La Municipalidad de Lima aprobó una moción que prohíbe arrendar inmuebles para espectáculos donde se ejerza tortura animal. El lineamiento pretende iniciar un camino para “extinguir” las corridas de toros en la Plaza de Acho
El Concejo Metropolitano de la Municipalidad de Lima aprobó, el pasado 31 de agosto, una moción que prohíbe a los funcionarios del municipio, y sus representantes ante directorios, arrendar inmuebles que se utilicen para realizar espectáculos públicos donde se ejerza cualquier tipo de tortura contra los animales.
Esta posición política, tal como sugiere su promotor el regidor metropolitano Carlos Ángeles, pretende ser “un paso decisivo para la extinción de las corridas de toro en Acho”.
En esa línea, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, saludó la moción y consideró que esta decisión es un paso importante para que Lima se convierta en una ciudad más humana.
“Quedó muy claro que la supremacía de la vida sobre el maltrato animal es política de este gobierno municipal, y esto lo demostró hoy el Concejo de Lima, al aprobar por abrumadora mayoría multipartidaria que sus funcionarios y representantes ante directorios velen porque sus inmuebles no sean utilizados en espectáculos públicos donde se ejerza tortura contra los animales”, indicó Muñoz en aquella ocasión.
La moción tuvo dos abstenciones y un voto en contra. Además, el documento afirma que se respetarán los contratos vigentes por ley hasta el 2021.
Desencuentros
Aunque lo aprobado no tiene carácter normativo, la posición adoptada por el Concejo Metropolitano fue saludada por diferentes organizaciones públicas y privadas y, al mismo tiempo, criticada por muchas otras.
“La Municipalidad de Lima ahora tiene una posición oficial respecto a la tortura animal, cuando nunca antes se había pronunciado de manera oficial como institución. Consideramos que es un paso en la lucha en la violencia contra los animales, en la lucha por la abolición de la tauromaquia. Es un lineamiento político que orienta la actuación de los funcionarios de la municipalidad al momento de hacer las contrataciones de sus inmuebles. Es un avance significativo”, afirmó Rita Oyague, activista de Perú Antitaurino, en una entrevista para Picanews.
En ese sentido, Oyague indicó que el siguiente paso que debería realizar la Municipalidad de Lima para erradicar la violencia ejercida en las corridas de toros sería empezar a materializar lineamientos con carácter obligatorio que, en el mismo sentido, estén orientados a no avalar la tortura de animales.
Por su parte, Martín Campos, periodista y cronista taurino indicó que esta decisión política no tiene sustento legal ya que las corridas de toros no están consideradas ni como tortura ni como maltrato animal por la misma Ley de Protección Animal (Ley 30407).
“Lo que ha hecho el Concejo es un disparate. La actividad taurina es, por la ley y por el Tribunal Constitucional (TC), una expresión cultural de gran parte de la nación, hecho irrefutable e irrebatible. La Constitución Política del Perú la ampara y promueve en tanto constituye un derecho fundamental de identidad cultural de las personas que lo practican y cultivan. No puede ser sometido a una decisión que lo coarte o que lo prohíba porque constituye un derecho fundamental la pluralidad étnica y cultural de la nación”, aseveró a este medio.
Normativa
La Beneficencia de Lima es la institución responsable de arriendar la Plaza de Acho para diversas actividades. Tal y como señala la misma institución, esta es una organización privada sin fines de lucro que, desde hace 186 años, promueve acciones y proyectos a favor de los más necesitados de la ciudad.
En decir, no recibe dinero del Estado peruano y se autosostiene a través de la administración y puesta en valor de sus activos, varios de los cuales forman parte del patrimonio cultural e histórico de Lima. Entre ellos, por supuesto, Acho.
De acuerdo a Ángel Delgado Silva, abogado experto en materia municipal, la decisión del Concejo Metropolitano de Lima es contraria a lo que dice la ley y ameritaría una responsabilidad para quienes “pretenden que se atente contra la constitución, los principios de libre mercado, peor aún, tratándose de una entidad estatal que tiene que comportarse con imparcialidad y conforme a ley”.
“Los directores de la Beneficencia de Lima tienen que rechazar este mandato (político), y si aceptan serían cómplices e incurrirían en responsabilidades. La política de la Beneficencia Pública de Lima la marca, en última instancia, el Ministerio de la Mujer al cual pertenece (Decreto Legislativo 1411)”, sostuvo Delgado en una entrevista para Picanews.
Ese sentido, añadió que cualquier pretensión por parte de un órgano de Gobierno, en este caso de un Gobierno Municipal, que pretenda prohibir o limitar la celebración de contratos “constituye una intervención ilícita que contraviene las normas del derecho peruano y también el principio de libre contratación” por lo que merece algún tipo de sanción.
“Tratándose del Estado, es un delito de la administración pública porque está direccionando a los directores de las Sociedades de Beneficencia, que son los que administran la Plaza de Acho, para que no se celebren los contratos con las empresas que hacen las ferias taurinas”, indicó Delgado.
Sin embargo, la también abogada Rita Oyague afirmó que esta moción, ya sea desde su lineamiento político o un eventual efecto normativo, no trasgrede ninguna ley ni la sentencia que el TC dictara en febrero pasado.
“La moción del Concejo ha sido referida a un tema de contrataciones y existe el derecho a la libre contratación como parte de las libertades económicas, donde personas naturales y jurídicas, deciden con qué parte contratar y deciden el contenido de los contratos. Esto es parte de las libertades económicas que existen y que están aparados por la Constitución también”, afirmó Oyague.
“El tema no es prohibir la contratación, sino decidir libremente con quién contratar y con quién no. Si la Municipalidad tiene una posición de estar en contra de la violencia contra los animales, entonces sus contrataciones tienen que reflejar eso”, agregó la abogada.
Es necesario precisar que, el alcalde de Lima, tiene como potestad elegir a tres de los cinco directores de la Beneficencia de Lima. El abogado Luis Delgado señala que esta elección tiene por objetivo dar una mayor representación e “involucrar la política de descentralización a los gobiernos locales en estas entidades que tienen que ver con el inmobiliario urbano de la ciudad”.
“No significa que la política sea determinada por el Concejo, la política general tiene que estar determinada por el Ministerio de la Mujer y por el Gobierno Central. Aquí estamos ante otro fenómeno de usurpación de funciones por parte de los regidores que han aprobado esta moción en el Concejo Metropolitano de Lima”, aseguró Delgado.
La Ley Orgánica de Municipalidades no ampara que la Municipalidad de Lima pueda tomar decisiones directas sobre la Beneficencia de Lima. Sin embargo, los funcionarios que elige el alcalde de Lima, tienen grado de representatividad sobre esta institución.
“La posición de la Municipalidad de Lima no impacta a la Beneficencia de Lima, sino a sus propios funcionarios que, a su vez, son parte de la directiva de la Beneficencia. Lo que hay es una administración indirecta de la Plaza de Acho. Una posición institucional de la Municipalidad de Lima sí tendría consecuencias en cuanto a la concesión de la plaza de Acho. Ya que, si ese es el criterio que deben seguir sus funcionarios, los que integren la directiva no deberían arrendar la Plaza de Acho a empresas taurinas”, Oyague.
“Son funcionarios públicos a quienes se les paga con dinero del Estado y por tanto tienen que seguir la orientación política que tiene la institución. Representan a la municipalidad, no se representan a sí mismos como personas naturales, representan a una institución y tienen que respetar los valores de la institución”, añadió.
En ese sentido, el regidor municipal Carlos Ángeles ha solicitado públicamente al Ministerio de la Mujer aclarar cualquier duda sobre que los representantes de la Municipalidad de Lima “representan con voz y voto al municipio”. “Y ¿Quién es la máxima autoridad de la municipalidad? El Concejo Metropolitano”, indicó a través de sus redes sociales.
Cabe señalar que, la Asociación Taurina del Perú aseguró, en un comunicado de prensa, que el Ministerio de la Mujer ya habría expresado su opinión en un informe técnico de número D000052-2020 respecto a que los directivos de la Beneficencia no tienen un vínculo laboral con las entidades que los han designado. Sin embargo, este informe técnico no se encontró en la web ni en los medios digitales del mencionado Ministerio.
La tauromaquia: arte o violencia
El inagotable debate sobre la tauromaquia atraviesa diversas aristas que van desde su concepción estética, para los taurinos, hasta el trasfondo de su ‘fiesta’, para los grupos en contra.
Ambas partes consultadas coinciden en que, en efecto, es una expresión cultural ya que es parte de las costumbres de un grupo social. Sin embargo, las discrepancias saltan cuando se consulta sobre el presente y futuro de esta actividad.
Rita Oyague, activista de Perú Antitaurino, sostiene que las corridas de todos deberían prohibirse por dos criterios: el jurídico y por la defensa de los animales.
“Las corridas de toros y otro tipo de espectáculos que contengan algún tipo de maltrato animal deberían ser prohibidas porque son violencia. Violencia legalizada. El marco jurídico no debería amparar ningún tipo de violencia ni hacia las personas ni hacia los animales. Además, de proteger a los animales en sí mismos, para que no sean utilizados como un medio para un fin, en este caso ni siquiera son utilizados sino que son torturados y masacrados con fines de lucro y diversión”, apunta Oyague.
“La tauromaquia es una expresión cultural que, en tanto es violenta, daña a los animales y pone en peligro la vida e integridad física de los humanos, como los toreros. Vulnera los derechos de los niños y niñas porque pueden entrar sin ninguna restricción a ver violencia en vivo y en directo. Nosotros consideramos que es una expresión cultural totalmente negativa por violenta, por vulnerar derechos fundamentales y por dañar también a los animales”, agregó la también abogada.
Por su parte, el cronista Martín Campos hace hincapié en que los taurinos aprecian “una suerte de equivalencia que se produce entre el animal y el ser humano” ya que, afirma, al toro, no se le merma ni se le afecta los sentidos para que este pueda ejercer su defensa en un ruedo.
“Para nosotros es una expresión artística y una manifestación de expresión estética que bien no puede ser apreciada por lo demás, pero en tanto constituye para nosotros una actividad cultural que se basa en una identidad cultural que heredamos de nuestros ancestros y que está arraigada en nuestro país no como una costumbre extranjera sino que fue adoptada y hecha propia. Somos cinco millones de taurinos en todo el Perú”, señala Campos.
Finalmente, consultado por el deterioro histórico de diversas costumbres violentadas, Campos enfatiza en que este debe ser un proceso que parta desde los propios taurinos.
“Efectivamente hay costumbres violentas que han quedado en desuso pero, mientras vivamos en un Estado de Derecho, todo proceso cultural solo será extinguible cuando sus propios cultores de manera natural pierdan interés sobre ellos, no por imposición de autoridades, ni de leyes, ni minorías”, concluyó.
