Documento, presentado por el procurador del Minjus, señala que el Congreso usa la figura de la permanente incapacidad moral como un “mecanismo de control político”
Luis Alberto Huerta, procurador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) presentó la anunciada demanda competencial, así como la medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la moción de vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República.
La ministra del Minjus, Ana Neyra ya había anunciado que el Ejecutivo presentaría esta demanda al considerar que “esta causal de vacancia por incapacidad moral no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país, está afectando competencias del Ejecutivo y está minando el orden constitucional”.
Por su parte, el procurador Huerta, quien llegó hasta la mesa de partes del TC con ambos documentos, declaró que el Parlamento está usando la figura de la incapacidad moral como “un mecanismo de control político contra el Ejecutivo”.
“En la demanda lo que se alega es que existe un uso indebido por parte del Congreso respecto de su facultad por declarar la vacancia por permanente incapacidad moral (…) Se alega que este mecanismo está siendo empleado como un mecanismo de control político contra el Ejecutivo cuando esa no es la finalidad”, señaló.
Asimismo, agregó que al presentar este recurso el Gobierno busca que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre “una materia jurídica” sobre la figura de vacancia “Va a servir para todos los demás gobiernos a efectos de que tengan seguridad de que podrán desarrollar sus actividades cinco años sin uso arbitrario de la vacancia”, agregó.
Por su parte, la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez Huaroto hizo un análisis de dicho documento, señalando sus que la parte más sólida de la misma es la afirmación que se usa la vacancia por incapacidad moral como forma de control político, al margen del artículo 117 de la Constitución y contra la separación de poderes , afectando el rol presidencial.
“Se fundamenta bien el tipo de conflicto competencial en base a jurisprudencia previa del TC y cómo se afecta la competencia presidencial. La mención a las competencia de ministros me parece descolocada en la argumentación”, detalla Ramírez Huaroto.
Mientras que la parte más débil de esta demanda competencial, de acuerdo a su criterio, es que pretende parar un procedimiento parlamentario que aún no termina. “Si las reglas de inconstitucionalidad son aplicables (artículo 112) entonces debería concretarse la vacancia para frenar sus efectos de forma cautelar”, puntualizó.
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