IDL-Reporteros reveló que Merino de Lama, además, consideró detener a quienes consideraba “líderes o instigadores” de las protestas
Manuel Merino de Lama ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas en las continuas protestas en contra de su Gobierno de facto; sin embargo, estas se negaron, según información revelada por el portal IDL-Reporteros.
No solo eso, Merino consideró imponer un toque de queda de 24 horas con redadas masivas y detenciones en los domicilios de “quienes juzgaba líderes o instigadores” de las manifestaciones ciudadanas, detalló su director Gustavo Gorriti.
La negativa de las Fuerzas Armadas se sustentó, indicó el portal, en que, por ley, su “misión esencial es defender la vida de los peruanos junto con la integridad de la patria”, mas no atacar al pueblo que se manifiesta haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta.
“Ahí se intentó utilizar la ley como un trapo, barrer con cualquier obstáculo en el camino”, expresó Gorriti en diálogo con RPP. En tanto, Merino de Lama ignoró que el descontento social sobre la vacancia al presidente Martín Vizcarra y su ascenso como jefe de Estado fue el motor de la organización ciudadana.
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Primeras horas
Por otro lado, al instante de tomar el poder, Manuel Merino llamó al exministro del Interior, César Gentile, para que “endurezca la represión y sofoque las protestas” que se desarrollaban en contra de la vacancia del exmandatario Martín Vizcarra. Y, ante la negativa del renunciante ministro, quien no podía usurpar funciones, se dispuso al nuevo titular del Interior, Gastón Rodríguez, incrementar “la violencia represiva”, aseguró IDL.
Fue ahí que se impartieron las órdenes a la Policía Nacional del Perú y se graficaron las imágenes que poblaron las redes sociales: abusos de poder y violencia desmedida, que luego la prensa nacional no pudo ocultar. “Muchos policías evitaron hacerlo, pero algunos aceptaron y perpetraron -con seria alevosía en ciertos casos- las acciones que desembocaron en muertes, heridas graves y secuestros”, escribe Gorriti.
Tribunal Constitucional protector
Según indica la publicación, el destituido jefe del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, buscó establecer ante el Tribunal Constitucional la figura de una sustracción de la materia frente a la demanda competencial presentada por el exmandatario Martín Vizcarra respecto al primer pedido de vacancia presidencial.
En ese sentido, la entonces ministra de Justicia, Delia Muñoz, le solicitó su renuncia al procurador Daniel Soria, quien defiende los intereses del Estado peruano frente al órgano jurídico, para -asegura Gorriti- “poner uno que diga que había sustracción de materia”.
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“La relación entre Ernesto Blume (magistrado del TC), Ántero Flores-Aráoz y su socio (en el estudio de abogados Flores-Aráoz) Domingo García Belaunde es sumamente estrecha”, aseguró Gorriti a RPP. Precisamente, Blume fue una de los magistrados que votó para declarar improcedente la demanda competencial y no esclarecer la figura de vacancia por incapacidad moral.
Por tanto, refiere Gorriti, la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la demanda competencial presentada por el Gobierno de Vizcarra, “está dirigida para proteger la usurpación que se produjo en el Congreso”.
“Esa era la posición con la que Ántero Flores-Aráoz buscó plantear la defensa. Y esa es finalmente la posición que ha tomado el Tribunal Constitucional”, apuntó el director de IDL-Reporteros.
Los hechos concretos, detalla, es que entre Blume y Flores-Aráoz existe una “relación de cercanía, de cooperación y, posiblemente, de algo que puede llamarse ideología entre la posición que defendió Flores-Araóz, como primer ministro del Gobierno usurpador, y las de los cuatro magistrados que votaron por la sustracción de la materia”.
