Pica News entrevistó a expertos en el tema policial sobre las bases que se deben sentar para una modernización de la Policía Nacional del Perú
Los últimos acontecimientos políticos y sociales ocurridos en el Perú, las movilizaciones contra el gobierno de Manuel Merino de Lama y las denuncias por violaciones a los derechos humanos producto de la represión policial pusieron en el debate público una demanda pendiente de hace muchos años: la reforma policial.
La petición de una reforma no parte solo por mejorar y re dignificar el trabajo del efectivo policial; además, y como consecuencia de lo primero, restablecer la relación ciudadano-policía en beneficio de la sociedad.
Pero, ¿qué es y qué directrices aborda una reforma policial? Pica News conversó con tres especialistas para obtener una mirada amplia al respecto.
¿Qué abarca una reforma policial?
Para César Ortiz Anderson, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), no basta con que los gobiernos realicen ‘parches’ cada fin de año con el cambio de generales y comandantes, sino que, por el contrario, se necesitan cambios estructurales que limpien a la institución de “lo malo que tiene” y repotencien al policía.
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Cita como ejemplo la reforma colombiana y hondureña, ambas con voluntad presidencial, amplio presupuesto y, además, trabajo en conjunto entre expertos civiles y la propia Policía Nacional del Perú (PNP). “Si no está la policía, no es reforma policial, los propios actores de una reforma son la policía” -sostiene Ortiz Anderson para Pica News-, ya que son los propios generales y coroneles operativos los que “conocen su institución”.
“Por supuesto será una reforma que sacará a muchos policías, algunos incluso con acusación fiscal a cuestas”, afirma, como ocurrió en Colombia, pero debe hacerse y desarrollarse de manera abierta para evitar se oculten aspectos importantes. “Nadie que quiera hacer algo malo lo va a hacer en forma abierta”, aseguró el especialista en seguridad ciudadana.
Colombia convocó especialistas de Estados Unidos en temas policiales para la reforma, mientras que Honduras hizo lo propio con expertos del Banco Interamericana Desarrollo (BID), asegura Ortiz.
Por otro lado, al existir una debilidad en la formación ética, un falso concepto de espíritu de cuerpo que cambiar, y fallas en la conducción de unidades especializadas, se requiere repotenciar a los efectivos policiales con entrenamiento, capacitación y profesionalización, agrega Ortiz. Asimismo, mejorar los criterios para la admisión policial y de investigación, ya que “cualquiera no puede ser policía en este país”, asevera.
Sin embargo, el general (r) Alberto Jordán manifiesta que la policía nacional no necesita una reforma, “sino una evolución, una modernización”, que cierre las “brechas” de la institución policial. Por ejemplo, con el pago de los beneficios a las familias de policías fallecidos en servicio, incluso otros beneficios a los propios efectivos, se mejore planificación de la compra de vehículos y supla la ausencia de municiones para entrenamientos reales, enumera.
Coindice con Ortiz Anderson en lo urgente de una mejora en la instrucción policial, ya que, argumenta, uno de los grandes problemas es que las 28 escuelas de policías se manejan políticamente. “La creencia del político es que el policía debe estar en las calles, no importa cómo sea, esos policías salen sin instrucción, capacitación, entrenamiento”, sostuvo Jordán para Pica News.
Por ello, la instrucción de un efectivo que tiene un tiempo de 3 años, en la práctica termina durando de 6 a 8 meses. “Si hay mil vacantes y hay mil policías que se presentan, 900 entran, como sea, pero entran. A veces ahí se figura el tema de la corrupción. No hay capacitación en los oficiales y el personal subalterno, no hay una capacitación continua”,lamenta.
Además, sugiere que es importante tener una PNP preventiva y una de investigación criminal, ambas dependientes del Ministerio del Interior. La primera, dedicada a brindar bienestar al ciudadano y otra que se mimetiza en el tema de investigación criminal. Mientras que Ortiz Anderson propone que, al igual que Colombia, la policía dependa del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, sea militarizada.
La Fiscalía investiga 15 denuncias a nivel nacional vinculadas a compras sobrevaloradas hechas por la PNP de productos sanitarios para proteger al personal contra el COVID-19.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), agrega que además de la educación, se deben revisar las estructuras o políticas internas que permiten “corrupción y abuso” en la institución, ya que existen miradas dentro -sobre todo de las partes más antiguas- que “ven a la policía como un ente del cual se pueden servir empresas o el propio poder no para proteger sino para reprimir”.
Lo que provoca que muchos policías con poco salario y muchas necesidades, consigan un trabajo adicional o firmen convenios con empresas y mineras, y cuando “hay conflicto con la comunidad no custodia la seguridad de la comunidad sino de las empresas las cuales le pagan”. “Todo eso hay que mirar, no solo dar cursos de derechos humanos, sino que los protocolos que tienen que ser cumplidos estrictamente”, indicó en diálogo con este medio.
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“La propia policía demanda una reforma, ellos mismos se han visto mermados en su derecho a la integridad y a la salud precisamente por todo un sistema que permite la corrupción”, menciona en cuanto a las irregularidades en la compra de mascarillas o camionetas, una desprotección que provocó que el número de policías fallecidos por COVID-19 supere al de médicos: 400 frente a 125, según cifras oficiales del Ministerio del Interior a agosto de 2020.
Por su parte, el general Jordán explica que el no contar con la tecnología adecuada para ejercer las funciones repercute en el mal servicio que se le da al ciudadano. Ya sea desde la ausencia de una central 105, que solo funcionen 75 de las 120 cámaras instaladas, hasta que las comisarías “sean monumentos con personal pero sin teléfono, internet y, muchas veces, agua y desagüe”.
“Si no fuese por las municipalidades, la policía no podría cumplir su función”, expresa Jordán. Ortiz Anderson, agrega a esto que equiparlos con tecnología moderna les permite registrar lo que ocurre en los operativos. “Si tuviéramos esa tecnología sabríamos qué paso exactamente en la muerte de los dos chicos”, advierte en referencia a Inti Sotelo y Jack Pintado, dos jóvenes manifestantes que fallecieron el sábado 14 de noviembre.
Ciudadanos elaboraron diversos altares en memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La marcha, en su mayoría, fue convocada por jóvenes a través de las redes sociales.
Cuestionamientos
De acuerdo al Instituto de Medicina Legal, ambos jóvenes de 24 y 22 años murieron producto del impacto de proyectiles de plomo. Asimismo, en los cuerpos de cuatro heridos se encontraron perdigones de canicas, cuando la norma permite solo perdigones de goma considerados como no letales si se emplea según el reglamento de la PNP. Al momento, la Fiscalía ya abrió investigaciones para determinar a los responsables de la represión policial.
Empero, el general en retiro, Alberto Jordán, niega que la PNP utilice escopetas que botan canicas y atestigua que la institución actúa conforme a los Derechos Humanos. “En el grupo donde murieron los dos jóvenes habían 100 policías, cada grupo de 10 o 12 está al mando de un oficial. Ellos son responsables, pero se tiene que analizar las dos partes”, apuntó.
“Puede haber policías honestos, regulares y corruptos, pero la institución está por encima de todos, cualquier general o personal subalterno. Los que han cometido alguna muerte, tendrán que pagar, pero hay que esperar las investigaciones”, precisa Jordán. Agrega que la PNP es una organización del Estado peruano no de un gobierno de turno, de lo contrario sería una policía política.
“Si el Congreso nombra de presidente a Juan Pérez, nosotros tenemos que darle las garantías a ese presidente. Porqué lo nombraron, no es problema nuestro, es del Congreso, pero a consecuencia de eso es que vinieron los problemas”, aclara.
El especialista de seguridad ciudadana, César Ortiz Anderson, asevera que pese a la capacitación, las masas son lo más difícil de controlar para la policía en el mundo, pues estas son incontrolables y “no se sabe por dónde van a salir o cómo van a actuar”.
Según una encuesta de Ipsos, un 13% de peruanos asistió a las movilizaciones, mientras que un 73% las apoyó pero no asistió. El Ministerio de Salud comunicó, además, que 94 manifestantes fueron atendidos y 63 hospitalizados.
Ortiz Anderson menciona que se deben revisar los protocolos y evaluar si son los adecuados para las manifestaciones, pues el policía basa su accionar en las órdenes en sentido piramidal: de arriba hacia abajo.
“El general da orden a los coroneles, mayores y así llega a la tropa, quien está con su escudo. Hay cinco o tres policías que actuaron fuera de protocolo, pero si se descubre que un general de alto mando dio la orden debe ser retirado inmediatamente y sancionado con todo el peso de la ley”, acotó.
Otra de las denuncias por violaciones a los derechos humanos fueron las detenciones arbitrarias y desapariciones atribuidas a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Terna), el martes 10, jueves 12 y sábado 14 de noviembre. El propio ministro del Interior, Rubén Vargas adelantó que se castigará a quien haya ordenado el ingreso de agentes terna para “una actividad que no está dentro de sus funciones específicas”.
El Grupo Terna, pertenece al Escuadrón Verde. Funciona desde el 2012 y consiste en efectivos policiales, por lo general jóvenes, mimetizados como civiles para apoyar en inteligencia con el fin de intervenir en delitos flagrantes o desactivar organizaciones delictivas. El general Jordán califica al grupo Terna como una gran unidad que trabaja en el menudeo de la droga, con más de cien mil intervenciones, muchas de ellas exitosas.
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Comenta que, dentro de la PNP, se tenía conocimiento “que iban a incendiar Palacio de Gobierno y el Congreso”. Por ello, en el marco de su función por mantener el orden público y proteger a las personas, se convocó a toda la organización. “Lo que sí les faltó a los ‘terna’ es que si veían algo sospechoso llamar a personal uniformado para poder intervenir.Si hay algún responsable que ha actuado mal se va a sancionar y se le va a sacar de la policía”, manifiesta.
César Ortiz Anderson explica que, en las manifestaciones, los ‘terna’ observan “quiénes lideran o azuzan en la marcha y los capturan para investigarlos, luego los liberan”. Para Gloria Cano, abogada de Aprodeh, “el problema aquí es que se ha utilizado (al equipo) para impedir que la ciudadanía haga uso de su derecho constitucional a protestar, haga uso de su derecho constitucional a la libre expresión”, precisa.
Miembros del Grupo “Terna” detienen a un joven en la protesta del martes 10 de noviembre.
Por tanto, reflexiona que, “la inteligencia debe ser utilizada contra quienes delinquen, contra la criminalidad pero no contra los ciudadanos en uso de sus derechos”. “Lo que hemos visto es que han esperado que los manifestantes se encuentren solos, o los han aislado para detenerlos y eso es totalmente ilegal. Se tiene que desactivar y la policía ver otra forma para investigar y actuar contra la criminalidad organizada”, apunta Cano.
Por otro lado, el general Alberto Jordán recordó la disyuntiva policial sobre acatar órdenes. En el 2008, Jordán se negó a cumplir la orden del expresidente Alan García de dispersar a los manifestantes que reclamaban la restitución del canon minero de la empresa Southern, en Moquegua.
“Me sancionan con 18 meses de cárcel no efectiva, una reparación de S/. 10,000 y me sacan de la policía por actuar y evitar muertes. Al año ocurre Bagua: policías fallecidos y nativos fallecidos. A todos los oficiales los condecoran y a los generales los mantienen. Entonces, ¿cómo actúas?”, cuestionó.
Asimismo, lamentó que sucedieran “apresuramientos para menoscabar la imagen de la PNP”. Exige investigaciones pero también observaciones sobre las denuncias publicadas; menciona, por ejemplo, la inexactitud en la lista de desaparecidos por la nota del diario Expreso que indica que Luis Fernando Araujo Enríquez, joven desaparecido que aseguró ser secuestrado por el grupo terna, no había asistido siquiera a la marcha.
Sin embargo, de acuerdo al registro de la periodista Jackeline Folks, la fiscal Mirella Coronel supervisó que Araujo pasara por el médico legista y examen toxicológico. Además, según el testimonio del mismo denunciante, él había visitado a un amigo en Independencia en horas de la tarde, previo a la marcha del sábado 14 de noviembre. La propia nota refiere que el documento extendido por la PNP a la Fiscalía tiene “como objetivo que se corrobore la información proporcionada”.
Medidas del Gobierno
La noche del lunes 23 de noviembre, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció una serie de medidas para modernizar y fortalecer la Policía Nacional del Perú: designar al general César Cervantes como nuevo comandante general, el ingreso de Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) al área administrativa de la institución y la creación una comisión para, en un plazo de 60 días, sentar las bases para la modernización de la PNP.
El ministro del Interior, Rubén Vargas, informó también el pase al retiro de 18 generales de la policía. Sagasti tomó estas decisiones en base a su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP.
Sin embargo, el general Jordán sostiene que el ministro Vargas “ha incurrido en error al presidente” pues, de acuerdo al artículo 8 del decreto supremo 2019, se debió nombrar a un teniente general como director general o, en su defecto, a los tres generales más antiguos. “Lo que están cometiendo es un atropello”, increpó.
Para el especialista en seguridad ciudadana César Ortiz, aunque la policía considere ilegal lo hecho por Sagasti por no respetar el escalafón para el cambio policial, es necesario “mirar con meritocracia“. “Los policías deben demostrar durante su carrera policial que han hecho las cosas bien y no porque a ‘mí me toca por ser el más antiguo’”, señala.
Respecto al ingreso de Servir al área administrativa y presupuestal de la PNP, el general Jordán afirma que no servirá de nada cambiar la cabeza ya que “el problema es la gente que lleva años ahí”. Por ello, propone un cambio de la estructura orgánica con tecnología que interconecte el área administrativa y el respeto a la institución, es decir que se mantenga un general en el área con asesores de Servir.
Ortiz Anderson, por su parte, vislumbra con buenos ojos tercerizar el control del dinero porque “la policía ya dio muestras de malos manejos económicos” y no solo por los errores en la administración “sino que hay generales involucrados en corrupción”. Sin embargo, consideró que, en el contexto de inestabilidad política en el Perú, nada garantiza que el próximo gobierno continúe o revierta el proceso.
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Por ello, explica, es pertinente que esta gestión deje una lista de propuestas viables ya consensuadas a nivel político. “La tarea es para el próximo gobierno, si no lo hace desde el primer año, ya no lo va a hacer. Además, los candidatos tienen la obligación de decir cómo mejorar la inseguridad ciudadana y la institución policial, qué tipo de reforma y con quiénes”, anota.
Gloria Cano, por su parte, asegura que lo decretado por el presidente Sagasti es correcto y deben tomarse en cuenta tanto voces internas como externas a la institución: cómo ven a la policía y cómo ven ellos a su propia institución para descubrir cuáles son las falencias.
“Vemos cómo en otros países los policías deben dar un examen cada cierto tiempo, pero aquí vemos que después de salir de su preparación policial muy pocos son los que se dedican a cursos, preparación física y académica”, concluyó.
DATO: La Policía Nacional del Perú se creó el 6 de diciembre de 1988. Son al menos 136,000 efectivos policiales en todo el territorio peruano y en Lima aproximadamente 25,000. La familia policial, por su parte, supera el millón.
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