
Otro aspecto que recomienda la Comisión al Estado peruano es garantizar la atención en de salud, tanto física como mental, para todas las personas que resultaron heridas y afectadas en las manifestaciones. Sobre todo, para aquellos que resultaron con alguna forma de discapacidad.
En el marco del fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, las autoridades deberán promover un diálogo constructivo entre los diferentes poderes del Estado. Por último, y por medio de un mecanismo consensuado, se puede contar con la asistencia técnica de la CIDH para dar seguimiento a las recomendaciones.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. La delegación que visitó el país estuvo conformada por Joel Hernández, presidente; Stuardo Ralón, Relator para Perú; María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Interina; Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión, y el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.
