El pedido fue realizado por el fiscal supremo Jesús Fernández, exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones, ahora investigado por presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2016
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva de 36 meses contra los exasesores del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Morales y Miguel Torres, investigados por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La instancia, empero, impuso la medida restrictiva de comparecencia, además del pago de 30 mil soles para cada uno de los investigados.
Pablo Morales y Miguel Torres son procesados por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, acusados de ser intermediarios ante el disuelto CNM para el nombramiento de Armando Mamani Hinojoza como fiscal adjunto en Tacna y el de Juan Canahualpa Ugaz como fiscal adjunto provincial de familia del Callao, respectivamente.
El pedido de prisión preventiva fue presentado por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal supremo Jesús Eliseo Fernández Alarcón.
De acuerdo a la resolución suprema, Morales y Torres no podrán ausentarse de Trujillo, ciudad en la que residen y laboran. Además, deberán concurrir a las citaciones fiscales requeridas.
Precisamente, Pablo Morales es señalado como el aspirante a colaborador eficaz que confirmó a la fiscal Rocío Sánchez -quien también investiga el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto’-, la infiltración de esta red de corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Morales sostiene que se le solicitó dinero al ex candidato presidencial Julio Guzmán a cambio de “resolver tachas” en su contra, para continuar en la contienda electoral de 2016, por lo que la fiscal Sánchez ya inició una investigación preliminar.
